Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Me lo pregunto porque no ha podido disuadir, arrinconar, detener a criminales con alto poder de fuego y disrupción. La Guardia Nacional parece estar en todo menos en lo importante. Recordemos que es el instrumento de reacción del Gobierno federal. No es el recurso de última instancia (para eso están las Fuerzas Armadas), pero casi. El presidente nos dijo que la Policía Federal era corrupta y que por eso había que emprender el esfuerzo de construir algo nuevo prácticamente de la nada. A tres años del inicio de este esfuerzo, la Guardia Nacional parece que no está en donde debería estar. ¿Dónde sí está, qué hace? No lo sabemos.

Que nos falte esta información no es peccata minuta. Es el signo de una falta sustantiva. Una democracia se define, entre otras cosas, porque las instituciones de Estado tienen responsabilidad de rendir cuentas a los ciudadanos. Y se sujetan a mecanismos de control, sobre todo aquéllas que ejercen el monopolio de la fuerza física. Si los agentes del Estado que portan armas no tienen controles, no rinden cuentas, los derechos están en riesgo.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado organizó una serie de jornadas para hacer un balance sobre la Guardia Nacional, de cara a lo que se avecina si el presidente presenta una propuesta para reformarla. Fueron jornadas muy bien estructuradas, donde se pusieron argumentos muy interesantes sobre la mesa. No tengo claro si el presidente presentará la iniciativa a la que se comprometió como una de sus prioridades. Los tiempos de esta administración están en cuenta regresiva y aunque el presidente busque obtener oxígeno suplementario con la consulta de revocación de mandato, éste es un tema que va a requerir mucho de lo que le queda de capital político.

Mientras los recursos se van a la Guardia Nacional –que se debate en sus indefiniciones de origen: si es un cuerpo castrense o civil–, la institucionalidad civil está descobijada…

Si me preguntan mi balance sobre la Guardia Nacional, respondería que es negativo o está en duda. No quisiera que mi postura se interpretara como una crítica a nuestras Fuerzas Armadas. Simplemente pienso que el mundo civil tiene una lógica distinta al militar. Y si a las Fuerzas Armadas se les obliga o incursionan por voluntad propia en lo civil, deben cumplir con las reglas del juego de los controles democráticos. Y no lo están haciendo. No necesito decir más para poner un signo de interrogación sobre su actuación. Y también para subrayar sus riesgos.

Les pongo un ejemplo. Distintas organizaciones de sociedad civil, incluyendo a México Evalúa, hemos solicitado información para entender la lógica detrás de su despliegue territorial. Son preguntas básicas: ¿cuáles son los criterios para dividir al país en 266 áreas geográficas, que sirven de base para su despliegue?, ¿cuántos elementos se disponen en cada una de ellas? Para estas y otras preguntas hemos tenido una sola respuesta: “Es información reservada por cuestiones de seguridad nacional”.

Con la poca información disponible, podemos observar que estados vecinos como Durango y Zacatecas, con tasas tan dispares –9.0 y 99.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente–, cuentan con un número similar de coordinaciones regionales en su territorio: cinco en Durango y solamente seis en Zacatecas. ¿Por qué? ¡No lo sabemos!

Comentaba Alejandro Hope en la sesión de la mesa que compartimos en el Senado que se plantea para Zacatecas un despliegue adicional de 240 elementos de la Guardia Nacional, dada su situación crítica de violencia. Al mismo tiempo se tiene considerado establecer 16 cuarteles más de la Guardia en la Ciudad de México, un espacio territorial con alrededor de 90 mil policías en activo, el más elevado del país, considerando el número de agentes por cada 100 mil habitantes.

Una puede asumir que los criterios son más bien políticos. Pero sin información ni eso se puede probar.

Con todas sus deficiencias, las corporaciones policiales civiles son mucho más abiertas: la propia policía de la CDMX, como de las otras zonas metropolitanas, nos ha permitido entrar hasta su cocina. Quizá no les guste lo que hacemos, pero sienten algún tipo de responsabilidad frente a los ciudadanos. No todas son ejemplares. Se sabe que algunas de ellas están capturadas por el crimen organizado y otros intereses. Y si este hecho motivó al presidente a la creación de la Guardia bajo un ascendente militar, hoy podrá darse de topes. Lo suyo no funciona y ha descobijado la construcción de capacidades civiles de seguridad. Supongo que hoy están más expuestas que nunca.

Ése es el punto. Mientras los recursos se van a la Guardia Nacional –que se debate en sus indefiniciones de origen: si es un cuerpo castrense o civil–, la institucionalidad civil está descobijada. Y como dice el dicho, nos quedamos como el perro de las dos tortas, sin una ni la otra.

Y seguiremos contando una historia de fracasos. Con tasas de homicidios altísimas, cuya estabilización damos como un éxito, y sin la construcción institucional que sirva de base para darnos la certeza de que podemos encontrar condiciones estructurales para contener la inseguridad y la violencia.

Mientras tanto, la Guardia Nacional sigue perdida en sus más de 40 funciones, en su despliegue territorial disperso, sin lógica aparente. Y las atrocidades en este país siguen sucediendo. Como un hecho más de nuestra nueva normalidad.