Trámites: freno para la microempresa latinoamericana

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Sol de México

Uno de los factores que más inciden en la fragilidad de los negocios que emplean a 10 trabajadores o menos es la enorme carga en tiempo, trabajo y recursos que supone el cumplimiento de trámites, cuando toda esa energía podrían invertirla en expandir sus ventas y crecer. Así lo revela el Índice de Burocracia 2022, que realizamos desde México Evalúa en equipo con 11 think tanks de Latinoamérica, coordinados por la oficina regional de Atlas Network bajo la batuta de Roberto Salinas, un admirado e incansable promotor de la libertad económica.

Hablar de micronegocios es adentrarnos en el mundo de la gente común que se gana el pan sorteando numerosos obstáculos. Ser dueño de un pequeño negocio formal en América Latina puede ser un martirio, pero son indispensables: engrosan el 99% de las empresas de la región y emplean, según la CEPAL, al 67% de los trabajadores. Son ellos, los que pasan desapercibidos para los medios de comunicación y para la mayoría de las políticas públicas, los asfixiados en un mar de permisos, licencias, declaraciones, formatos, procesos e impuestos, que les consumen en promedio un tercio de su tiempo cada año.

Hay que precisar, sin embargo, que las normas y los trámites son ineludibles. El Estado debe fungir como regulador de la competencia económica, garante del orden público y de la seguridad, y protector de derechos tan importantes como los laborales o los del consumidor. Por ello, distinguir entre regulaciones positivas y negativas es capital. Los gobiernos deben evaluar las regulaciones que sí funcionan y desechar aquéllas que crean más problemas de los que solucionan, por ejemplo, los que generan corrupción, principalmente expresada en sobornos, fraudes y trampas en procesos de licitación.

De toda la región, solamente Brasil ha logrado resultados admirables: sus micronegocios dedican aproximadamente 180 horas anuales o 22.5 jornadas laborales a cumplir obligaciones legales y regulatorias. ¿Qué se hizo bien allí? Ciertas reformas legales y administrativas tienen algo que ver: desde 2018, se han simplificado y digitalizado los requisitos para crear y desarrollar los pequeños negocios –se les facilitan los procesos para exportar, por ejemplo–.

¿Y qué ocurre en el resto de países? Los negocios navegan en un pantano promedio de 500 horas anuales (63 jornadas) dedicadas a estos menesteres. En el extremo encontramos a países como Argentina o Venezuela, cuyos negocios pequeños destinan entre 900 y 1,000 horas anuales a estas labores.

Una solución que se ha puesto de moda para reducir las cargas burocráticas es la digitalización. Los gobiernos, México incluido, han invertido en soluciones tecnológicas para la simplificación administrativa. Sin embargo, en el Índice observamos que ello también puede provocar retrocesos. Por ejemplo, trámites, otrora digitales, se convierten en híbridos en la realidad, con la dificultad para obtener citas presenciales en las que se obtienen firmas digitales, o el mayor absurdo: el surgimiento de ‘filas virtuales’ que requieren de ‘gestorías especializadas’ –dícese, sobornos– para avanzar en los largos tiempos de espera. Por descontado, hay países o lugares donde la débil conectividad orilla al empresario a regresar al llenado manual de formatos y pago en ventanillas.

El Índice de Burocracia es un punto de partida. Hace falta conocer mejor la experiencia de los contribuyentes y usuarios, compilar información mediante encuestas de satisfacción y crear sinergias entre Gobierno y empresas para visibilizar y resolver un fenómeno que afecta a las principales fuentes de empleo de nuestros países.