Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Recordarán mis muy apreciados cuatro lectores (Catón dixit) que hace unas semanas escribía sobre la necesidad de que nuestra Suprema Corte encontrara nuevos asideros de legitimidad. Hacía aquella reflexión a propósito de un estudio que elaboramos desde México Evalúa para averiguar qué ocurre en la ruta procesal y cuánto tiempo le toma a la Corte resolver los asuntos que conoce, preguntas que no parten de una mera curiosidad insulsa, sino que son sustantivas para el funcionamiento de nuestro máximo tribunal. Elegimos un periodo de estudio muy amplio, 1995-2021, para tener el panorama completo luego de la gran transformación del 94-95.

El estudio estuvo hecho con rigor, un valor arraigado en nuestra institución. Queremos participar en los debates críticos, con análisis y evidencia que nutran posiciones y que redunden en mejores políticas públicas o mejoras institucionales para el país. Un gran acervo de publicaciones en distintos campos acreditan la vocación que hemos querido forjar: análisis con método para ofrecer insumos solventes. Digamos que no somos villamelones en los temas que nos ocupan, ni espontáneos que se lanzan al ruedo.

El Observatorio de la Suprema Corte cumple con esos criterios a cabalidad. Lo retomo porque tras su publicación no han faltado reacciones de varios ministros y ministras. De algunos de ellos fueron positivas; otros han solicitado aclaraciones sobre la metodología, lo que me parece no sólo válido, sino también necesario. Y la respuesta de nuestra parte es obligada. Pero debo decir que la respuesta del ministro presidente es la que me inquieta. No porque desafíe la metodología del estudio (me encantaría que lo hiciera, para así construir algo mejor a partir de sus observaciones) sino porque opina, y así lo confiesa, sin haber leído el estudio.

Aun si se tratara únicamente de sacar un promedio de cuánto tarda un asunto en ser resuelto en la Corte, eso tiene un valor, diría yo, infinito…

En una conferencia de prensa reciente, a la pregunta de un reportero él responde: “La verdad es que yo no he leído este documento, tengo una noción muy por encima”. No obstante, afirma: “El gran descubrimiento es que los ministros, la ministras, nos tardamos distinto tiempo en proyectar los asuntos. Esto no es ninguna novedad, no le veo mayor mérito a sacar una estadística de cuánto se tarda cada ministro (…) La verdad, a ojo de buen cubero, me parece que no tiene ninguna lógica, no veo cuál es la lógica con la cual sacaron esas métricas”.

Uy… La verdad es que nuestro estudio es mucho más profundo y sus hallazgos tienen más implicaciones de lo que el ministro presidente alcanza a reconocer con su ojo de buen cubero. Aun si se tratara únicamente de sacar un promedio de cuánto tarda un asunto en ser resuelto en la Corte, eso tiene un valor, diría yo, infinito. Invitaría al ministro presidente a pensar en la importancia que tiene para una víctima conocer las fases y los tiempos de las demandas que interpone ante la Corte. Conozco de primera mano un caso de violencia obstétrica que tuvo a la promovente en vilo por años. Puede ser dramático no saber lo básico: ¿cómo llega, a quién llega, cuánto tarda un proceso en la Corte? Éstas son las preguntas que queremos responder en el estudio. Y tienen una lógica muy clara, la de las certezas básicas que un ciudadano debe tener. La lógica ‘aparece’, ministro presidente, cuando uno se ubica a nivel de cancha. ¿Será creíble su súbito interés en la agenda de género, por ejemplo, cuando parece insensible a este tipo de preguntas?

Hay temas adicionales que se abordan en nuestro estudio. Seré breve al apuntarlos.

El primero es sobre nuestro derecho de acceso a la información. En la elaboración del Observatorio pudimos constatar que la Corte no lo protege. Lo digo con todas sus letras, porque así es. Encontrarán un caudal de evidencia en nuestro estudio.

Dos. Los turnos de casos en la Corte no siguen un procedimiento estándar en todos los casos, como debería ser. La normatividad indica que se deben asignar siguiendo el orden de designación de los ministros y ministras (decanato) y el orden cronológico de presentación de cada tipo de expediente, y que deben asignarse de manera equitativa.

Sin embargo, también identificamos lagunas en la normatividad que pueden propiciar la asignación de asuntos con criterios no jurídicos. El propio ministro presidente de la Corte lo relata: cuando llegó a la Corte se alteró el turno para que le llegara el caso de la guardería ABC, el cual no le correspondía, según su dicho.

Tres. Nuestro estudio presume injerencia política, pero el ministro presidente de hecho la confirma. En la conferencia de prensa del 20 de abril de 2022, sostuvo, sobre el caso de Florence Cassez, que “hubo una operación de Estado por un interés personal del presidente Calderón de que no saliera esta persona de prisión… y es un hecho que los votos no se lograron mientras él fue presidente”.

En efecto, los tiempos y procesos de la Corte no son perfectos. Suplico que quien llegue a presidir la Corte lo asuma, con toda la responsabilidad de la investidura. Negarlo es insensibilidad. Nadie que quiera servir a este país y a su gente puede decir que esto es frivolidad.