Con retrasos y pendientes inicia la fiscalización del gobierno de López Obrador

• La ASF llega a la fiscalización de la Cuenta Pública con grandes pendientes en su desempeño: 90% de las presuntas irregularidades detectadas no se confirmaron o están en seguimiento.
• Sólo 1 de cada de 10 observaciones presuntas irregularidades terminan con responsabilidad patrimonial, lo que lleva a recuperar sólo 11% de los activos desviados.
• Son prácticamente nulos los avances en la sanción de los delitos de corrupción que la ASF detecta producto de sus auditorías: 98% están curso.
• No hay un involucramiento claro y decidido de la Cámara de Diputados en el trabajo que realiza la ASF: menos del 30% de las comisiones ordinarias, en el mejor de los casos, opinan sobre el informe de resultados.
• La Escuela de Gobierno y de Transformación pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa presentan La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías, un documento que da cuenta de las fallas de esta institución en el cumplimiento de su rol en la lucha anticorrupción.

28 de octubre de 2020

El pasado 30 de junio, la Auditoría debió de presentar el primer informe de la Cuenta Pública (CP) 2019, la primera revisión al gobierno de AMLO y de los gobiernos estatales electos también en 2018. Sin embargo, la ASF aplazó la entrega a octubre, argumentando dificultades por la emergencia sanitaria por covid-19. Del oficio que la ASF envió a los diputados en junio, se desprende que de las 221 auditorías iniciadas –17.2% de su Plan Anual– ninguna había concluido. Así, la Cámara de Diputados no ha recibido ningún informe de auditoría en medio de la discusión del Paquete Económico 2021.

Los retrasos en la entrega de informes de auditoría no son nuevos: el 48% de los informes de la CP 2018 –con los resultados de la revisión de un presupuesto aprobado en 2017 ejecutado en 2018 y fiscalizado en 2019– llegaron a la Cámara de Diputados hasta febrero de 2020. “Los retrasos de la ASF ocasionan que la información resulte poco oportuna para que los legisladores tomen mejores decisiones, tanto en su labor de contrapeso en la revisión del ejercicio del gasto público, como en la definición de presupuestos más responsables”, señaló Edna Jaime, directora de México Evalúa.

En comparación con 2018, cuando la última cuenta pública de la administración de Enrique Peña Nieto, la primera revisión de la nueva administración contempla 29% menos auditorías, afectando así la cobertura de la fiscalización.

En su Plan Anual de Auditorías 2019, la ASF determinó que una de cada cuatro auditorías (339) se harán al gobierno federal. El 65% de estos ejercicios de fiscalización se hará bajo el enfoque de cumplimiento financiero, 25% serán de desempeño, 4% corresponden a estudios y evaluaciones, 3% a un enfoque mixto de cumplimiento y desempeño y sólo 3% a auditorías forenses.

“Con la decisión de no hacer auditorías forenses para el NACIM y para los proyectos prioritarios de AMLO, la ASF se hace de la vista gorda. Así, nos quedamos sin posibilidades de detectar y desarticular redes de corrupción”, comentó Marco Antonio Fernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa.

En el caso de la cancelación del controvertido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y a pesar de los montos involucrados y de las acusaciones sobre irregularidades, la ASF optó por realizar una auditoría de desempeño y no una forense, la cual permitiría detectar casos corrupción y responsables por daños patrimoniales. Esta práctica se ha observado en otras cuentas públicas, como con el caso Fertinal para 2015 y 2016, ocasionando que las acciones de la ASF derivaran en impunidad para la red de corrupción que operó al más alto nivel en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las auditorías forenses son de suma importancia y se esperaría que los auditores especiales recomendaran al auditor superior ajustes adicionales al plan de 2019 y así hacer una revisión forense del nuevo aeropuerto, el Tren Maya, el programa La Escuela es Nuestra y la adquisición de medicinas y material médico.

El documento analiza la presentación de denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República, rubro en el que la ASF tiene prácticamente nulos resultados. De la revisión de las CP 1998 a 2017, se detectó que la ASF presentó un total de 1,004 denuncias, de las cuales sólo 22 (2.2%) han causado sentencia, sin que se conozca si las sentencias confirmaron los delitos denunciados por la ASF.

En cuanto a las acciones —recomendaciones, responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales— determinadas para las cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018, el documento señala que 1 de cada 5 auditorías practicadas (1,169) concluyeron sin acciones. En el caso de las auditorías al rubro de gasto de fondos, aportaciones y participaciones federales, 1 de cada 4 concluyó sin observaciones. Este hallazgo trae a cuenta uno de los grandes retos de la fiscalización: la revisión a las entidades federativas, municipios, así como poderes y órganos autónomos locales.

Además, entre 2000 y 2018, la ASF determinó probables afectaciones al erario por más de 2 billones de pesos. Sin embargo, 89% no se han confirmado, por lo que sólo 11 de cada 100 pesos de las afectaciones son recuperadas para las arcas del Estado mexicano.

A partir de 2016, tras los escándalos por mal uso de recursos públicos a nivel subnacional, el mandato de la ASF se amplió para incluir la revisión del uso de los recursos federales transferidos a los gobiernos estatales y municipales, pero esto no se acompañó de una ampliación sustantiva en su presupuesto y sólo recibió un incremento de 6.8%. Para 2018 y 2019, esta situación empeoró con ajustes de 0.9% y de -0.4%, respectivamente.

De acuerdo con la información de la ASF para el ejercicio fiscal 2019, el total de recursos transferidos a las entidades y municipios es de 1.9 billones de pesos, equivalente a 33.1% del PEF. Las restricciones técnicas, así como recursos financieros y humanos acotados obligan a la Auditoría a reformular la estrategia para cumplir su mandato: debe definir criterios de fiscalización sustentados en muestreos representativos —tanto para la determinación de auditorías como para la revisión de información en la ejecución de auditorías y el seguimiento de acciones— y análisis de riesgos, así como un esquema de coordinación transversal más eficiente con las dependencias encargadas del control interno y las entidades de fiscalización estatales.

“Más que reformas legales para dar atribuciones adicionales a la ASF, el estudio demuestra que lo que se requiere es fortalecer urgentemente el desempeño de su trabajo para que haya consecuencias que disuadan a quienes hagan mal uso de los recursos públicos”, señaló Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

Ante las debilidades de la ASF, hacemos un llamado para que los diputados eleven los parámetros de exigencia a esta institución. Se requiere que la Comisión de Vigilancia exija mayor rendición de cuentas sobre el desempeño de la Auditoría y la entrega oportuna de sus reportes.

Para más información o solicitud de entrevistas con los autores del estudio favor de contactar a Daniela Gómez Ocampo, Directora de Vinculación Estratégica de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, en el teléfono celular 55 36 66 42 73 o en el correo daniela.ocampo@tec.mx .  También puede contactarse a Cynthia Castañeda, coordinadora de comunicación de México Evalúa en el teléfono celular 55 23 02 9582 en el correo cynthia.castaneda@mexicoevalua.org