Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Tenemos un lobo feroz que le sopla a nuestras instituciones y las hace tambalear. Hago alusión al cuento infantil de los Tres Chanchitos que buscaban resguardo en casas construidas con distintos materiales. El Lobo sopló y tiró algunas, hasta que nuestros personajes encontraron refugio en una edificación tan bien plantada que no pudo ser derribada.

Este cuento me parece idóneo para describir lo que estamos viviendo. El Lobo lo representa el presidente de la República en funciones, como pudo hacerlo cualquier mandatario anterior. Los Tres Chanchitos somos nosotros, que buscamos construir una casa con sólidos cimientos para protegernos del abuso. Si no tenemos una construcción resistente, nos atrapan y nos comen. Esto ya no es una alegoría, es la realidad.

El presidente de la República sopla, sopla y acosa a las instituciones de control y rendición de cuentas porque, argumenta, son construcciones fallidas, producto de la simulación. Pero no tiene una propuesta alternativa para conseguir que estas instituciones protejan de mejor forma a los personajes principales, que somos todos los ciudadanos.

El último episodio lo protagoniza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Como si el guion lo hubiera escrito alguien que busca desacreditarla, la ASF presentó datos contestables en su informe de la Cuenta Pública 2019. Hizo pública información de la que su propio titular se siente apenado.

Pero más allá de la controversia está la propia reputación de la ASF en la tarea de fiscalización de los recursos públicos. Ésta es una institución con paredes más gruesas de lo que percibimos.

El cálculo en disputa tiene que ver con el costo al erario que supone la cancelación del aeropuerto de Texcoco. La información que se dio a conocer en primera instancia es escandalosa. Es el Fobaproa de la era AMLO. Ya sea que se trate de información precisa o sólo cercana a la realidad, el presidente le está imponiendo a los contribuyentes lo que él mismo repudió hasta el cansancio con el rescate bancario de 1994: sufragar una enorme cantidad de recursos públicos para perseguir un interés singular. En el caso del Fobaproa, el rescate del sistema bancario —de una manera más atrabancada que corrupta—; en el caso del NAICM, sostener una decisión de poder. Un “Yo mando” por encima de cualquier otra consideración.

Lo que se tiene que verificar en estos días es ese ‘primer cálculo’, por supuesto, y corregirlo si es necesario. Pero más allá de la controversia está la propia reputación de la ASF en la tarea de fiscalización de los recursos públicos. Ésta es una institución con paredes más gruesas de lo que percibimos. No puede ser derribada por un soplido del Ejecutivo federal. En los hechos, sin embargo, es importante que el auditor mayor asuma una postura. Me encantaría preguntarle qué quiere que suceda. Si él tiene un interés político ulterior a su labor como auditor, entonces no hay conversación posible; si quiere poner a la institución por encima de cualquier otra consideración, entonces hay muchas tareas conjuntas por delante.

En días recientes México Evalúa, la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey y Transparencia Mexicana presentamos un documento que plantea 15 acciones para mejorar la fiscalización del gasto público en este país. El documento se puede leer a través de distintos lentes. Uno técnico; otro político. Me inclino por el segundo, sin desdeñar, por supuesto, el aspecto técnico. Lo político tiene que ver con los pasos que tiene que dar el auditor para salir del atolladero. Yo le suplicaría que no tomara el camino del sometimiento al Ejecutivo. La verdad es que no es difícil caer en la tentación. El presidente popular que ocupa la tribuna mañanera todos los días tiene el poder de encumbrar o destruir reputaciones en un santiamén. Pero caer en ese juego es traicionar el mandato de la propia Auditoría, que está diseñada para resistir esas trampas. Lo que nuestro documento ofrece al auditor es una vía distinta: apoyarse en una red ciudadana para avanzar en su función.

En efecto, en los 15 puntos propuestos se intenta construir una agenda de transparencia y rendición de cuentas con los ciudadanos. Se muestra la conveniencia de que el trabajo de la Auditoría pueda ser entendido por un núcleo mayor que el de los interesados de siempre. ¿Qué proponemos? Que el plan anual de auditorías sea transparente en sus criterios; que los ciudadanos podamos comentar sobre lo propuesto y que queden claros los criterios de selección de los proyectos que serán auditados, así como el tipo de auditorías que se les debe aplicar. Nada de esto es claro el día de hoy.

Y como dice el dicho, no se puede estar bien con Dios o con el Diablo. Lo que propongo al auditor es que esté bien con el ciudadano, al que debe su trabajo. Si hay titubeo en este punto, el escenario es ominoso, pues el auditor se sujetará al criterio del presidente y éste es veleidoso, como el de cualquiera de los otros presidentes que hemos tenido. Su futuro será incierto, lo mismo que la casa que alberga, que es la de todos los ciudadanos.

Mi recomendación, en corto: las paredes de la ASF serán más resistentes al soplido del Ejecutivo si éstas se sostienen con el apoyo ciudadano. Estimado auditor, no se equivoque.