Edna Jaime/ El Financiero

Todo pasa tan rápido en la dinámica del acontecer político que apenas da tiempo de reaccionar. Ayer festejábamos la expedición del marco jurídico anticorrupción, y hoy, son casi ya dos años que se estancaron los procesos para nombrar a varios de los actores principales del Sistema Nacional Anticorrupción.

En medio de esta parálisis vale la pena observar qué hacen algunos estados en los que los arquitectos de los sistemas anticorrupción tuvieron más pericia para reconocer que en el nombramiento de los puestos clave iba, en buena medida, la suerte del Sistema. Quisiera referirme en particular al caso de Nuevo León. En esta entidad, la hechura de las leyes (la constitucional y la del sistema anticorrupción, el SEA) conservaron el espíritu de las reformas nacionales, pero se atrevieron a incluir innovaciones que, si les salen bien, podrían estar perfilando el modelo para evitar la captura de las instituciones anticorrupción. La repercusión de esto es enorme.

En efecto, en la Constitución del estado y en su Ley del SEA se establece un Comité de Selección con facultades expresas para nombrar al Comité de Participación Ciudadana, tal como sucede a nivel nacional, pero también para participar en la selección del auditor general del estado, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, el fiscal especializado en Delitos Electorales, el fiscal general de Justicia del estado y el magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas. Quizá nuestros paisanos del norte están encontrando la fórmula para elegir, en cada una de estas instancias, a los perfiles idóneos. Lejos de lógicas de cuates y cuotas. Lejos de la lógica de captura institucional que ha caracterizado estos nombramientos en otros estados.

La Constitución de Nuevo León señala que el Comité de Selección debe hacer la convocatoria, un análisis y evaluación de los perfiles, y con base en ellos definir de manera fundada y motivada la lista de los candidatos para ocupar el cargo del que se trate en los puestos que acabo de mencionar.

Estas listas se envían al Congreso del estado. Para el caso de los fiscales especializados, este hará la designación con base en la lista propuesta. En el caso del fiscal general, es el Congreso el que elige a cuatro de la lista elaborada por el Comité de Selección, mismos nombres que envía al Ejecutivo para que formule una terna y la regrese al Congreso para la decisión final. Todo bien. Tenemos a un grupo de ciudadanos de alto perfil profesional, ético y reputacional, trabajando en procesos de selección de cargos particularmente sensibles para la salud del estado.

Esto que establece la ley en el estado de Nuevo León, se ha practicado ya en distintos nombramientos en instancias federales o nacionales, bajo esquemas “informales” y más ad hoc, ciertamente no previstos en una ley. La experiencia es variopinta. Grupos de mexicanos de excepcionales credenciales acompañaron el proceso de selección de los comisionados del INAI, lo mismo que de los integrantes del Consejo General del INE. A toro pasado, algunos de quienes participaron en estos procesos reconocen que pudieron haber sido más incisivos si se hubieran planteado listas más cortas con los candidatos verdaderamente excepcionales, a partir de criterios que fueran un filtro que garantizara esa excelencia. O para decirlo en los términos más llanos y francos, no todos en estas listas eran tan buenos como los mejores.

Desde mi perspectiva, ese es uno de los retos que tiene el Comité de Selección de Nuevo León. Si entiendo bien, la Constitución les da atribuciones para evaluar las candidaturas que se presenten, no sólo de palomear la lista de requisitos legales.

La recomendación, pues, es que para que este mecanismo represente una innovación se deben conjuntar dos elementos. Que el Comité exprese de la manera más transparente pero también enfática posible, quiénes son los candidatos idóneos, los mejores, de acuerdo con su propio sistema de valoración basado en criterios objetivos (un esquema de rankeo, posiblemente). Que el Congreso del estado atienda la valoración de este comité, de verdad.

Lo peor que le puede pasar el estado y al propio país es que una innovación que promete ser un game changer, acabe siendo un nuevo intento fallido frente a la siempre viva tentación de nuestra clase política de reproducir sus sistemas de privilegios y de protección.