Por Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

Si lo pongo en términos chistosos, lo pondría así: ¿soy rico o nutritivo? Ésta es una genialidad de la publicidad que proyectaba a un cuadrito de cereal que por un lado tenía azúcar glass, lo delicioso, y por el otro, los trozos de grano integral, lo nutritivo. Y sentado en un diván este personajito cereal se preguntaba si era rico o nutritivo. Quizá eso mismo nos preguntemos sobre nuestro sistema de justicia penal: ¿es efectivo o es respetuoso de los derechos humanos? ¿Canijo o alineado a nuestras expectativas de protección de derechos? Esto es un dilema falso si lo planteáramos en sociedades democráticas. Cuando los sistemas de justicia están muy avanzados, no hay dilema entre la eficacia y la protección de derechos. Son parte del mismo procedimiento. ¡Qué gloria!

En México se ha planteado siempre como un dilema. ¿Somos ricos o nutritivos? ¿Canijos o civilizados? Recuerdo mis intercambios en un programa de televisión con el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, en una mañana con Loret. Mancera era de los mandatarios estatales que sostenían una especie de rebelión contra el sistema de justicia penal, por el estándar que establecía en el proceso penal. Un estándar de prueba más alto por parte del Ministerio Público para poder llevar a un juicio y resultar exitoso. Como jefe de Gobierno y exfiscal sostenía que el estándar no era viable; era alto para las capacidades de la procuración de justicia de la ciudad. ¿Qué diría hoy si fuera un indiciado? El entonces jefe de Gobierno está a poco tiempo de perder el fuero. Pienso que hoy podría avalar los argumentos que puse en la mesa en aquella reunión porque protegería sus derechos. Como quisiera que los míos fueran protegidos en cualquier momento; como quisiera que se respeten los de cualquier mexicano que esté vulnerable…

Pero la disyuntiva existe. Derechos o eficacia.

En México Evalúa llevamos años siguiendo la evolución del sistema de justicia penal. Fuimos parte de la coalición que promovió la reforma penal como con el entendimiento de que era parte de un proceso civilizatorio. Uno en el que avanza la protección de nuestros derechos. Por eso en esa reforma prevalecieron principios íntimamente relacionados con derechos a la presunción de inocencia y un debido proceso legal. En retrospectiva me congratulo de aquel acuerdo. Sus detractores podrán decir muchas cosas, pero nada que vulnere aquella aspiración de salto cuántico a un estadio de desarrollo político e institucional de protección de derechos y límites de abuso al poder. Un festín para quienes creemos en esto.

Entiendo por civilidad todo aquello que lleve a la protección de derechos frente al abuso. La construcción paulatina de instituciones que acoten al poder.

Entiendo por civilidad todo aquello que lleve a la protección de derechos frente al abuso. La construcción paulatina de instituciones que acoten al poder. Esto es el mandato de instituciones como la que encabezo: cómo apoyamos un proceso civilizatorio, una aspiración en la que creemos.

También como el proceso de cambio institucional más importante desde que las elecciones son competidas. Porque otros ámbitos de nuestra vida colectiva han sido más o menos institucionalizados. La vida económica se rige en parte por el TMEC (el TLCAN anterior), lo que no es suficiente, ciertamente, y lo monetario tiene un basamento de estabilidad, que es el Banco de México. Pero no hay quien regule nuestras interacciones cotidianas, tampoco quien regule la justicia cotidiana ni quien acote al crimen.

Por eso es que el tema de la justicia penal debe estar en primer plano. La reforma a la justicia, asunto tan relegado, debería estar al centro de nuestra agenda.

En México Evalúa llevamos años evaluando la implementación de la reforma penal, como un acto de fe, básicamente. Esperamos que se consolide después del plazo de implementación inicial y largo, lleno de vicisitudes. Hallazgos, nuestro documento bandera, es una compilación de indicadores de los avances en la consolidación del nuevo sistema de justicia. Se ha convertido en un referente, me encantaría decir que del cambio profundo, o del estancamiento conocido. En el modelo tenemos considerado un método para medir la calidad. Una metodología para evaluar a los operadores de justicia en las audiencias, en tiempo real, con observadores capacitados para decirnos lo que sucede en ellas. Bajar al ras del piso para tratar de dilucidar qué sucede en la práctica con los preceptos de la reforma que son ideales de nuestro proceso de cambio. Observar en tiempo real y sin maquillajes cómo suceden los procesos penales, los más importantes en la vida jurídica del país. Ahí se asientan nuestras realidades, las capacidades de los operadores, sus avances o sus inercias, el espejo de nuestro cambio civilizatorio.

Hicimos el ejercicio en dos estados, Querétaro y San Luis Potosí. En ambos observamos avances. La reforma a la justicia avanza. Pero la pregunta inicial sigue vigente: eficacia o calidad en la protección de derechos. Nuestra observación nos indica que los operadores avanzan en sus mandatos bajo el nuevo sistema. Pero necesitamos reforzar la capacidad de investigación criminal. Es posible, lo reitero, conciliar ambos objetivos. Nuestra mira, después de estudiarlo mucho, debe estar en la persecución criminal, que sea profesional, científica, para que alcance los estándares que impone el nuevo sistema. Digámoslo claro: queremos efectividad bajo el principio de respeto a derechos. Si no es así, es persecución criminal sin límites, autoritaria. No queremos regresar a eso.