¿Qué significa la violencia criminal para las elecciones y cómo ha afectado a la decisión del votante? Este estudio revela cómo las tácticas que utiliza la delincuencia organizada vulneran las instituciones democráticas e intervienen en la administración pública en nuestro país.

Estudio realizado por Céline González (@celinefa) y Sandra Ley (@sjleyg), del Programa de Seguridad de México Evalúa, en conjunto con Data Cívica y Animal Político

A lo largo de casi dos décadas, el crimen organizado ha diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local mexicana. Desde 2006, elección tras elección, observamos un número creciente de ataques directos a autoridades electas, personas funcionarias, candidatas y militantes de partidos políticos.

Mientras que en el periodo de 2006 a 2012 se contabilizaron 311 ataques de este tipo con tales grupos de víctimas, para el periodo 2018-2023 se observan cerca de 836 de estos eventos —además de cientos de ataques adicionales dirigidos a integrantes de fuerzas del orden y familiares de funcionarios—. Es decir, en el transcurso de diez años, casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, cuyos objetivos son diversos: la multiplicación y consolidación de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos, y la recopilación de información sobre lo que ocurre en los territorios bajo su control, entre otros.

Dada la evidencia preliminar sobre la incidencia que el crimen organizado busca tener en los procesos electorales y sus resultados asociados, así como el creciente uso de violencia directa contra los principales protagonistas de las elecciones, resulta fundamental examinar de manera sistemática las afectaciones de tales ataques en el periodo más reciente. Es urgente empezar a evaluar el saldo que esta violencia ya ha dejado tanto para la institución democrática por excelencia —las elecciones— como para la administración pública misma. Tal es el propósito de este reporte que atiende un conjunto de preguntas relacionadas: 

¿Qué significa la violencia criminal para la organización de las elecciones? ¿Cómo ha afectado el crimen organizado a la decisión del votante para salir a votar y ejercer el derecho ciudadano de expresar sus preferencias electorales? Pasado el proceso electoral, ¿qué ocurre una vez que los grupos criminales han logrado amedrentar al conjunto del aparato de un gobierno municipal? ¿Cuáles han sido las afectaciones de los ataques contra autoridades en el desarrollo y seguridad de los municipios mexicanos?

Para responder a estas preguntas, primero, presentamos la base de datos Votar entre Balas que Data Cívica ha construido, en conjunto con el equipo del Programa de Seguridad de México Evalúa, sobre los ataques del crimen organizado contra autoridades y partidos políticos en México, durante el periodo 2018–2023. A partir de este conjunto de información, mostramos las principales características y tendencias de la violencia político-criminal. A continuación, analizamos las implicaciones de tales ataques para la democracia, enfocándonos en el papel de las personas funcionarias de casilla y la participación electoral. Tras evaluar la relación entre violencia y elecciones, examinamos el rastro que los ataques del crimen organizado han dejado más allá de los procesos electorales. Nuestro enfoque está en la provisión de seguridad como bien público esencial del Estado.

La recolección de datos que Votar entre Balas continuará realizando en los años subsecuentes, así como la serie de reportajes periodísticos, realizados por el equipo de Animal Político, y que acompañará a este análisis en etapas posteriores, nos permitirá seguir abonando en tal análisis.