Información policial: alternativa a la estadística oficial

Maximilian Holst (@mxholst)  | Animal Político
La procuradora capitalina Ernestina Godoy ha señalado que “[La administración pasada] manipulaba [la información] para mostrar disminución en las estadísticas criminales”[1]. A la denuncia de estos hechos por parte del gobierno capitalino, se suman los señalamientos de los gobernadores Enrique Alfaro en Jalisco y Javier Corral en Chihuahua, que culpan a las administraciones pasadas de sus respectivos estados de no reportar o modificar todos los delitos que realmente ocurrieron en años anteriores.
Estos señalamientos, que alguna vez pudieron interpretarse como un intento por deslindarse de las realidades delincuenciales de sus estados, hoy son una realidad. La manipulación de estadísticas criminales dejó de ser especulación y pasó a estar respaldada por hechos verificables.
Hace tiempo que desde México Evalúa hemos observado problemas en las estadísticas criminales. En julio pasado publicamos el más reciente resultado de esa labor: el estudio Fallas de Origen 2019. Empleando diversas metodologías estadísticas, sugerimos que los problemas en los datos de homicidio pueden ser producto de errores humanos, de falta de capacidades por parte de las autoridades e incluso de fuertes incentivos para manipular las cifras con fines políticos.
El panorama es preocupante porque los datos delictivos son la base para construir estrategias de seguridad efectivas. Pero, ahora que sabemos que las cifras no son fiables, ¿qué podemos hacer para evitar que se manipulen los datos? Nosotros proponemos dos alternativas: auditorías de datos y aprovechar las estadísticas policiales.

El punto de inicio: las diversas fuentes de información

Como ya habrá escuchado o leído en algún lado, las fuentes oficiales que reportan el número de homicidios intencionales en el país son dos: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras el Inegi obtiene sus datos del sector salud –muertes violentas declaradas por un médico y que se presumen ocurrieron a causa de un homicidio–, el Secretariado agrupa la información que obtiene de las fiscalías y las procuradurías estatales del país (esta información parte de las carpetas de investigación abiertas).
De acuerdo con el Inegi, en 2018 murieron asesinadas 35 mil 964 víctimas. Este dato contrasta con las 33 mil 755 víctimas por homicidio doloso (incluidos los feminicidios) que reporta el Secretariado. La diferencia entre los datos de ambas instituciones para el año pasado no es menor: 6.54% o 2 mil 209 víctimas.
Los datos del Inegi y los del Secretariado son dos caras de una misma moneda. Un solo evento (una muerte intencional) genera dos registros administrativos: un certificado de defunción y una carpeta de investigación. Por lo tanto, es normal que existan diferencias entre las dos fuentes. No obstante, preocupa que éstas sean tan grandes y cambiantes. Desde 2015, año desde el cual se tiene un registro de víctimas de homicidio por parte del Secretariado, la diferencia entre ambas fuentes suma 7 mil 576 víctimas. Esto equivale a un promedio de cinco víctimas diarias de homicidio que no fueron registrados por las fiscalías y las procuradurías entre 2015 y 2018.

Sorteando los problemas de las fuentes

Es razonable pensar que el Inegi, al reportar más homicidios, sea la fuente más confiable. Además, las cifras que reportan las fiscalías y procuradurías a través del Secretariado presentan serias fallas o, incluso, indicios de manipulación.
La realidad es que ambas instituciones tienen oportunidades de mejora. La enorme desventaja que tienen los datos del Inegi es que llegan con un retraso considerable. Las estadísticas de mortalidad más actuales son preliminares, contienen información hasta diciembre de 2018 y se publicaron a finales de julio de 2019. Las cifras definitivas para 2018 se publicarán a finales de octubre de 2019. Así, para conocer los datos definitivos del año en curso, tendremos que esperar hasta octubre de 2020. Difícilmente se pueden diseñar políticas públicas efectivas para atender la inseguridad con datos que tienen, cuando menos, 10 meses de retraso.
En el caso del Secretariado la información es más oportuna, ya que se publica mes con mes. Si bien esto es preferible a esperar un año completo para poder actualizar el análisis, los datos que reportan las fiscalías tienen otro tipo de problemas: la falta de confiabilidad.
A partir del análisis detallado de los homicidios (dolosos y culposos), en Fallas de Origen 2019 mostramos de manera sistemática y objetiva cuando una entidad muestra comportamientos poco confiables en sus datos: patrones irregulares y relaciones entre delitos que no deberían de estar relacionados.
En particular, aportamos evidencia de comportamientos extraños en la evolución de los datos de algunos estados. Los homicidios culposos y dolosos en el Estado de México, por ejemplo, muestran una estructura en forma de escalera que a todas luces no es normal. Por su parte, los homicidios dolosos que reporta la fiscalía de Oaxaca muestran variaciones extremas de un mes a otro, haciéndonos suponer que existen graves fallas institucionales en la generación de estadísticas delictivas (en especial cuando se compara con los datos de Inegi). En Guanajuato y en Tabasco detectamos que los homicidios dolosos y culposos están relacionados, cuando esto no debería de ser. Los homicidios culposos van en ascenso, y dudamos que estén bien registrados (sobre todo ante la ola de homicidios dolosos que experimentan).

