Los rebeldes que nos han hecho progresar

Edna Jaime / El Financiero

Hoy quisiera plantear en estas líneas el valor de la rendición de cuentas para el ciudadano. Y quisiera explicarles por qué. Para esto, vale la pena que nos detengamos a pensar un momento sobre el valor humano del buen gobierno.

A veces, nos perdemos en discusiones teóricas y debates políticos y de política pública un tanto en abstracto.

A veces perdemos de vista la dimensión humana de lo que significa no contar con instituciones públicas eficaces que generen y distribuyan bienes públicos con eficacia y con justicia.

Por eso les pregunto, qué tienen en común: una familia que lo ha perdido todo con los sismos recientes, porque un inspector de construcciones autorizó, mediante un soborno, una edificación irregular. Un empresario que, al denunciar a una banda criminal que le exige derecho de piso a la policía, es asesinado, porque un comandante corrupto lo delató. Una familia en Oaxaca que vive en extrema pobreza y que se ve obligada a cambiar su voto a cambio de apoyos sociales.

Tienen en común que son víctimas del mal gobierno.

Y, muchas veces, tienen en común que no pueden levantar la voz para exigir rendición de cuentas.

¿Qué es la rendición de cuentas?

Definiciones hay muchas, pero una que me parece muy clara es que la rendición de cuentas es la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por su conducta, que se vean forzados a justificar y a informar a la sociedad sobre sus decisiones y que puedan ser sancionados por ellas.

La rendición de cuentas es un mecanismo de control del poder, una herramienta poderosa que hace que quienes detentan un cargo público, quienes manejan recursos, cumplan sus obligaciones legales y políticas.

Tradicionalmente, la rendición de cuentas se concibe en dos dimensiones: la legal y la política.

La rendición de cuentas legal se refiere a un conjunto de mecanismos institucionales que están dirigidos a asegurar que las acciones de los funcionarios públicos se dan dentro del marco de la ley.

Para que haya rendición de cuentas legal, se requiere desde luego de un sistema de justicia capaz de aplicar la ley eficazmente y hacer que todos la cumplan.

Claramente, nuestro país vive un gran déficit en este rubro.

Por otra parte, tenemos el concepto de rendición de cuentas política. Un gobierno rinde cuentas políticamente si los ciudadanos tienen los medios para castigar administraciones irresponsables o insensibles a sus demandas.

El voto ciudadano en los comicios es la principal herramienta de la rendición de cuentas política.

Sin embargo, la efectividad de este tipo de control es limitada y más en nuestro contexto. Sólo mirar el reciente fallo del Tribunal Electoral para constatar que las instituciones se capturan y sirven al poder en lugar de acotarlo.

Dadas las limitaciones de la rendición de cuentas legal y política ¿la sociedad tiene más opciones?

Afortunadamente sí.

La rendición de cuentas social es otra dimensión de la rendición de cuentas que tiene que ver con el papel de la sociedad civil organizada para exigir a los gobernantes que apeguen su conducta a la legalidad.

La acción de estos grupos ejerce vigilancia sobre los funcionarios públicos, expone errores y malas decisiones y puede activar la operación de las instituciones legales y políticas encargadas de sancionarlas, sean jueces, auditorías o poderes legislativos.

Hay que reconocerlo, en México cada vez hay más grupos que ejercen su derecho a pedir cuentas. Su participación es legítima, parte de la pluralidad y del orden democrático. Quizá el signo más visible de que este país algo ha evolucionado. Lo que nos está faltando es, justamente, darles más medios y más vías para hacerse oír, para exigir, para demandar con sus razones y argumentos en la mano.

Por estas razones, suscribí el posicionamiento en el que se reivindica el papel de las organizaciones de la sociedad civil en las grandes transformaciones de este país. Y en exigir cuentas e intentar detener el abuso de poder de quienes lo detentan. Detrás de cada punto de inflexión en la evolución de nuestro régimen político, ha habido ciudadanos inconformes con el estado de cosas. Los rebeldes que nos han hecho progresar.

Por eso estimado lector, hay que desconfiar de quienes desconfían de las organizaciones de la sociedad civil como factor de transformación; como factor de contrapeso y control del poder. Esa desconfianza revela una concepción particular del poder. Una que desdeña los contrapesos, por un ansia de poder sin cortapisas, o una en la que se quiere imponer una verdad como “la verdad”.