¿Chiapas en la antesala de la violencia? Un diagnóstico previo

Al parecer, la estrategia de seguridad del nuevo gobernador de Chiapas ha logrado contener a la delincuencia mediante la creación de un grupo policial especial. No obstante, la relativa calma actual podría desaparecer…

Por Armando Vargas (@BaVargash) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) | Programa de Seguridad
Publicado en: El Sol de México

Durante 2024, Chiapas fue una entidad disputada con violencia por diversas organizaciones criminales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Chiapas-Guatemala y el Cártel de los Huistas (de Huehuetenango, Guatemala), entre otras, pelean por el control de puntos clave para el ingreso de cocaína desde Centroamérica hacia México, el tráfico de personas y el reclutamiento forzado de migrantes. Para distribuir el producto (sean drogas o personas) tanto en el mercado nacional como en la frontera norte, utilizan rutas terrestres, aéreas y marítimas.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte de México Evalúa “Violencia y Pacificación”, de enero a mayo de 2025, Chiapas ha mostrado un balance positivo en relación con la violencia homicida. Su tasa por cada 100 mil habitantes es de 12.3, cifra no sólo inferior al promedio nacional de 27.7, sino que muestra una disminución del 26% respecto del mismo periodo de 2024, según datos recabados de instancias oficiales. Es decir, a pesar del conflicto entre grupos criminales, la entidad en lo que va del año aún no se encuentra desbordada, ni en términos de violencia letal ni en la explotación de mercados ilícitos.

Podemos decir que la estrategia de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar —quien asumió el cargo a fines del año pasado, por parte de Morena—, ha logrado contener a la delincuencia mediante la creación de un grupo policial especial destinado a combatir al crimen organizado: la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). No obstante, la relativa calma actual podría desaparecer si no se atiende pronto el proceso de reacomodo entre las organizaciones criminales en la región.

Un operativo que se salió de control

A continuación, se detallan algunos hechos relevantes:

El 2 de junio, cinco policías estatales —cuatro hombres y una mujer— fueron asesinados y calcinados dentro de una patrulla en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas. El ataque dejó más de 700 casquillos de armas de largo calibre. Ninguna organización se adjudicó la autoría.

Como respuesta, el 3 de junio, los Pakales (como se les conoce a los agentes de la FRIP) desplegaron un operativo en la localidad chiapaneca de Sabinalito. Durante la redada, una ciudadana grabó y transmitió en vivo los abusos cometidos por esta corporación, incluyendo privaciones ilegales de la libertad y torturas físicas para obtener confesiones. A medida que la transmisión avanzaba, la comunidad comenzó a acusar a los Pakales de estar infiltrados por el Cártel de Sinaloa. Ante los gritos de los pobladores, los elementos de la FRIP respondieron disparando sus armas, lo que provocó pánico y obligó a la comunidad a refugiarse.

El 8 de junio, en Frontera Comalapa, elementos de la FRIP se enfrentaron a supuestos sicarios, cuatro de los cuales perdieron la vida. Los sobrevivientes se refugiaron en Guatemala, lo que tensó las relaciones diplomáticas entre México y ese país.

A partir de estos hechos, se desprenden tres puntos clave para el análisis: la porosidad de la frontera sur, los peligros de militarizar la seguridad pública y la necesaria legitimidad de la policía para el trabajo comunitario.

Se necesitan cuerpos policiales civiles, con respaldo ciudadano

La facilidad con que las organizaciones criminales atraviesan la frontera sur debe ser una llamada de atención para las autoridades. Es evidente que la acumulación de organizaciones rivales y de mercados ilícitos en un mismo territorio genera condiciones propicias para el desbordamiento de la violencia, como ya lo evidencian estados como Zacatecas, Guanajuato y Querétaro, donde diversas organizaciones disputan el control de múltiples áreas de negocio. Además, la frontera sur se ha convertido en un punto neurálgico para el reclutamiento de personas, lo que fortalece a las organizaciones criminales.

Por otro lado, la respuesta de los Pakales —disparar contra la población— nos lleva a preguntarnos si provino de una serie de decisiones equivocadas de parte de los elementos policiales, o si ese actuar refleja el mandato bajo el que este grupo va a operar. Lo cierto es que esta corporación tiene un marcado enfoque de “mano dura” y disciplina militar, lo que añade una capa adicional de violencia en la región. Finalmente, no existe policía que funcione si no cuenta con al menos un mínimo de confianza de la ciudadanía, y en este caso, la población no mostró confianza en los Pakales, especialmente por las acusaciones de infiltración del Cártel de Sinaloa.

Discutir las condiciones de seguridad en cada entidad implica un esfuerzo por fortalecer las policías civiles, capacitadas y profesionales, así como explorar mecanismos de política pública que no dependan de la militarización para enfrentar la actividad delictiva.

Desde una perspectiva de prevención situacional, si la confluencia de grupos criminales es una precondición para la violencia, lo ideal sería contener la llegada a Chiapas de organizaciones extranjeras. Esto se logrará de mejor manera no con militares que reaccionan de manera desproporcionada, sino con cuerpos policiales civiles, empoderados por el respaldo ciudadano, realizando operativos constantes en la frontera.