Incertidumbre política podría desestabilizar el pago de la deuda
La incertidumbre política provocada por las reformas constitucionales —entre ellas, la del Poder Judicial—, podría llevar al país a perder su grado de inversión, con consecuencias adversas para todos los mexicanos.
Jorge Cano (@Jorge_eCano), Carlos Vázquez (@VazquezAviud) y Laura Cabañas | Programa de Gasto Público
Las banderas rojas son más que evidentes: la proporción de analistas que piensan que la economía empeorará en los próximos seis meses, alcanzó 71% en agosto, según la Encuesta de Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México (Banxico). El desánimo de los inversores es mayor si lo comparamos con procesos previos de cambio de Gobierno.
Según esta misma encuesta, 63% de los analistas considera que es un mal momento para realizar inversiones. En una comparativa sexenal, la aversión a invertir también es, por mucho, la mayor que se haya tenido en un contexto de cambio de Gobierno.
Adicionalmente, el 21% de los analistas consideró a la incertidumbre política interna como el principal factor de riesgo económico, según la misma encuesta Banxico. Desde las elecciones de 2006 y las acusaciones de fraude electoral, el factor político no había causado tanta preocupación a los inversionistas.
Calificadoras y evaluación de México
La confianza del sector financiero es determinante en la tasa de interés que deben pagar los países para acceder al financiamiento. Uno de los principales indicadores que analizan los prestamistas e inversores es la nota crediticia —o calificación de riesgo— que asignan las agencias calificadoras.
A nivel internacional, las principales agencias calificadoras son Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch Ratings. Sus calificaciones crediticias sirven a los prestamistas para medir el nivel de riesgo de impago de los gobiernos y empresas. A mayor riesgo, mayor es la tasa de interés que se le exige a los solicitantes de préstamos. Cuando los gobiernos pierden la confianza del sector financiero, irremediablemente enfrentan mayores costos de financiamiento, lo que les resta recursos para invertir en otras áreas.
Cada agencia tiene distintos grados de calificación, pero pueden agruparse en dos categorías principales: grado de inversión y grado de no inversión (bonos basura). Basta que dos de estas agencias calificadoras sitúen el nivel de riesgo de un país por debajo del nivel de inversión para que pierda dicho estatus en todo el mundo.
Con la entrada de López Obrador a la presidencia, la calificación crediticia de México se ha deteriorado.
La calificación crediticia otorgada por Fitch se redujo de BBB+ a BBB, en enero de 2019: dos grados por arriba del nivel de inversión. El principal factor de la rebaja fue el mal manejo de las finanzas de Pemex.
En 2020, S&P redujo su calificación crediticia de la deuda mexicana de BBB+ a BBB, dos grados por arriba del nivel de inversión. Además del factor Pemex, la razón de la rebaja fue el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 sobre el crecimiento del país. También se acusó al gobierno de un manejo irregular de las políticas públicas y debilitamiento en las finanzas del gobierno federal.
También en 2020, nuevamente Fitch redujo la calificación de México de BBB a BBB-, es decir, sólo un nivel por encima del grado de inversión. La rebaja en la calificación por parte de Fitch respondió a la percepción de un debilitamiento institucional y un ambiente de negocios poco favorable para fortalecer el crecimiento económico.
La acción más reciente fue en 2022 de parte de Moody’s quien redujó la calificación crediticia de Baa1 a Baa2 también por una debilidad institucional y de gobernanza.
En el último año, las calificadoras han manifestado que existen distintos riesgos que podrían socavar la calificación crediticia de México. Algunos, son el deterioro del endeudamiento público, el mal desempeño de Pemex y el bajo crecimiento económico.
Además, las calificadoras señalan que la debilidad institucional o de gobernanza sigue siendo una limitación significativa para la calificación. Fitch Ratings y S&P Global Ratings han señalado que la administración entrante, liderada por Claudia Sheinbaum, podría impulsar reformas en sectores clave como el sistema electoral y el sector energético.
La advertencia más clara ha venido de Fitch, quien asegura que la reforma judicial y las demás reformas constitucionales, afectarán el perfil institucional de México. Para Fitch, la débil gobernanza en el país ya es un factor que afecta la calificación crediticia de México, pero que de momento ha sido contrarrestada por un manejo macroeconómico consistente y creíble.
¿Cuál sería el impacto presupuestario de perder el grado de inversión?
En el caso de que México pierda el grado de inversión, su costo financiero anual podría aumentar entre 14,023 mdp y hasta 73,861 mdp, dependiendo de cuántas agencias calificadoras recorten la nota crediticia. Para calcular el impacto presupuestario de la pérdida del grado de inversión, sobre el costo financiero de la deuda pública, utilizamos técnicas econométricas. (Para mayor detalle, revisar una versión más amplia de este artículo en el micrositio Los Números de Erario, misma que incluye un anexo metodológico.)
Si se pierde el grado de inversión por parte de Fitch, entonces el costo financiero de la deuda pública aumentaría 14,023 mdp en un lapso de un año. Este impacto presupuestario es moderado debido a que la calificación crediticia se encuentra a nada de perder el grado de inversión, por lo cual es un resultado hasta cierto punto esperado por el mercado.
En caso de que se pierda el grado de inversión en las tres principales agencias calificadoras, implicaría un incremento anual por 73,861 mdp ó 5.33% en el costo financiero de la deuda pública.
Para dar una magnitud del impacto presupuestario, los 73,861 mdp que podría aumentar el costo financiero de la deuda, sería el triple del presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o equivalente al 87% del presupuesto aprobado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, o el 98% del presupuesto del Poder Judicial.
Implicaciones y conclusiones
Existe un riesgo importante de una disminución en la calificación crediticia de México. Las agencias calificadoras han advertido que, sin reformas fiscales correctivas, la calificación soberana del país podría deteriorarse.
Además, la incertidumbre política interna ha sido identificada como un factor de riesgo tanto por las agencias evaluadoras como por los inversionistas del país. El nuevo gobierno debe enfocarse en mantener la estabilidad política e institucional, preservar un marco legal sólido y evitar reformas que puedan desestabilizar el equilibrio de poderes. Garantizar que las instituciones de justicia permanezcan independientes y funcionales es crucial para asegurar la confianza de los inversionistas y evitar riesgos asociados con la pérdida de autonomía.
