El DOGE de Trump y Musk vs. el Gobierno Digital de Sheinbaum y Merino

¿Cuáles son los peligros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) impulsado por Trump y Elon Musk; y los de la Estrategia de Gobierno Digital, liderada por Claudia Sheinbaum y José Merino?

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en: Animal Político

Vamos a hacer un ejercicio de comparación. Contrastaremos dos estrategias recientes, que comparten más de una semejanza. Por un lado, en Estados Unidos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) impulsado por Donald Trump y Elon Musk. Por el otro, aquí en México, la Estrategia de Gobierno Digital liderada por Claudia Sheinbaum y José Antonio Peña Merino. 

A simple vista, ambas estrategias buscan lo mismo: simplificar el aparato estatal, reducir trámites y hacer al gobierno más eficiente. La diferencia está en el modelo de gobernanza adoptado por cada una. 

Por “modelo de gobernanza” nos referimos a la forma en que se toman las decisiones, se gestionan los recursos y se rinden cuentas. Es decir, cómo el Estado interactúa con sus ciudadanos y construye confianza —más allá de la digitalización de formularios o la creación de plataformas—. Veamos.

DOGE: el espejismo de la eficiencia sin democracia

El DOGE, creado mediante una orden ejecutiva en febrero de 2025 —y encabezado durante escasos cuatro meses por el multimillonario Elon Musk—, fue concebido como una reingeniería radical del aparato federal estadounidense. Sin aportar diagnósticos científicos, la administración Trump propone eliminar miles de regulaciones, reducir a menos de cien el número de agencias federales y utilizar tecnologías como blockchain —una base de datos distribuida, compartida y segura que registra transacciones de forma inmutable— e inteligencia artificial para recortar el gasto público hasta en 175 mil millones de dólares. En sus primeras cinco semanas, DOGE reportó resultados un avance en ahorros del 31.4%, equivalente a 55 mil millones de dólares, la eliminación de 2,000 puestos en la agencia USAID y la cancelación de 199 contratos federales. 

Estas cifras no han podido ser verificadas de forma independiente; mucho menos hay evidencia de cómo beneficiarán a los ciudadanos. Peor aún, la solicitud de DOGE para acceder a datos confidenciales de contribuyentes ha generado una fuerte polémica sobre posibles violaciones a derechos ciudadanos como la privacidad. Anteponer la eficiencia sin un marco institucional que procure principios fundamentales y por encima de las mejores prácticas, abre la puerta al autoritarismo, la politización de funciones administrativas y al debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones.

La Estrategia de Gobierno Digital: ¿será realidad la utopía tecnológica?

Por su parte, la estrategia encabezada por Sheinbaum y Merino en México comenzó con una reforma constitucional que promete llevar a cabo un esfuerzo sin precedentes para simplificar los trámites federales, estatales y municipales. 

La discusión en el Congreso de la Unión sobre la nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos (LNETB) —actualmente en proceso legislativo— representa una oportunidad para redefinir ese modelo de gobernanza.

Ciertamente, la carga burocrática que enfrentamos los mexicanos es un malestar de larga data. Las estadísticas que sustentan esta reforma son elocuentes: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) del Inegi, el 14% de los ciudadanos que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción, y el costo total de estos actos alcanzó los 11,910 millones de pesos, equivalente al presupuesto anual del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, los trámites en papel implican altos costos de tiempo, duplicidad de requisitos y una experiencia ciudadana frustrante. 

Según el estudio Índice de Burocracia 2023, elaborado por México Evalúa, en México las pequeñas empresas destinaron en promedio más de 500 horas al año en cumplir con trámites y obligaciones. Por otro lado, el uso del internet para estos fines sigue siendo bajo. Según el Inegi, ese mismo año 16.2% de los ciudadanos mexicanos realizaron sus trámites en línea, mientras que la modalidad presencial para resolver dichas transacciones aumentó 6.7% respecto de 2021.

La LNETB busca responder a este malestar de los mexicanos, y se anima a prometer la digitalización del 80% de los trámites más frecuentes y reducir a la mitad los requisitos y tiempos de resolución de las obligaciones.

A través de una identidad digital única —la “Llave Mx”— y un expediente para cada ciudadano, propone  acceder a documentos e información de diversas dependencias para evitar duplicidad de procesos y documentos (lo que se conoce como “interoperabilidad”). Además, prevé la creación del Centro Nacional de Tecnología Pública, que se encargará de de desarrollar soluciones tecnológicas de código abierto para ponerlas a disposición de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y evitar la contratación de proveedores del  sector privado.

