#PPEF2023, nearshoring y energía: la oportunidad perdida
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Nexos
En los días cercanos a las fiestas patrias, López Obrador anunció que abandonaría la idea de pronunciar un discurso de convicción soberanista para confrontar la petición de consulta, por parte Estados Unidos y Canadá, sobre presuntas violaciones al T-MEC, que perjudicarían a inversiones ya ancladas en el territorio nacional. Los agravios, particularmente en materia de competencia económica y protección al medio ambiente, provendrían de la política energética que el presidente impulsa para alcanzar una poco factible soberanía energética, política que presiona de manera importante la toma de decisiones de los entes reguladores y los consejos de administración de las Empresas Productivas del Estado (EPE), tanto en lo legal como en lo administrativo, a la que se añade una importante animadversión al sector privado. En razón del cambio de discurso (de última hora), ¿modificará el presidente su política energética para resolver las disputas y evitar ir al panel?
Muy recientemente publicamos en México Evalúa un informe que titulamos La paradoja energética: motivos para abandonarla, en el cual explicamos en qué consiste el nudo del debate energético, más allá de fantasmas ideológicos. En él señalamos que nuestro país, además de la obvia cercanía geográfica que tiene con sus socios comerciales, goza de ventajas competitivas que, si son bien aprovechadas, romperían la inercia de atracción de inversión extranjera directa, para catapultar niveles de inversión y empleos pocas veces vistas en México recientemente. Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ganancia potencial para América Latina y el Caribe de las oportunidades de nearshoring en el corto y mediano plazo podrían representar un aumento de hasta 78,000 millones de dólares (mdd) en nuevas exportaciones de bienes y servicios, con importantes oportunidades para la región en la industria automotriz, textil, farmacéutica y energías renovables. El 44% de los recursos provenientes de esas exportaciones podrían ser captados por México, lo que implicaría un crecimiento adicional del 2.6% de nuestro Producto Interno Bruto.
Esta inercia, de hecho, ya está dando resultados, pues México reporta aumentos en sus cifras de inversión extranjera directa (IED). Con datos al primer semestre de 2022 de la Secretaría de Economía, México registró 27,511.6 millones de dólares (mdd) de IED. De ese monto total, 43% correspondió a nuevas inversiones, que registraron un aumento de 96.4% respecto del mismo periodo del año anterior. Entre 1999 y el primer semestre de 2022, la inversión de Canadá y Estados Unidos en México acumula un 53.8% del total, seguido por España con un 12%.
En efecto, de acuerdo con cifras de la Conferencia para el Desarrollo y el Comercio de las Naciones Unidas UNCTAD, en 2021 México bajó un peldaño en atracción de inversiones, ubicándose en el décimo lugar mundial, pero todavía se encuentra por encima de Alemania, Israel, el Reino Unido y Suiza. No obstante, nuestro país podría atraer mucho más, particularmente a raíz de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Para muestra, hay que revisar la disminución en la confianza que el sector empresarial en China, retratada en la encuesta aplicada recientemente por la Cámara Europea de Comercio en Beijing, en la que dos tercios de las empresas europeas perciben más difícil la realización de negocios en China por la política de ‘covid cero’ y la sobrerregulación. Pero vayamos dos pasos atrás: ¿qué determina la atracción de inversión a un país?
Las capacidades productivas: clave para atraer inversiones
En 2020, la UNCTAD construyó un Índice de Capacidades Productivas (ICP) con el fin de conocer mejor los resortes que activan la atracción de la inversión en las economías, y comprender las fuentes de las vulnerabilidades sistémicas que inhiben dicha atracción. Con datos de 193 economías al año 2018, el ICP califica a Canadá y a Estados Unidos, con 50.5 y 42.3, respectivamente, como los países con las mayores capacidades para la atracción de inversión. Les sigue, con una puntuación media, el continente europeo, con 41.27 puntos. México, por su parte, registra una calificación de 32.18 puntos, superior a la puntuación media de América Latina.
México, desde que abrió su economía y firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, ha construido capacidades productivas, propias de un sistema más complejo. Para 2020, México ocupó el 11° lugar en el índice de complejidad económica, un peldaño detrás de Israel. Por lo anterior, México cuenta un potencial de manufactura que le ha permitido colocarse como el país número 12 en el ámbito de las exportaciones mundiales de bienes, el quinto país exportador de vehículos, el séptimo productor mundial de vehículos y el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos. Parte de esta complejidad radica en la capacidad de ofrecer infraestructura de calidad a las empresas que invierten de manera directa.
