Discurso de Mariana Campos en el Parlamento Abierto ante la Comisión de Energía
Ciudad de México, 2 de febrero de 2022
Señoras y señores legisladores;
Distinguidos integrantes del panel de discusión;
Estimados representantes de los medios;
Señoras y señores:
Agradezco a la Comisión de Energía de esta soberanía por su invitación al Parlamento Abierto.
Hago votos para que este ejercicio sea realmente abierto, para que los argumentos sean escuchados y para que todas las propuestas sean valoradas en su justa medida.
Acudo a este foro a nombre de México Evalúa, una organización de la sociedad civil especializada, profesional e independiente, con 12 años de trabajo comprobado a favor de la transparencia, la eficiencia y la honestidad en el gasto público.
El mensaje que quiero dejarles hoy es éste: no es ideología. No es política. No es llevarle la contraria a nadie. No hay dinero público que alcance para pagar esta reforma y tampoco tiene sentido hacerlo en los términos que se propone.
No fortalece a CFE y no resuelve los retos del sector.
Permítanme explicarles por qué
La reforma busca poner en marcha el viejo modelo de generación eléctrica en un contexto en el que la transición a energías limpias y renovables es urgente; un cuasi monopolio estatal que dejó de ser oficialmente viable hace 30 años por ser insuficiente. Hoy, los privados ya generan 62% de la energía electrica a nivel nacional, pero la actual reforma busca reducirla de tajo al 46% pero sin claridad en los términos de su participación.
Propone cancelar contratos de participación privada, que derivará en litigios y pago indemnizaciones valuadas en más de 60 mil millones de dólares, 20% del PEF por contratos cancelados de facto. Esto se traduce destrucción de valor.
El costo de la misma es limitar el desarrollo económico de la nación. En pesos esto es incalculable.
Otro inconveniente de esta propuesta, es que los privados actualmente generan electricidad a un costo 2 veces menor al de la CFE. No hace sentido producir electricidad a un mayor costo cuando se puede producir a uno menor.
Aumentar la participación de la CFE elevará costo del servicio eléctrico que los ciudadanos pagaremos sí o sí; vía mayores tarifas eléctricas o, si estas se mantienen estables, a través del subsidio que Hacienda le entrega a CFE con recursos del PEF financiado con nuestros impuestos.
El subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo real del servicio. Así es como esta empresa ofrece tarifas de servicio más accesibles a los clientes.
Pero no hay dinero que alcance, porque a pesar del tamaño de nuestra economía, México tiene un gobierno crónicamente pobre.
Hoy, México recauda el equivalente a 16.2% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio latinoamericano es de 23.1%.
30% menos
Por eso, sin importar el partido en el poder, tenemos un gobierno que tiene muy poco dinero para invertir.
El costo de oportunidad del recurso público es enorme. Cada peso que se destina a subsidiar la electricidad, deja de utilizarse en educación, salud, seguridad y otras necesidades apremiantes.
Hoy al gobierno ya no le dan las cuentas. En los últimos 20 años el gasto de pensiones aumentó de 1 a 5 puntos del producto y los ingresos no lo hicieron en la misma magnitid. La inversión publica ha sido desplazada y no se ha podido recuperar.
Revisemos los datos de 2021:
- La inversión física –excluyendo a Pemex– cayó 12%
- El gasto en salud se estancó. Los subsidios para financiar servicios del Insabi fueron 30% menores que el promedio observado entre 2012 y 2018.
- La inversión en escuelas acumuló tres años de caídas.
- La situación financiera de estados y municipios también se ha debilitado, porque las participaciones han caído respecto al sexenio anterior.
No hay dinero que alcance y por eso ni el Gobierno ni la CFE pueden prescindir de la inversión privada.
La situación fue tan crítica en 2021 que Hacienda dejó de otorgar subsidios mensuales a la CFE desde agosto, a pesar de que la empresa los necesitaba con urgencia. Los costos no financieros de la CFE crecieron en 50% frente a 2020 (por el incremento del precio del gas natural, luego de la contingencia climática en Texas).
A julio de 2021, los subsidios otorgados a la CFE llegaron al límite presupuestado de 70 mil 300 millones de pesos.
Dejar a CFE cinco meses sin subsidio, no tiene precedente histórico. Eso indica que el gobierno ya no tiene cómo darle más recursos a la CFE, es claro que no podrá financiar un mayor subsidio con los recursos actuales.
