Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero
Es cierto que a base de reformas legales no se cambia a un país. Y menos si se trata del nuestro. Hace ya cuatro años que se reformó nuestra Constitución y se crearon o modificaron una colección de leyes para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y, sin embargo, las cosas no parecen haber cambiado demasiado de entonces a la fecha. Supongo que por eso el presidente López Obrador desdeña estas reformas. Puedo suponer también que le parecen inútiles. Yo sostengo que el problema no es el diseño del Sistema, que sin duda tiene aspectos que pueden mejorarse, sino el hecho de que en este país la ley no se respeta. Por eso la ley no transforma.
Permítanme poner un ejemplo. Hace algunas semanas comentaba en este espacio sobre un estudio de Marco Fernández sobre la nómina educativa. El estudio analiza qué ha pasado con dicha nómina a partir de que el Gobierno federal decidió centralizar su administración. El tránsito entre el FAEB y el FONE, para los versados en el tema.
En aquel artículo me concentré en buena medida en resaltar los aspectos positivos en dicha reforma. En el gran paso dado para limpiar la nómina magisterial de las irregularidades de la que estaba plagada. Por irregularidades me refiero al pago de personal comisionado al sindicato, plazas fantasma y todos aquellos que recibían algún pago de esta bolsa de recursos sin desempeñar una tarea en el servicio educativo. No obstante, también mencionaba que las irregularidades seguían existiendo, en mucho menor magnitud, ciertamente, pero ahí estaban. Sobre este “lado B” del estudio me gustaría concentrarme en esta ocasión.
El monto de las irregularidades que persisten en la nómina centralizada (a través del famoso Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: FONE) no son cacahuates. En el estudio que comento se estima que éstas ascienden a 2,500 millones de pesos anuales. Para ponerlo en perspectiva, estos recursos representan el doble del dinero de lo que invertimos en capacitar docentes.
En el estudio, que no sin razón se llama la Impunidad en la nómina magisterial, se hace un recuento cuidadoso de estas irregularidades por entidad federativa. Después de mucho trabajar para acceder a la información y analizarla, se identifica el número de comisionados sindicales pagados con recursos del FONE. Algo, por cierto, prohibido por la ley. Como en tantos otros ámbitos se viola la ley sin consecuencias. Y todos los actores que tienen el mandato de hacer algo al respecto, voltean para otro lado.
Quisiera insistir en que esto no demerita los logros del FONE. Pero hay que hablar también de este “lado B” porque algo nos dice del porqué nuestro sistema anticorrupción no funciona. Aunque se soporte en nuevas leyes, y las instituciones involucradas tengan nuevas atribuciones, no hay disposición para actuar.
En referencia a las irregularidades de la nómina magisterial, un racimo de instituciones tendrían competencia. Desde los órganos de control locales, hasta las federales, incluyendo la SHCP, la SEP, la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Ninguna de ellas se tomó la molestia de hacer su trabajo en lo que corresponde a estas irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación, en su trabajo de fiscalización, ha generado observaciones y ha presentado casos ante la justicia penal. Es penoso reportar que de los casos presentados a la Fiscalía sólo uno haya causado sentencia y la recuperación de recursos todavía es proporcionalmente baja, como se señala en el texto.
Pareciera que la realidad le da la razón al presidente López Obrador. Si una espera que las instituciones operen para combatir la corrupción, es posible que nos quedemos esperando a Godot. Inercias del pasado, complejidad en la interacción entre instituciones, falta de capacidades, razones políticas, corrupción, todas pueden ser explicaciones de la indolencia. En estos factores se fundamente también la falta de aprecio que los ciudadanos expresan hacia las instituciones. Por eso si alguien dice que al diablo con ellas, pocos salen a su defensa.
Y la pregunta es qué necesitaríamos hacer para que este entramado funcione. El SNA se hizo pensando en ello. Para resolver entuertos y problemas de coordinación. Y se diseñó un órgano ciudadano cuya cabeza lo sería también del sistema. Pero, por lo que hemos visto hasta ahora, es difícil suponer que con este modelo se pueda poner a rodar la rueda. Me cuesta decirlo, pero pienso que sin liderazgo presidencial será difícil que esto funcione. Y el presidente no parece dispuesto a apoyar este modelo.
¿Qué nos queda? Que la realidad nos muestre que no se puede jugar con ella.