La LNETB se presenta como un esfuerzo modernizador con sello democrático, que se viste de participación y federalismo. Sin embargo, en su diseño se revelan tensiones entre la eficiencia y el respeto por principios como la obligación del Estado de garantizar derechos a sus ciudadanos o el propio federalismo. 

De hecho, incorpora mecanismos que concentran poder y debilitan los contrapesos institucionales. Obliga a estados y municipios a homologar trámites sin garantizar espacios de verdadera co-creación so pena de sanción bajo las leyes de responsabilidad de funcionarios públicos. Mantiene el Análisis de Impacto Regulatorio, pero lo vacía de contenido al permitir múltiples excepciones. También elimina canales clave de participación ciudadana, como el observatorio de mejora regulatoria y las consultas públicas sistemáticas que permiten construir regulaciones con base en la escucha de las necesidades de las comunidades. 

En una apuesta por la eficiencia como prioridad, la gran tentación es utilizar este andamiaje institucional para centralizar la toma de decisiones.

¿Qué es y cómo evitar el tecno-solucionismo autoritario?

Frente a los dos enfoques contrastantes expuestos anteriormente, las mejores prácticas internacionales ofrecen una guía valiosa frente a la inercia burocrática. 

La experiencia en otros países puede servir como inspiración para digitalizar con eficiencia sin poner en peligro la democracia. Estonia es líder mundial en gobierno digital. Uruguay ha logrado altos niveles de interoperabilidad estatal y participación ciudadana. Canadá ofrece un enfoque de gobernanza ética con un fuerte componente de equidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también ha establecido principios para lograr estos objetivos en clave democrática. Entre éstos se incluyen: liderazgos y compromisos institucionales con visión de largo plazo estratégica y continua; presupuestos plurianuales; diseño centrado en el usuario garantizando su privacidad; sinergias entre gobierno y sector privado; mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, generación de estadísticas para la evaluación, y uso de códigos y datos abiertos. 

Esos fundamentos permiten evitar lo que el autor Evgeny Morozov denomina “solucionismo tecnológico” ó “tecno-solucionismo autoritario”; es decir, la dependencia excesiva de la tecnología y la desvalorización de procesos democráticos y deliberativos. (Por cierto, recomiendo ampliamente escuchar su discurso en TedTalk sobre cómo el internet puede jugar en contra de las democracias y catalizar regímenes autoritarios y dictaduras.)

En este sentido, la LNETB puede tener el potencial de alinearse a estos principios. Las condiciones para que esto suceda no son pocas: se necesita una visión estratégica con liderazgo político sostenido, se requiere que su implementación preserve los principios democráticos. Serán indispensables, además, garantías técnicas de interoperabilidad de sistemas —o sea, comunicación entre las bases de datos de diferentes instancias— mediante estándares abiertos. 

Riesgos de adoptar tecnología sin estrategia de gobernanza

El riesgo de no hacerlo es caer en lo contrario —en un DOGE—, y puede ser muy riesgoso. Más allá de reducir trámites, estamos ante un nuevo paradigma del contrato social en el que es necesario repensar la relación del Estado con sus ciudadanos. 

El caso de DOGE, que prioriza la eficiencia, evidencia los riesgos de una adopción tecnológica sin marco institucional. Su despliegue es casi inhumano: pasa por alto la protección a las libertades y protecciones que garantizan el acceso, uso seguro y equitativo de las tecnologías digitales. Esto incluye proteger la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información en línea. Un sistema como DOGE probablemente generará litigios largos y onerosos para el Estado, y a su vez profundizará desigualdades sociales. Por ejemplo, se observan los efectos de la desaparición de la USAID en la desatención a grupos sociales como migrantes, personas discapacitadas o adultos mayores. 

Según el Informe de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas 2024, en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, México logró avances que lo colocan entre las 22 naciones que mejoraron su clasificación en este período. Para 2024, nuestro país ocupó el lugar 65 de 193 países. El país va por buen camino, pero podría retroceder si la LNETB no se implementa adecuadamente. Es decir, asegurando conectividad y acceso digital en todos los municipios; creando esquemas de gobernanza con participación pública, privada y social; fortaleciendo el marco legal para garantizar derechos digitales; midiendo resultados; y asegurando presupuestos multianuales.

Desde México Evalúa, junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el pasado 27 de mayo revisamos a fondo estos temas en un webinar que puedes consultar en esta liga.

En un mundo en el que la eficiencia y la tecnología redefinen la relación entre gobiernos y ciudadanos, México tiene la oportunidad de construir un modelo digital eficaz y garante de los derechos digitales.