Si Chihuahua quiere mejorar su política de seguridad y prevención del delito, y así hacer frente al alza en las tasas de homicidios registradas en la entidad en 2016, debe empezar por asegurarse de producir información delictiva veraz y diagnósticos sólidos sobre los factores que propician la violencia, señalaron investigadores de México Evalúa, el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua y la Red por la Participación Ciudadana, en el marco del foro “Lecciones y retos sobre la prevención social de la violencia” que se llevó a cabo hoy en la Universidad Autónoma de Chihuahua.“Encontramos indicios de que los entonces gobernadores César Duarte y José Reyes Baeza manipularon las estadísticas de incidencia delictiva durante sus administraciones, por ello es importante que la administración actual se asegure de producir datos veraces”, indicó Jonathan Furszyfer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, al citar los resultados del estudio Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable, que identifica dos tipos de manipulación de homicidios, una por subregistro y otra por reclasificación incorrecta. Mientras la primera consiste en eliminar por completo algunos homicidios, en la segunda, las autoridades reclasifican deliberadamente unos homicidios dolosos (intencionales) por unos culposos (no intencionales). Al respecto, el investigador agregó que, desafortunadamente, manipular las estadísticas delictivas no constituye un delito.

Por otra parte, al retomar los hallazgos de los estudios que México Evalúa realizó sobre el diseño y la implementación del Pronapred, Furszyfer subrayó la importancia de que las políticas de prevención desarrolladas por el gobierno estatal y los gobiernos municipales partan de diagnósticos basados en evidencia que detallen los factores que favorecen la violencia y delincuencia, así como los que pueden permitir frenarlos. Los estudios presentados por Furszyfer sobre este tema fueron realizados en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad del gobierno y de la sociedad civil para prevenir el delito y la violencia en México”, actualmente financiado por el Programa temático “Actores No Estatales en el Desarrollo” de la Unión Europea por un monto de 300,000 euros.

“Otro problema es que en general, las autoridades y los operadores de acciones preventivas no saben cómo evaluar los programas, pues no suelen desarrollar indicadores que permitan medir la situación antes de la implementación de los programas y después de ella”, aseguró Furszyfer.

Si bien, el subsidio Pronapred desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el investigador comentó que el estado puede utilizar recursos de otros subsidios federales, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), o establecer alianzas con el sector privado y la sociedad civil, con el fin de obtener fuentes de financiamiento alternativas que permitan seguir desarrollando acciones de prevención.

El estado de Chihuahua tiene la oportunidad de retomar las experiencias y las buenas prácticas observadas en la implementación de acciones de prevención social del delito, indicó por su parte Francisca Jiménez Barrientos, Directora de la Red por la Participación Ciudadana. Así mismo, dio a conocer el reporte Sistematización de experiencias y buenas prácticas en la prevención social del delito en el municipio de Chihuahua.

Finalmente, para Raúl Soto, Director Estatal del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua, los elementos fundamentales para avanzar en materia de seguridad ciudadana en el estado son la visión de mediano y largo plazo, la formación de los operadores y la coordinación entre gobiernos y programas.

También participó en el Foro Verónica Quintana Sáenz, Jefa de División del Centro de Prevención del estado de Chihuahua.