Como resultado de no apoyar a la CFE en 2021, la empresa se debilitó financieramente hablando, tuvo su peor balance desde 1990 y uno de los tres peores años de inversión de la última década.
La inversión de la CFE fue en picada: hoy es 15 por ciento menor que la registrada de 2010 a 2015, en parte porque los pasivos laborales de la empresa han vuelto a dispararse. Gasta más en pensiones que en inversión física.
No propone inversión para la transición energética.
Recordemos que, al echar abajo el régimen de jubilación de 2013, el costo de las obligaciones laborales se disparó 236 por ciento más en 2020 (127 mil millones de pesos), lo que derivó en un resultado de operación negativo; después de haber logrado dos años consecutivos de ganancia.
Las pérdidas de operación de la CFE, han hecho que su patrimonio se haya reducido 11 por ciento en términos reales.
Pero con esta reforma la CFE dejará de preocuparse por las pérdidas; 1) propone eliminar la obligación de la empresa de ser rentable, 2) no ofrecer un valor económico a la sociedad, 2) que Hacienda ya no revise su presupuesto y ) exceptuar a CFE de hacer el mejor uso del dinero público, artículo 134 constitucional.
En esos términos, no hay dinero que alcance.
La rendición de cuentas no puede exentarse cuando se trata de dinero público. Los ciudadanos merecemos y queremos el mayor valor a cambio del dinero público.
Si la iniciativa de reforma tuviera números sólidos, vendría acompañada de un plan de financiamiento claro y viable.
Ese plan tendría que contemplar una ambiciosa reforma fiscal para aumentar la recaudación en serio y destinar esos recursos a la CFE. Pero no es así.
La recaudación tributaria a la mitad de este sexenio se mantiene estancada. Y la economía indica que así seguirá, el presupuesto para 2022 se programó considerando un crecimiento económico de 4.1%, pero todos los analistas ya han reducido sus estimados.
Las perspectivas de crecimiento en los años venideros tampoco son halagadoras. Se estima que hasta 2024, si todo marcha bien, la economía será apenas del mismo tamaño que en 2018.
Hoy estamos, contra todo deseo, en un estado de estanflación: estancamiento con inflación. Pero está reforma propone seguir subsidiando un aumento en los costos de generación de electricidad.
El balance después de transferencias de la CFE promedió 53 mil 700 millones de pesos de 2016 a 2020, pero gracias a que en promedio recibió 72 mil 900 millones de subsidio financiado con nuestros impuestos.
Para mantener ese balance promedio en 2021, el Gobierno hubiera tenido que otorgar a la CFE un monto de subsidio 56% mayor al observado o 114 mil millones de pesos en transferencias, este monto es equivalente a todo el presupuesto de la Sedena, el financiamiento de las universidades estatales o tres cuartas partes del de la Secretaría de Salud.
En suma, sin más impuestos, sin más recursos provenientes de fondos y fideicomisos agotados y sin aumentar las tarifas, la única forma de financiar esta iniciativa de reforma es la deuda.
Limitar la inversión privada -que ya participa activamente en el sector- sin un plan de financiamiento público esta reforma se traduce en una disminución en la inversión del sector. Impensable cuando se requiere lo contrario para ser un destino atractivo a la inversión y urgir la transición a energías limpias y renovables.
La buena noticia es que la prospectiva sobre el sector eléctrico es muy alentadora, me parece que se subestima el crecimiento de la demanda por electricidad, no crecerá 3-4%, sino exponencialmente, como resultado de distintas transiciones, por ejemplo: 1) descarbonización de la economía 2) digitalización de la economía, 3) la crisis hídrica, y 4) la electromovilidad.
Entonces la reforma debería ampliar y no limitar la generación de electricidad. Habrá mercado suficiente para los privados y para la CFE, pero la empresa estatal debe seguir ofreciendo valor económico y estar dispuesta a competir: mejorando su costo-eficiencia, invirtiendo más, identificando modos sostenibles para capitalizarse como la emisión de acciones, compartiendo riesgos con los privados en lugar de eliminarlos, transitando a los privados al mercado eléctrico mayorista que ya está operando y reanudar las subastas.
Por todo lo anterior, consideramos que la reforma eléctrica, en los términos en los que está planteada debe ser rechazada por esta soberanía.
Muchas gracias por su atención.
