Para que la ciudad sea un lugar de derechos para todos, es necesario que cuente con una estructura de gobierno que funcione.

Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Universal

Pasan los días y se acerca la fecha en que deberá quedar confeccionada la Constitución para la Ciudad de México. No conozco los detalles de la deliberación que transcurre en el seno del Constituyente, más allá de que ésta ha sido desordenada, sin reglas que le den estructura al procesamiento de dicho documento. Aun así, todo parecería indicar que no hay una oposición significativa al proyecto de constitución que se discute y es probable que lleguemos a la fecha de su aprobación sin una alternativa viable.

De ser así, el próximo año la CDMX tendrá un problema más: cómo operar con una constitución que en realidad es un documento político, que establece un catálogo abigarrado de derechos, pero no regula de manera clara y efectiva los principales aspectos del gobierno de la ciudad y su financiamiento.

Por lo que se ha visto, es difícil entonces esperar una oposición dura que logre presentar un proyecto alternativo. La pregunta es si es viable replantear algunos de los componentes del proyecto que se discute para mitigar sus riesgos. Si no hay de otra más que trabajar con lo que hay, sería muy deseable que los constituyentes se abocaran a cambiar los términos de la discusión. Esto es, dejar en paz lo relacionado con los derechos (que, además, ya están considerados en el orden federal) para entrarle de lleno a lo que haría posible sostenerlos. Me refiero a la organización del nuevo gobierno, su estructura y, de manera central, sus mecanismos de financiamiento. Porque como lo argumentan de manera magistral Cass Sustein y Stephen Holmes en su libro “El costo de los derechos”, detrás de nuestro derecho a la libre expresión, existe un Estado fuerte que lo hace valer. Detrás de nuestro derecho de acceso a la salud, está una estructura de gobierno que sabe organizarse y financiarse bien. Detrás de la libertad también hay Estado, dotado de recursos para velar por esa condición.

Y es precisamente en el anverso de la moneda de los derechos prometidos donde el proyecto de constitución hace agua. Sus redactores se sintieron inspirados al encontrarse frente al lienzo en blanco y quisieron adelantarse a los tiempos garantizando inclusive el derecho a una sexualidad plena. Pero el documento es retórica, sino es que demagogia, si no se plantean los mecanismos de gobernanza para la ciudad que le permitan funcionalidad, capacidad de gestión y de provisión de servicios de calidad. Comenzando con los elementales que son la seguridad, el acceso a la justicia, la movilidad.

Para que la ciudad sea un lugar de derechos para todos, es necesario que cuente con una estructura de gobierno que funcione, que establezca las condiciones para un desempeño económico vigoroso que permita la generación de riqueza. Y de mecanismos de financiamiento que permita la innovación dentro de un esquema de federalismo fiscal plagado de problemas. Si no se resuelve este otro lado de la moneda, la ciudad irá descomponiéndose poco a poco, perdiendo atractivo, vitalidad, con costos enormes para quienes habitan en ella y para el país.

Bien harían los constituyentes si le echaran un ojo al proyecto de constitución que se formuló para el Distrito de Columbia (DC), sede de los poderes federales de nuestro país vecino. Se trata de un documento de 34 páginas. Su sección de derechos fundamentales contiene un listado de sólo 10 con una descripción clara de cada uno de ellos. Cuenta también con una sección que plantea la organización del gobierno y los tres poderes y dedica una amplia sección, bastante más extensa que aquella dedicada a derechos, a regular el presupuesto local y la administración de los recursos públicos. En suma, regula los principales aspectos para el funcionamiento del gobierno de manera breve clara y concisa.

Todavía estamos a tiempo de corregir los problemas con el proyecto de Constitución que ahora se discute. Ojalá que se actúe con responsabilidad. Estamos en cuenta regresiva.