Las consecuencias de la reforma judicial para el Estado de derecho
El resultado de las votaciones para elegir personas jueces y magistradas no será óptimo. La reforma judicial y la consecuente elección judicial, como procesos de decisión pública en sí mismos, han evidenciado la fragilidad del Estado de derecho en México.
Por Jorge Carbajal | Programa de Justicia
Publicado en: El Sol de México
Desde febrero de 2024, que se dio a conocer la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en la academia y la sociedad civil se vio como mala idea someter a elección popular todos los cargos jurisdiccionales. Tampoco se encontraba sentido a establecer una instancia de disciplina judicial sin reglas claras ni contrapesos. Las razones expuestas por los proponentes de la reforma no contaban con un sustento teórico ni técnico. Simplemente se afirmaba que esos cambios permitirían “democratizar” y “mejorar” la justicia.
Considerando las bajas cifras sobre la confianza y el desempeño de los poderes judiciales (según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del Inegi, 60.5% confía en las personas juzgadoras, mientras que 60.7% considera efectivo su desempeño), es difícil pensar que alguien no comparta que requerimos una mejor justicia (salvo, quizá, aquellas personas que se benefician del status quo).
En innumerables ocasiones se indicó que para construir una reforma de tal calado, era necesaria una deliberación pública amplia, profunda y con la mayor pluralidad y consenso. Primero, porque se requería tener un diagnóstico integral de los problemas y necesidades que enfrenta el Poder Judicial, dadas las diferencias entre los ámbitos federal y estatal, así como las distintas realidades de cada estado. Segundo, porque se requería un análisis de la pertinencia y viabilidad de las distintas alternativas para reformar el Poder Judicial. Esas deliberaciones, que sí las hubo, no fueron tomadas en cuenta.
¿Por qué pensar que el resultado de las votaciones para elegir personas jueces y magistradas no será óptimo? La reforma judicial y la consecuente elección judicial, como procesos de decisión pública en sí mismos, han evidenciado la fragilidad del Estado de derecho en México.
De mal a peor: de la reforma judicial a las elecciones judiciales
En el caso de la reforma constitucional, no olvidemos la aplanadora legislativa que puso en marcha Morena y sus aliados para obtener los votos necesarios para su aprobación. No perdamos de vista que el proceso estuvo plagado de irregularidades, vicios procedimentales, incluso amenazas y chantajes. Todo lo cual derivó en una oleada de recursos jurídicos interpuestos en su contra.
En el caso de la elección judicial, el panorama es aún más preocupante. Desde distintos frentes ciudadanos se han documentado y evidenciado serias deficiencias e irregularidades. Así lo ha hecho el Observatorio Electoral Judicial (OEJ), conformado por las organizaciones civiles Laboratorio Electoral; Práctica: Laboratorio para la democracia; Disentir; y México Evalúa.
De acuerdo a los análisis del OEJ, los comicios judiciales que se celebrarán el 1 de junio, de inicio no contaron con las bases legales y normativas, así como el presupuesto suficiente para cumplir con los estándares que habían caracterizado en las últimas décadas a las elecciones políticas. Por ejemplo: número de casillas electorales que se instalarán; capacitación de las personas ciudadanas participantes como funcionarias de casilla; y el conteo de votos en cada casilla electoral. A esto se le suman las deficiencias por lo “novedoso” del proceso, como la falta de criterios homogéneos de los comités de evaluación; la distribución sesgada de vacantes y candidaturas; el diseño inequitativo de las boletas electorales; así como la deficiente reglamentación y fiscalización de las campañas.
Debilitando aún más al Estado de derecho
Si esto ha ocurrido durante los procesos, qué podemos esperar del resultado. Una consecuencia de esta reforma será tener un Poder Judicial más debilitado, con menor independencia, capacidad y apertura, capturado por intereses políticos y grupos fácticos; con personas juzgadoras sin la preparación, visión, compromiso, ni experiencia suficientes para hacer valer la ley y los derechos humanos.
Un Poder Judicial sin las condiciones organizativas y funcionales que le permitan una gobernanza transparente y efectiva, sin un control interno bajo criterios y procedimientos claros, sin una gestión eficiente y de calidad apoyada en sistemas y herramientas innovadoras, sin recursos suficientes para mantener la operación y hacer inversiones estratégicas.
Es decir, es otro contrapeso institucional capturado y minimizado por el partido en el poder, como ya sucedió con el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, la Auditoría Superior y la larga lista de órganos autónomos recientemente extintos. La premisa es simple pero contundente: no podemos aspirar a una mejor justicia y a un Estado de derecho vigente si los poderes judiciales no cuentan con estas condiciones para cumplir sus funciones de contrapeso dentro de un régimen democrático.
Toda decisión pública tiene múltiples consecuencias y afecta de manera distinta la vida de las personas. Un gobierno democrático no solo representa a sus electores, también a las minorías; un gobierno democrático respeta los derechos humanos y cumple las leyes; un gobierno democrático se responsabiliza de sus decisiones y asume las consecuencias. La justicia en México, particularmente en materia penal, es tan endeble que no tenemos margen de error, ni podemos permitirnos la experimentación. El problema de inseguridad, corrupción e impunidad en México es tan complejo y profundo para pensar que algunas medidas o reformas motivadas por caprichos y amplios sesgos ideológicos sean la solución.
No puede existir un régimen democrático sin un Estado de derecho; sin embargo, esta reforma y la elección judicial lo están debilitando aún más. Esa es la consecuencia de una decisión mayoritaria, pero muy lejos de ser democrática.