Este tipo de patrones atípicos y relaciones inesperadas pueden tener diversas explicaciones. Una de ellas apunta a los incentivos que actúan al interior de los ministerios públicos. Como describe Gustavo Fondevila, en ocasiones los funcionarios hacen uso de una singular creatividad para evitar recibir una denuncia y subregistrar los datos delictivos: generan múltiples procesos burocráticos (innecesarios), recomiendan que el ciudadano acuda a presentar su denuncia a otro ministerio público, aprovechar el desconocimiento legal de las personas para reducir la severidad del delito cometido, entre otros.

La fe de erratas de la CDMX

A finales de julio de 2019 ocurrió un evento inédito: el gobierno de la Ciudad de México informó sobre los resultados de un ejercicio de revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de delitos de alto impacto ocurridos en 2018. En este ejercicio de auditoría se encontró evidencia de que la mayoría de los delitos de alto impacto que se auditaron presentaban casos de subreporte y reclasificación de delitos.
Con la revisión, el delito de homicidio doloso se corrigió y pasó de mil 265 carpetas de investigación a mil 410 (un incremento de 11.5%); las carpetas de robo de vehículo con violencia también se corrigieron al alza, aumentando así de 4 mil 229 a 5 mil 042 (un incremento de 19.2%); el robo a negocio, un delito especialmente importante para los empresarios, pasó de 3 mil 003 inicialmente a 4 mil 562 (un aumento de 51.9%); y finalmente, las cifras de secuestro tuvieron un incremento dramático tras la revisión, pasando de 35 originalmente a 280 (un incremento de 700%).

Los resultados del ejercicio realizado en la Ciudad de México corroboran los resultados de nuestro estudio Fallas de Origen, y ponen en evidencia que la estadística criminal no se genera con el cuidado y la rigurosidad que amerita. Este tipo de análisis pueden servir de punto de partida para que otras entidades revisen la calidad de sus cifras delictivas. Pero, además, existen otras alternativas generadoras de cifras delictivas que no se han tomado en cuenta.

Una alternativa desaprovechada

Recapitulemos: estamos midiendo el fenómeno criminal con dos fuentes oficiales. Una con mayores rezagos que otra. Sin embargo, estas dos fuentes no logran capturar todas las características del fenómeno criminal. Esto, en sí mismo, es un problema. Por ello, es necesario generar otro tipo de registros para contar con más fuentes que nos permitan tener un mejor acercamiento a la incidencia, y no pensar que las dos fuentes actuales son suficientes.
Hay una institución con un gran potencial desaprovechado en este panorama de cifras: las policías. A pesar de que las policías, principalmente las municipales, tienen mucha información, ésta no se sistematiza y por este motivo no se utiliza para generar inteligencia.
De acuerdo con el Nuevo Modelo Policial, se busca acercar a las policías locales con la ciudadanía para así hacer de ellas la columna vertebral de la política de seguridad en México. Esto por medio de acciones de proximidad, el enfoque policial orientado a problemas y la operación de un modelo de justicia cívica en todo el país.
Habitualmente, los policías locales patrullan los barrios y sus calles. Estos recorridos los alimentan de información sobre sus colonias, convirtiéndolos en un elemento con conocimiento de en qué lugares ocurren los delitos de manera habitual, cuáles son los puntos de venta de droga, e incluso quiénes son los narcomenudistas –o narcotraficantes– locales. Además, ellos atienden las llamadas de emergencia de la población y los actos cometidos en flagrancia. Por tanto, tienen una aproximación más real sobre la magnitud de la incidencia delictiva.
Desafortunadamente, hoy la información que tienen los policías no se sistematiza en la gran mayoría de los municipios. Al no capturar la información en base de datos o con la rigurosidad necesaria, las unidades de análisis e inteligencia –asumiendo que existen– no pueden aprovechar dichos datos.

Las soluciones están ahí

La manipulación de datos ya no puede ser negada. El ejercicio de revisión por parte del gobierno de la Ciudad de México deja claro que las fallas no son señalamientos malintencionados de terceros, sino que existe evidencia de subreporte y reclasificación de delitos. Por ello, consideramos que el SESNSP, el Inegi, los gobiernos estatales y la sociedad civil se tienen que sentar juntos a la mesa para discutir la creación de una entidad auditora de estadísticas criminales.
Por otro lado, la evolución de las policías municipales hacia un enfoque orientado a la solución de problemas abre la puerta para que éstas generen estadísticas criminales. Si los datos se sistematizan de manera rigurosa y confiable pueden convertirse en un insumo vital para la generación de inteligencia policial y servirían como control para detectar las fallas en las estadísticas de las fiscalías (y viceversa).
Para nosotros está claro: la solución de la crisis de seguridad pasa por tener datos confiables y de calidad. Si no aprovechamos la información con la que cuentan las policías y mejoramos los controles de calidad de las estadísticas criminales, no podremos revertir la crisis de seguridad que estamos padeciendo.

[1] “La procuradora capitalina dice que el gobierno anterior “maquilló” cifras”. Expansión, 10 de enero de 2019. Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/10/la-procuradora-capitalina-dice-que-el-gobierno-anterior-maquillo-cifras