Los sesgos que invisibilizan la violencia contra las niñas

Por Paulina Covarrubias (@paulinacova_) | Animal Político

En México, la violencia contra mujeres y niñas (VCMN) es un delito que se ha expandido territorial y socialmente: una cuarta parte del país –643 municipios– cuenta con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)[1].

En la política para enfrentar el problema se asume que las siglas VCMN contienen el abanico completo de conductas a observar. Sin embargo, desde México Evalúa hemos documentado, con el apoyo del Fondo Canadá para las Iniciativas Locales (FCIL), que en lo que respecta a estadísticas y registros disponibles, la sigla “N” es más bien un adorno, pues las niñas y adolescentes, y las violencias que sufren, no figuran en la información disponible.

En efecto, la información estadística no incluye todos los tipos de violencias ni todas las personas afectadas; se ignoran aquéllas que sufre este grupo vulnerabilizado por su género, pero también por su edad, en contextos como el matrimonio infantil, la explotación sexual o las prácticas de cuidados y trabajo doméstico que recaen en las menores. Hay que ser claros: invisibilizar a las niñas y adolescentes significa ignorar a un cuarto de la población del país[2].

La consecuencia principal de este ‘punto ciego’ es que al no contar con datos rigurosos y oportunos, las instituciones quedan desprovistas de herramientas suficientes para atender el problema y, más aún, para prevenir otras formas de violencia asociadas.

En este artículo pretendemos poner la lupa sobre esta laguna, aportar elementos para remediar esta situación y demostrar que hay que priorizarla en la agenda de lucha con la VCMN, partiendo de una hipótesis central: la falta de atención temprana representa el inicio de un ciclo de violencias. Las niñas violentadas hoy seguramente serán mujeres violentadas mañana.

Dos vendas autoimpuestas

En 2021 más de 13,000 niños, niñas y adolescentes recibieron una lesión; más de 1,000 fueron víctimas de homicidio doloso y 107 niñas fueron víctimas de feminicidio[3]. Una realidad ante la cual hay poco margen de acción, dada la falta de datos que nos permitan entender las razones por las que estos crímenes están ocurriendo.

La ausencia de datos no es fortuita y los pocos datos recolectados no son neutrales. La lógica desde la que se genera información estadística a nivel nacional es resultado de sesgos que reproducen desigualdades históricas que, además, están vigentes en las políticas públicas. Así, las políticas que buscan enfrentar la VCMN no consideran la edad como un elemento prioritario. Y, luego, la política para proteger los derechos de las infancias (que se pone en marcha a través de los sistemas para el Desarrollo Integral de las Familias o para la Protección a Niñas, Niños y Adolescentes) no contempla jurídicamente el género como una característica que problematiza la violación a los derechos de la niñez. Entonces, los datos, cuando existen, se construyen bajo dos sesgos que impiden atender y prevenir la violencia contra las niñas: el adultocéntrico y el de género.

El sesgo adultocéntrico invisibiliza a las niñas y niños

Las encuestas nacionales que registran los delitos cometidos por razones de género no siempre incluyen información sobre las niñas. Esto, a pesar de que existe un repositorio de información sobre delitos y personas agraviadas por razones de género que, de acuerdo con sus atribuciones, debería incluir toda la información sobre víctimas, personas agresoras y casos de VCMN. Se trata del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, BANAVIM. Sin embargo, como otro ejemplo más del patrón que se propaga en el país, BANAVIM, esa suerte de archivo nacional del “universo de víctimas de violencia por razón de género”[4], no analiza ni publica información desagregada o específica sobre las niñas.

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) sólo entrevista a personas de 15 años o mayores. Y, aun cuando información sobre menores de edad sí debe ser incluida por los registros, estos datos no siempre son publicados. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de los años 2015 a 2020, en el 44.7% de los casos sobre víctimas de lesiones culposas no se registró si la persona era menor o mayor de edad, a pesar de que la nueva metodología requiere incluir esta desagregación[5].

El sesgo de género invisibiliza las violencias

En 2015, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM)[6] reportó una serie de indicadores sobre infancias, pero sólo incluyó la violencia relacionada con la disciplina como forma de educación, ignorando las formas de violencia de género que sufren las niñas, por ejemplo, en sus casas. Además, aunque la encuesta representa un esfuerzo pionero en la recopilación de información sobre menores en el país, sólo se realizó en esa edición, y dependió de la colaboración de un organismo internacional –el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)– para poder efectuarse. Al no tener un mandato constitucional, se limita su posible replicación en próximas ediciones.

Por otro lado, cabe resaltar que las propias metodologías para recopilar datos sobre menores conllevan retos importantes, ya que es difícil que las niñas y niños revelen su condición (por miedo a sus agresores o por el desconocimiento de sus derechos) y atenderlas/os implica crear protocolos especializados para evitar la revictimización y proteger sus datos personales.

