Dieciocho años de ruinosa política criminal
David Ramírez de Garay (@DavidRdG) – El Sol de México
A cualquiera le parecería absurdo que un cirujano intentara realizar un procedimiento de alto grado de complejidad sin diagnósticos previos, sin el equipamiento adecuado o sin el apoyo de colaboradores y de técnicos especialistas. De hecho, actuar de tal forma se consideraría como una conducta poco profesional y riesgosa.
De igual manera, es desatinado pensar en solucionar la crisis de violencia que atraviesa al país sin contar con los instrumentos y el equipo básico para ofrecer una respuesta sostenible e institucional a la inseguridad. Éste tendría que ser el punto de partida de cualquier estrategia o plan para recuperar la seguridad. Desafortunadamente, a lo largo de tres sexenios (Fox, Calderón y Peña) se obvió la construcción de las condiciones institucionales mínimas para soportar cualquier esfuerzo gubernamental en este sentido.
Durante los 18 años que ocuparon estas administraciones poco se hizo para mejorar los puntos básicos de la política criminal. El sistema de justicia se encuentra en grandes tensiones entre el deterioro acumulado durante años y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA). Nuestras policías están muy lejos de atender lo que el país, por sus diversas características, requiere.
Aunque todas las administraciones han admitido y subrayado la importancia del trabajo policial, todavía no contamos con elementos básicos como un sistema civil de carrera para las policías. La prevención del delito, otro de los mantras recurrentes en las anteriores administraciones, ha resultado en un fracaso que se alimentó de buenas intenciones que no derivaron en políticas públicas de calidad. Finalmente, las prisiones siguen siendo esos espacios que sólo captan la atención de los funcionarios cuando se registra un motín o una fuga. Mientras tanto, el sistema de readaptación social es más un sistema de extracción de rentas que una institución para la reinserción.
Los pocos meses que lleva la nueva administración han bastado para tener indicios de que se seguirá un curso similar. Hasta ahora, el sistema de justica y los enormes retos para la implementación del NSPA han estado ausentes, mientras que la impunidad sigue en aumento. Las policías en los tres niveles de gobierno están fuera de una ecuación que ha optado por la doctrina militar por encima de la construcción de una doctrina policial civil. La idea de la prevención del delito y la violencia ha sido sustituida por un gran ímpetu, pero con poco sustento, a favor de los programas sociales como medios para reducir contextos y conductas favorables a la criminalidad. Las prisiones y la readaptación social están en el peor de los mundos: siguen sin propuestas concretas para la problemática, pero al mismo tiempo se facilita el ingreso a la cárcel con la ampliación de los delitos con prisión preventiva.
A pesar de que la nueva administración lleva sólo cuatro meses en el poder, sus prioridades y la forma en que ha comenzado a destinar los recursos públicos nos indican que estamos, nuevamente, ante una visión que está dejando de lado la construcción de la estructura institucional mínima para comenzar a avanzar en el mejoramiento de la seguridad.
