Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Ante los descalabros en materia de violencia y crimen, ¿a quién responsabiliza usted, estimado lector? ¿A su alcalde, a su gobernador, al presidente? En esta columna a mí me gustaría señalar a los legisladores. Los que se dicen nuestros representantes pero que están atados con cordón umbilical a sus dirigencias partidistas o, en su caso, al presidente de la República, mucho antes que a usted o a mí, que le dimos la curul y, con ello, autoridad para decidir. Pocas veces los señalamos porque se diluyen entre 500 en una Cámara y 128 en la otra. Pero son muy responsables de lo que nos pasa.

La reciente aprobación de la reforma militarista lo pone claro. Con su voto sellaron nuestra realidad por varios años más. Sostienen un statu quo perfectamente inadecuado para comenzar a resolver nuestros problemas de seguridad. Porque la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se da con base en un esquema de suma cero, muy desventajoso para las instituciones civiles. La ficha que se come el Ejército deja de ser aplicada para fortalecer a lo civil. La idea de transitoriedad, por tanto, es completamente falaz. Cada año más con el Ejército en las calles, bajo las condiciones actuales, implica más déficit en las capacidades civiles.

Permítanme destacar otros aspectos en los que los legisladores son responsables de nuestra violencia: sí, de los muertos de todos los días, de las agresiones contra mujeres, de las extorsiones que aniquilan a las pequeñas empresas. El primero es el tema de los recursos. La Cámara de Diputados tiene entre sus más importantes funciones las de la aprobación y control presupuestal. Son legisladores de Morena los que aprobaron la eliminación de un subsidio central para fortalecer policías en los municipios más peligrosos del país, el Fortaseg. Que caiga sobre ellos parte de la responsabilidad de que patrullas no tengan gasolina, ni los elementos de seguridad el chaleco que necesitan para protegerse en sus labores. Ya no entró en temas de dignificación policial, que nunca han estado entre sus prioridades.

Lo que me parece imperdonable es la aprobación de una contrarreforma a lo que los propios legisladores habían aprobado años antes…

También responsabilizo a diputados federales de no tomarse en serio la función de fiscalización que les corresponde. Que no atiendan las observaciones que sobre la revisión de la Cuenta Pública emite la Auditoría Superior de la Federación en materia de gasto federalizado en el rubro de seguridad, ni hayan hecho nada por modificar aquellas cosas que se presentan en las evaluaciones de desempeño.

Pero lo que me parece más grave es lo que han hecho con la Fiscalía General de la República. Primero, al aprobar el nombramiento de una persona que no cumplía mínimamente con el perfil idóneo, convirtieron un proceso de designación que debió haber sido abierto y reflexivo, en un acto de disciplina cortesana. Son responsables también de no llamar al fiscal a comparecer. Cuando lo hicieron, construyeron una escena teatral, más que un ejercicio de rendición de cuentas. Por eso el fiscal siente que tiene todo el poder. En los hechos no hay quien le haga contrapeso. Por eso los diseños en los que se plantea la intervención del Legislativo en los ejercicios de designación o en los llamados a cuentas no necesariamente funcionan. Porque cuando existen supermayorías superdisciplinadas, se diluye el contrapeso y se transforma en comparsa.

Además, hay que decirle a los legisladores que le han fallado a los ciudadanos. La Ley Orgánica de la Fiscalía plantea la constitución de un Consejo Ciudadano que serviría de instancia de vigilancia de las decisiones y el desempeño de la institución. Los legisladores están cómodos con las faltas a la ley. No han hecho nada para reparar la omisión. Menciono también el efecto de todo esto sobre las fiscalías en el resto del país. Se trataba de transiciones atadas, cuyo pivote sería la Fiscalía General de la República.

Lo que me parece imperdonable es la aprobación de una contrarreforma a lo que los propios legisladores habían aprobado años antes. Seguramente se sintieron muy orgullosos con la primera Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, tanto como con la aprobación de la Ley Gertz, que desmantela aspectos centrales de lo primero que aprobaron.

Igualito con la militarización. Por consenso aprobaron un transitorio que planteaba su salida en el 2024, como ahora lo reforman para ampliarlo al 2028 y dar a la Guardia Nacional un carácter militar, cuando años antes la habían hecho civil.

Por eso cuando pensemos en violencia, en secuestros y el crimen que nos inquieta todos los días, señalemos a los legisladores como corresponsables. No creo que les importe mucho, porque desde su curul sólo esperan la orden de quienes los mandan. Seguro no somos nosotros.