¡Cuánto interés en los poderes judiciales!
Edna Jaime (@EdnaJaime)| El Financiero
Sostengo que este país va a cambiar cuando reforme cabalmente su sector justicia. Un ámbito que en muchos sentidos se quedó congelado en el tiempo, mientras el país se modernizaba en otros sectores. Ese atraso explica en buena medida la debilidad de nuestro Estado de derecho; la creciente desconfianza a la autoridad que abreva de su disfuncionalidad y la conflictividad social, también en aumento. Afirma la exministra Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que gobernabilidad y justicia están íntimamente relacionadas. Y no puedo estar más de acuerdo. La gobernabilidad de este país se verá comprometida (más bien, está siendo comprometida) por la ausencia de acceso efectivo a la justicia. El rezago cobra facturas.
Esta administración y la actual legislatura están particularmente obsesionados con los poderes judiciales. Se ha manipulado el reflector de manera que éstos queden más expuestos por temas de sueldos y prestaciones que se consideran excesivos. O por corrupción, nepotismo, ineficacia… Si hay un eslabón sobreatendido en estos días en la cadena de justicia es, precisamente, el judicial.
En el primer año de esta legislatura se han presentado más de 35 iniciativas de ley que de una u otra manera tocan a los poderes judiciales de este país. Algunas de éstas bien orientadas a fortalecer el gobierno judicial y su independencia, a fomentar la paridad de género en el ámbito jurisdiccional o fortalecer la carrera judicial, entre otras consideraciones relevantes. Otras más, sin embargo, parecen disparos al aire, sin otro objetivo que generar un clima hostil hacia este poder que tiene una tarea fundamental de contrapeso en estos momentos.
Es imposible enumerar cada una de las 35 iniciativas presentadas. Algunas de ellas son muy controvertidas, como la que propone crear una tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dedicada a la materia anticorrupción. Propuesta que quedó inmediatamente descalificada por personas muy autorizadas en el tema y en el gremio. Hay un bonche más que, en el mejor de los casos, pretende atender un síntoma pero no las causas del problema detectado. Pondría en este cajón la iniciativa que plantea aplicar exámenes de control de confianza a jueces y magistrados, incluidos exámenes toxicológicos o la que propone el cambio de adscripción de jueces cada tres o seis años. No puedo mencionarlas todas aquí, pero con esto nos podemos dar cuenta de lo que está sobre la plancha legislativa en este tema.
Esta prolífica producción legislativa no ha contado con las opiniones de los integrantes de los órganos jurisdiccionales. Mala práctica desde cualquier punto de vista. Esto abona a un ambiente en el que parece que a los poderes judiciales se les sienta en el banquillo de los acusados, se les señala y alguien con una pretendida superioridad moral les da lecciones sobre cómo comportarse.
Parece que no hay un ánimo de construir partiendo de un buen entendimiento del problema, de las abismales diferencias que existe entre la justicia a nivel federal y la local, y también de las enormes distancias entre ellas mismas. No se rescatan las buenas prácticas, –que sí existen–. Y todo se pone en el mismo costal.
Más importante, considero que en estas iniciativas no hay una visión que articule los diversos planteamientos. Son más bien reacciones a las modas del momento.
Con esto no quiero soslayar la necesidad de reformas en los poderes judiciales. Algunos de ellos pueden estar colonizados por otros intereses. Hay corrupción. También nepotismo. Y una respuesta al ciudadano muy por debajo de su expectativa. Por eso, cuando expresa su opinión sobre los poderes judiciales, ésta refleja una baja estima.
Por esto, no me queda duda de que hay que mover a los poderes judiciales del statu quo para hacerlos mejores. Para ello necesitamos que surja un debate de calidad en el que participen los más autorizados.
Ésta fue la razón por la que el colectivo #LoJustoEsqueSepas, del cual México Evalúa forma parte, convocó a un primer foro para discutir estos temas. Para nosotras resultaba importante visibilizar lo que está en juego, y tomar así las mejores decisiones legislativas.
Coincido plenamente con la secretaria Sánchez Cordero cuando afirma que justicia y gobernabilidad van de la mano. Su entendimiento sobre lo que la justicia procura para una sociedad es la mejor guía para que estos procesos se conduzcan adecuadamente. Para evitar que con el manoseo de leyes se vulnere la independencia judicial, y en lugar de fortalecerla, la debilite. Eso es lo que menos necesita este país en este momento.