Las niñas en lo local: los casos de Chihuahua y Juárez

Si bien la invisibilización de las niñas víctimas de violencias es generalizada en el país, un análisis desde lo local nos permite no sólo establecer algunos matices, sino también pensar medidas concretas para transformar esta realidad, comenzando por promover su priorización en la agenda pública.

Durante los últimos meses, desde México Evalúa trabajamos para documentar la VCMN en colaboración con dos municipios que, desde los años 90, han hecho un notable esfuerzo para, de la mano con la sociedad civil, consolidar un andamiaje institucional a la altura del reto que representa este fenómeno: Ciudad Juárez y Chihuahua.

Los reportes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (primeros tres trimestres de 2021) indican que, en Juárez, del total de agresiones sexuales contra menores –femeninos o masculinos–, el 86.8% de las agredidas fueron niñas y adolescentes, mientras que, en Chihuahua, en el 88.2% de los casos también fueron las menores quienes sufrieron violencia. El 85.8% y 89.4% del total de delitos sexuales contra las menores fueron cometidos en sus hogares. A pesar de su amplio andamiaje institucional para atender la VCMN, la entidad aún muestra una grave situación de violencia contra las menores que, por lo demás, coincide con el resto del país, donde el 90% de las violaciones contra las niñas también sucede en su entorno familiar[7].

Chihuahua y Juárez también nos permitieron notar que la ausencia de datos muestra un patrón que invisibiliza a las niñas en, por lo menos, tres momentos.

El primero se da en el contacto con las instancias del Estado que pueden atenderlas. Para acudir a una instancia de gobierno, las menores dependen de sus tutores –generalmente, de sus madres–, pero ¿qué ocurre cuando son sus padres o madres quienes las agreden? Entonces, podemos asumir que buena parte de las historias de las niñas que sufren violencia no llegan a los oídos del Estado.

El segundo momento se da en el registro de información. Suponiendo que las niñas pueden acudir a las instituciones, éstas no cuentan con mecanismos adecuados para obtener información de las violencias que viven las menores, pues los métodos usados para atender a las mujeres adultas no necesariamente son útiles cuando se trata con niñas.

Por último, se invisibiliza a las niñas durante el análisis de la información. Aun registrando algunos datos, si la información no se analiza desde un enfoque de género y de restitución de los derechos de la niñez, difícilmente podrá guiar una política pública adecuada para las menores.



En el camino de la generación de datos que visibilicen a las niñas

Para poderdocumentar, medir y enfrentar la violencia contra las niñas, necesitamos impulsar cambios en las etapas de registro reveladas en los casos de Chihuahua y Juárez: en el diseño de los mecanismos que documentan y miden la violencia (para introducir metodologías seguras para las infancias victimizadas), en la recopilación de datos (para incluir a las niñas en las fuentes oficiales) y en el análisis (para utilizar las variables que ya se capturan en algunos registros).

Si bien estas reformas suponen un desafío mayor, existen casos que nos muestran el camino a seguir. Las instancias y sistemas locales que están conformadas por funcionarias/os que a diario atienden a las menores conocen bien los patrones y tendencias de la vulnerabilización de sus derechos y están capacitadas/os para atenderlas.

El Estado debe otorgar a las niñasen situación de violencia un espacio propio en la generación de datos e información para consolidar políticas de prevención adecuadas y eficaces, y la sociedad entera debe exigirlo.

Si quieren conocer más a detalle los casos de Juárez y Chihuahua, y explorar las vías de solución, les recomendamos leer el estudio Mujeres, niñas y datos de violencia en México: los casos de Juárez y Chihuahua.


[1] La AVGM es el mecanismo de emergencia establecido por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se otorga a los gobiernos a fin de enfrentar la violencia feminicida y las desigualdades de género.

[2] Jurídicamente las niñas mexicanas tienen entre 0-12 años y las adolescentes entre 12-18, pero los datos abiertos del Censo de Población del Inegi de 2020 muestran un registro de menores de 0-19 años (o sea, un total de 31,755,284 mexicanas), quienes representan el 49.20% de la población total femenina en el país y el 25.19% de la población total.

[3] De acuerdo con los datos del SESNSP compilados por los indicadores de la organización Red por los Derechos de la Infancia en: http://derechosinfancia.org.mx/v1/

[4] De acuerdo con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas de (CONAVIM) en: https://www.gob.mx/segob/prensa/fortalecera-conavim-politica-nacional-para-intervencion-a-agresores

[5] Según los datos compilados por México Evalúa en: https://www.mexicoevalua.org/tres-preguntas-sobre-las-victimas-ocultas-del-delito/

[6] Realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la UNICEF.

[7] Según los datos de 2021 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en: https://elpais.com/mexico/2021-11-03/el-90-de-las-violaciones-contra-ninas-en-mexico-sucede-en-el-entorno-familiar.html