Un ejemplo de lo anterior son los parques industriales que el país ha logrado desarrollar, capaces de satisfacer las necesidades de los proyectos productivos. Actualmente, en México existen 875 parques industriales distribuidos en cinco regiones del país. La de occidente es la que concentra mayor oferta de espacios, y la que menos es la sureste. Estos parques brindan a los inversionistas el inmueble y una gama de servicios que facilitan la operación empresarial, que incluyen el acceso y pago de servicios públicos, asesoría en trámites de comercio exterior, e infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, de acuerdo con expertos en este sector, la falta de acceso a energía más económica, limpia y de mejor calidad es una de las preocupaciones más importantes de los inversionistas. Y esto no es menor: la actividad industrial en México acapara el 32% del consumo energético total. Por ello, aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país es tan crucial como el impulso a la inversión pública en líneas de transmisión y distribución de alta y media potencia a los polos de desarrollo. ¿Cómo se puede lograr ese aumento de forma eficiente? Mediante la facilitación de permisos y autorizaciones a proyectos privados y públicos de energías renovables.
Lo que frena la transición energética
Según datos oficiales, la IED acumulada en electricidad entre 2012 y el primer semestre de 2022 suma 15,094 mdd, de los cuales 10,000 mdd entraron a México entre los años 2014 y 2018. Posterior a ese periodo, a partir de 2019 hasta el primer semestre de 2022, la inversión acumulada suma 2,551 mdd. Entre 2018 y 2021, la caída de la inversión fue equivalente a -88%, una cifra francamente dramática.
Por parte de la inversión pública, el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023 no es muy halagüeño. Se destaca, por ejemplo, que en el proyecto de la Ley de Ingresos el Ejecutivo federal solicita al Congreso le apruebe “facultades para otorgar beneficios fiscales que deriven de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional”, cuestión que ya avizora pérdidas fiscales ante una probable acreditación de las violaciones al T-MEC perpetradas por el Ejecutivo federal y las EPE. En materia de electricidad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF 2023) plantea un recorte presupuestario de casi 20 mil millones de pesos (mmdp) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en relación con presupuesto asignado en 2022; es decir, una reducción de 4%. Según lo proyectado, la CFE recibiría un total de 475.61 mmdp (considerando gasto programable y no programable), obteniendo el 36.5% del total asignado a las EPE.
Para la transición energética, el PPEF 2023 contempla para la CFE 21.5 mmdp, de los cuales el 96% se destinaría a pagar servicios de transporte de gas natural. Asimismo, la CFE estaría invirtiendo 984 mdp en nuevos proyectos de inversión con cero previsión para inversión condicionada. Esto es, la CFE abandonará la figura contractual prevista en ley para construir infraestructura de largo plazo, en la que el sector privado se compromete a construir activos bajo las especificaciones de la CFE, a cambio de que ésta le compre los bienes o servicios producidos. Para dimensionar el cambio, la inversión de proyectos aprobados en años anteriores en el mismo PPEF 2023, la proporción de inversión condicionada representa el 34% aproximadamente del total. Por otro lado, el Anexo 15 del PPEF establece para la CFE un presupuesto de 9.5 mmdp para implementar una estrategia que promueva el uso de tecnologías y combustibles limpios. En este rubro, la CFE prevé desarrollar nueve proyectos de geotermia, tres de energía solar y eólica, un avance en relación con la reticencia a realizar este tipo de inversiones que observamos en años anteriores.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, a julio de 2022 la CFE enfrenta debilidades estructurales para conseguir suficiente flujo de efectivo, dada la insuficiencia del subsidio eléctrico que el Gobierno federal le transfiere para compensar los aumentos en su costo operativo –que se prevé para 2023 en 76.6 mmdp–, y su elevado costo de capital, que se estima en 516 billones de pesos. De acuerdo con estimaciones de la calificadora, el subsidio debería rondar en 118 mmdp para evitar que la empresa reporte flujos de caja negativos, lo que la llevaría una seria disminución de su calificación crediticia. Para colmo, los cambios legales y regulatorios promovidos por el Gobierno federal actual limitan la participación del sector privado en la energía, lo cual aumenta cada vez más la incertidumbre (curiosamente, las mismas inquietudes que hoy se dirimen en las consultas del T-MEC).
Podemos concluir que si la inversión extranjera directa gozara de mejores condiciones, el sector eléctrico podría experimentar un repunte que beneficiaría de forma transversal a toda la economía, mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas. Es un hecho que la CFE no puede sola. Sabemos por el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen) que el país requiere no menos de 26 mmdd de inversión en generación eléctrica y 20 mmdd en inversión de transmisión y distribución para cubrir en los próximos tres años una demanda de energía de 110 Gigawatts, lo que se necesita para satisfacer las necesidades de una población que crece, en una economía cada vez más digitalizada, y que camina en dirección de descarbonizar sus procesos a través de nuevos esquemas de movilidad, producción, distribución y consumo.
Pensar en términos sistémicos nos ayudaría a entender que incrementar la inversión vía la participación pública y privada es urgente e inaplazable. Eso, me temo, difícilmente se incluirá en discursos (o amagos de discursos) soberanistas.
