Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Este viernes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe presentar un informe parcial sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, la primera de la administración de AMLO. No es cosa menor. El presidente se jacta de tener el Gobierno más honesto de los últimos años; por tanto, un ejercicio de recursos impecable (o cercano a eso) es con justeza lo esperable.

Sin embargo, la Auditoría va con retraso en su revisión de esa cuenta pública crucial. El primer informe, que debió entregar en junio de este año, simplemente no existió. La ASF no pudo cumplir con sus obligaciones porque la pandemia y el confinamiento forzoso le impidieron realizar su labor de fiscalización.

No es asunto de este texto hablar de las posibilidades tecnológicas que pudieron haber evitado el retraso que se registra en el programa de auditorías de este año. Pero permítanme señalar como ejemplo a algunos tribunales y juzgados, que aun sin marco legal plenamente desarrollado para sustentar un trabajo remoto y digital, lo utilizaron haciendo del encierro una oportunidad para atender su rezago. Claro, siempre es mejor hacerlo con un marco legal actualizado, pero de que existían avenidas para no parar, existían.

Hecho este paréntesis, no sobra decir que tenemos expectativas altas sobre lo que hoy entregue la ASF y sobre su desempeño global. Porque para controlar la corrupción, la fiscalización de recursos es central. Además, hay que decirlo, a la ASF se le dieron nuevos instrumentos para hacerla más potente en el marco de las reformas que acompañaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Aunque el presidente las desdeñe, ahí está la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que da mandato e instrumentos para que la institución haga su trabajo. El problema es que nuestras instituciones se acomodan. Por inercia o por conveniencia. Así, a pesar de que algunas de ellas tienen más atribuciones, ni lo notamos.

El Plan Anual de Auditorías 2020 se ajustó a la baja. Se harán menos auditorías que las originalmente planteadas. Una explicación de estos ajustes sería MUY conveniente.

La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y México Evalúa presentamos esta misma semana un documento que considero muy valioso. Sus autores son Marco Fernández y Roberto de la Rosa. Lo llamamos La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías. El documento es relevante porque hace una evaluación de nuestro Órgano Superior de Fiscalización, y estudios como éstos siempre ayudan a entender aciertos y fallas. A los autores les llamaron la atención varios puntos. Retomo algunos de ellos.

Para empezar, hacen notar que el plan anual de auditorías se elabora sin concurrencia de la sociedad, y parece que tampoco de la Cámara de Diputados, de quien es parte la propia ASF. Éste, en principio, puede ser un rasgo positivo, porque finalmente es un órgano con autonomía técnica y de gestión, y que sus decisiones estén blindadas de cualquier injerencia forma parte de su diseño. Sin embargo, el hecho no la exime de rendir cuentas y explicar las razones tras su plan de trabajo, cuanto y más si hay ajustes tan sustantivos.

Y es que el Plan Anual de Auditorías 2020 se ajustó a la baja. Se harán menos auditorías que las originalmente planteadas. Un 29% menos que las realizadas para la Cuenta Pública 2018. Una explicación de estos ajustes sería MUY conveniente.

También sería importante conocer la lógica que subyace al plan de auditorías propuestas. Los autores no se explican por qué al NAIM, una obra tan señalada y controvertida, se le aplicará una auditoría de desempeño y no una forense, la que serviría para encontrar irregularidades que impliquen corrupción.

De la misma manera se extrañan de que las obras emblemáticas de esta administración no estén consideradas en el programa anual de auditorías (siendo que en ellas se señala un uso excesivo de mecanismos extraordinarios de contratación, como la adjudicación directa). Quiero pensar que para todo esto hay una explicación. Sólo falta que nos la den.

El estudio también es retrospectivo. Porque la ASF nos ha quedado a deber desde hace tiempo. Basta mirar el cúmulo de casos que han llegado a los escritorios de las procuradurías sin que nada pase después. De 1998 a 2017, la ASF presentó un total de 1,004 denuncias, de las cuales sólo 22 (2.2%) han causado sentencia, sin que se conozca si las sentencias confirmaron los delitos denunciados por la Auditoría. Si bien la ASF prerreforma podía aducir que su trabajo concluía al entregar el expediente a la Procuraduría, la de la posreforma ya no. También es responsable de lo que ocurra con el expediente aun estando en manos de un MP.

El documento presenta más argumentos y evidencias que deben ser atendidos para ahora sí tener una versión de la ASF que haga la diferencia y que no se haga “guaje”, como diría mi colega Marco Fernández.

Este documento me regresó los anhelos compartidos que acompañaron toda la discusión que dio vida al SNA. En el corazón de estos debates siempre estuvo la pregunta de cómo hacer eficaces a las instituciones anticorrupción, cómo darles potencia y capacidades. Porque no hay otra vía para resolver el problema. Una convicción me queda de todo esto: la batalla contra la corrupción es un esfuerzo permanente en el que la sociedad debe estar involucrada. Es tan importante que no podemos dejarla al albedrío de políticos y autoridades. Por eso este estudio y su ánimo por transformar las cosas.