¿Para cuándo una reforma de la Policía?

Restablecer la seguridad del país no será posible sin una reforma estructural que fortalezca el presente y futuro de los cuerpos locales y federales de seguridad pública.

Mónica Ayala (@monicaayalat) y Mariana Nolasco / Animal Político

Actualmente, se discuten en el Congreso cuatro iniciativas de Ley sobre Seguridad Interior –dos del Partido Acción Nacional (PAN), una del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otra del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En general, como se sintetiza en el diagrama al final de este texto, dichas propuestas detallan los procesos para que las Fuerzas Armadas se unan a tareas de seguridad pública cuando las capacidades de las fuerzas federales (vg.r. los diversos cuerpos policiales) resulten insuficientes. En particular, se propone facultar jurídicamente al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea para intervenir en caso de amenazas que atenten contra la seguridad interior, es decir, todas aquellas acciones que desorganicen y violenten la paz, el orden social y las funciones y estabilidad del Estado mexicano.

Sin embargo, dotar de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas no resolverá la debilidad estructural de las instituciones locales de seguridad y justicia. Se debe discutir una reforma policial integral que garantice que el Ejército deje de cubrir las carencias de las policías y eventualmente regrese a sus cuarteles. Por tales motivos, es necesario establecer una ruta crítica hacia un verdadero cambio que permita reconstruir un Estado con instituciones de seguridad funcionales, efectivas y eficaces.

 1. Se debe reconocer el problema

El primer paso para fortalecer las instituciones locales de seguridad es que las autoridades federales reconozcan que la estrategia de seguridad implementada en los últimos 10 años ha fracasado. Con base en un diagnóstico serio, se deben cuestionar los resultados que ha dejado esta estrategia y tomar en cuenta las ventanas de oportunidad para profesionalizar a las policías. Este análisis debe ser lo que guíe la discusión en el Congreso para proponer un nuevo modelo de seguridad en el país.

2. Fortalecer la estructura de la policía

En varios estados del país, las reglas y normas internas que guían las instituciones de policía están regidas por un sistema informal, caracterizado por la extracción de rentas y corrupción, en lugar de un verdadero servicio civil de carrera. Como articulan Layda Negrete y Leslie Solís en un artículo publicado en este espacio: “los principales obstáculos a la mejora en el servicio [policial] apuntan a cuestiones de diseño organizacional”. Por ello, discutir una reforma policial que atienda la forma en que se reclutan y capacitan a los elementos debe ser la prioridad rumbo a un esquema dictado por buena gobernanza y sistemas formales de operación sujetos a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

3. Optimizar el modo de operación policial

Hoy en día, los cuerpos de policía cuentan con mecanismos institucionales y sistemas compartidos de información que facilitan su coordinación, tal como lo son el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Plataforma México y el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. En conjunto, éstos tienen como objetivo agilizar el proceso de diseño, implementación y evaluación de estrategias de seguridad pública. Como tal, no es necesario crear el hilo negro para empezar a ver mejoras en el desempeño policial, solamente optimizar el alcance de las herramientas que tenemos.

4. Mejorar la calidad de los recursos humanos de la policía

A menudo se relajan los criterios de selección o entrenamiento, con la finalidad de aumentar el número de agentes dentro de un cuerpo policial. Necesitamos establecer (y encontrar mecanismos para que se respecte) una batería mínima de requisitos que debe de cumplir cualquier candidato antes de ser admitido a una institución de seguridad pública y, a su vez, hacer valer la certificación de controles de confianza. Asimismo, para reformar efectivamente a la policía, debemos asegurar que las plazas policiales sean bien renumeradas, con mejores prestaciones para atraer a los mejores candidatos e incentivar su permanencia.

5. Modernizar los recursos técnicos de la seguridad pública

Año con año, se ha aumentado el presupuesto de seguridad a nivel municipal y estatal, a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg, antes Subsemun) –especialmente en aquellos estados y municipios con problemas graves de inseguridad. Deben establecerse mecanismos para que este presupuesto esté dirigido a la adquisición de herramientas de última generación y al desarrollo de actividades de seguridad pública que demuestren su impacto y favorezcan la profesionalización del trabajo de los cuerpos de policías.

Necesitamos impulsar una reforma estructural que permita dignificar a nuestros policías, incentive su profesionalización y permita restaurar la confianza ciudadana sobre sus labores y acciones. Esto no es un cambio que se vaya a observar en el corto plazo, pero definitivamente requiere un sólido primer paso. Necesitamos un cambio de fondo que facilite el diseño de estrategias orientadas a contrarrestar cada una de las vulnerabilidades de los gobiernos locales, de sus cuerpos policiales y de sus instituciones de justicia. Por consiguiente, un cambio radical no debe estar condicionado a la prisa del Legislativo y Ejecutivo o la presión del Ejército, sino que debe buscar consolidar instituciones policiales fuertes que garanticen el orden y la paz social y propicien resultados basados en evidencia empírica y contundente.

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* Mónica Ayala es Coordinadora del Proyecto Estrategias para la Reducción de Homicidio y Mariana Nolasco es investigadora del mismo proyecto dentro del Programa de Seguridad de @mexevalua. Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias de Jonathan Furszyfer y la edición de Laurence Pantin.