La seguridad empieza en el hogar… pero a los policías no les alcanza para comprar casa

Sonará raro, pero gobiernos y ciudadanos también debemos preocuparnos porque específicamente las y los policías tengan acceso a una vivienda digna. Aquí explicamos las razones.

Por: Marey Silva Solano (@maareysilva) y Alberto Perez Pacheco (@albertoppach) | Programa de Gasto Público de México Evalúa

Es común escuchar a la ciudadanía quejarse sobre el desempeño y dudosa eficacia de las policías en México, pero no es tan usual conocer las condiciones adversas que enfrentan a diario. En una de las épocas más violentas del país, las y los policías en México tienen que trabajar no sólo con el estigma de una profesión poco reconocida, sino bajo condiciones laborales desfavorables.

Por ejemplo, su salario. La evidencia muestra que los policías tienen sueldos que limitan la dignificación de su servicio público. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, tres de cada diez policías reciben mensualmente entre  9 mil y 13 mil pesos netos, cifra por debajo del salario digno que para esta labor recomiendan las autoridades a nivel federal. Ese salario digno promedio a nivel nacional en 2024 es de 16,668 pesos netos. En otras palabras, más de la cuarta parte de los policías gana menos, en promedio, de lo que las mismas autoridades recomiendan.

Si hablamos de sus prestaciones laborales, la situación también es insuficiente. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 apenas la mitad de los y las policías cuenta con aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y seguro de vida. Sin embargo, la mayoría no tiene cobertura de seguridad social, ni otras prestaciones relevantes para su profesión como atención psicológica, o acceso gratuito a gimnasios.

Policías sin hogar propio

Entre estas carencias, la falta de acceso a la vivienda es especialmente crítica. La última información disponible del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023 indica que sólo 8 de cada 100 policías municipales a nivel nacional tienen acceso a crédito para la vivienda como prestación laboral, y apenas 6 de cada 100 reciben algún tipo de apoyo para adquirir un bien raíz. Las cifras son alarmantes pues claramente las y los policías no están recibiendo los derechos que se les extienden directamente desde la Constitución.

Para complicar lo anterior, el trabajo policial se cataloga como riesgoso, lo que dificulta que una institución financiera autorice créditos hipotecarios. Así, la desprotección se combina con la falta de inclusión en el sistema financiero tradicional,  y eso es un doble castigo.

Si de por sí es difícil reclutar y retener a estos profesionales, estas carencias definitivamente no ayudan. Menos aún si las comparamos con las tácticas más efectivas de grupos criminales para reclutar, tal como señaló Mariana Campos, directora de México Evalúa, en una columna de opinión de octubre pasado.

Desde luego, la falta de acceso a una vivienda digna es una situación crítica a nivel nacional, no solamente en las instituciones policiales. Se necesitan al menos 8.2 millones de viviendas en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indica que el 45% de las casas de México enfrenta una situación de precariedad tanto en su construcción como en su equipamiento, infraestructura y acceso a servicios básicos. Estos déficits impactan de manera significativa a los sectores menos favorecidos de la población, pero es especialmente grave para aquellas personas que no tienen acceso a los instrumentos financieros para hacerse de una vivienda… como las policías.

La buena noticia: sí hay solución al problema

Ya hay propuestas para mejorar la accesibilidad al financiamiento de vivienda para policías, incluyendo subsidios gubernamentales y programas de financiación local adaptados a sus necesidades y riesgos específicos. Por ejemplo, recientemente, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) creó un programa piloto para otorgar, en una primera etapa, servicios de vivienda para los policías municipales de Mérida. Con el éxito de esta experiencia, otros municipios en Nuevo León y en Hidalgo ya se unieron al programa de forma permanente. 

A pesar de ser un paso en la dirección correcta, la adopción generalizada del programa se ve limitada por cuestiones normativas y financieras por parte de los municipios. Por un lado, deben asegurarse que la normativa local permita que el Infonavit otorgue los servicios de vivienda, lo que puede requerir cambios de leyes estatales y municipales; por otro lado, los municipios deben asegurar una partida específica para el pago del Infonavit en el primer año y los subsecuentes. Es aquí donde la debilidad de las finanzas municipales se vuelve el principal reto para mejorar las condiciones laborales de la policía.

Es por todo esto que este tipo de iniciativas deben estar formalmente establecidas mediante leyes o reglamentos. Este paso legal proporciona una base sólida y duradera para su implementación; además de que garantiza la asignación continua de fondos y recursos. 

Contar con una vivienda estable no solamente mejoraría la calidad de vida de los policías; también tendría un impacto positivo en su eficacia laboral. Dicho de otro modo, fomentar que la policía tenga casa propia puede ser una herramienta efectiva para fortalecer las estrategias de reclutamiento y retención. Esto generaría en las corporaciones policíacas un entorno laboral más atractivo y seguro que, en consecuencia, resultaría en una vida más segura para la ciudadanía.