El plan de seguridad de AMLO. Un claroscuro con formas militares *
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador se alimentó de la frustración de la ciudadanía ante dos sexenios que prometieron grandes cambios a favor del mejoramiento de las condiciones de seguridad del país. En este sentido, podemos interpretar que fueron votos para cambiar el rumbo de la estrategia de seguridad.
El pasado miércoles finalmente conocimos el programa que intentará responder a las demandas de los votantes. Era la oportunidad de marcar un cambio de rumbo, de enviar un claro mensaje al país y al mundo de que la grave crisis de seguridad que ha generado tantas víctimas se puede abordar de una forma más humana, democrática y sostenible en el tiempo. Una oportunidad desaprovechada en donde se presentó un Plan Nacional de Paz y Seguridad de claroscuros que terminaron develando formas militares.
Puntos de luz
Todo claroscuro tiene puntos de luz que destacan y el plan de AMLO tiene los suyos. El más importante es la incorporación de la perspectiva de salud en el tema de drogas y la clara apertura hacia la legalización de algunos mercados. Un tema tabú que muchos gobiernos evitaron y que ahora se adopta como prioridad para la próxima administración.
El reconocimiento de la enorme deuda que tiene el país con las víctimas y la apuesta por mecanismos de justicia transicional es una postura que los gobiernos anteriores siempre evadieron. Reconocer el dolor de las víctimas, asumir la necesidad de justicia, verdad y la garantía de no repetición, plantea un ambicioso objetivo que -en el corto plazo- tendrá que manifestarse en acciones institucionales concretas.
La reinserción siempre ha sido uno de los temas olvidados en la política de seguridad, pero de una forma peculiar: siempre se menciona en los planes, pero nunca les interesa ir más allá. Por ello, el sistema penitenciario mexicano es uno de los puntos más débiles de la política de seguridad y un claro generador de condiciones favorables para la reproducción de la ilegalidad, la criminalidad y la violencia. Esto se reconoce en el plan y se le coloca en un lugar relevante. Solo queda esperar que esta vez sí vaya más allá del papel.
Puntos obscuros
Lo que se dio a conocer el día de ayer no está libre de problemas. Uno de los más importantes es la repetición de la vieja trampa argumentativa que considera al crimen organizado como la principal fuente de preocupación. La actual propuesta está nuevamente diseñada para ocuparse de las redes criminales, particularmente las dedicadas al narcotráfico. No deja de sorprender esta decisión porque con tan sólo una revisión rápida a las encuestas de victimización, es posible ver que la criminalidad del fuero común es la que más afecta la vida cotidiana de los mexicanos.
Hay omisión, pero no incoherencia. Al omitir los costos de la delincuencia común, el plan también deja fuera de la ecuación a la única forma en que se puede atender este problema: las policías locales, la justicia procedimental y la justicia cívica. En este sentido, el próximo gobierno plantea claramente un distanciamiento con la posibilidad de encontrar soluciones por medio del desarrollo de la policial civil. Está cortando de tajo con esfuerzos que –con todo y los problemas de implementación- caminaban hacia la dirección correcta.
En otro rubro, se identifica a la corrupción como una de las principales causas de la inseguridad y la idea, en términos generales, no es equivocada. Sin embargo, se omite mencionar cómo ésta afecta a las instituciones encargadas de la seguridad y cuál sería la estrategia del nuevo gobierno para resolverla. La gran pregunta sin respuesta es ¿cómo la Secretaría de la Función Pública va a atender los temas de corrupción en las policías, en la procuración e implementación de justicia, en las prisiones? ¿cómo se va a vincular el binomio seguridad/corrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción?
La política social es responsabilidad del Estado y como tal es un instrumento indispensable para mejorar las condiciones desfavorables en que viven millones de mexicanos. Sin embargo, intentar vincular la política social con la agenda de seguridad genera distorsiones. Una de ellas ya la experimentamos durante la administración saliente: reportar presupuesto de programas sociales como si fuera presupuesto para programas de prevención. De igual forma, este vínculo termina debilitando el discurso a favor de políticas públicas de prevención del crimen y la violencia, porque hablar de las causas profundas (sic) no es lo mismo que hablar de las causas específicas que suelen operar a nivel local y que sólo se pueden atender con programas focalizados.
En un país con graves problemas de violaciones a los Derechos Humanos no tendría que ser excepcional que un futuro gobierno se manifieste a favor de su respeto y en contra de la tortura. Lo que sí resulta extravagante es que busque atender este problema por decreto. Sobre todo, cuando instancias de todo tipo han indicado que el país tiene un problema de violaciones sistemáticas, es decir, institucionalizadas de Derechos Humanos. Un costoso nudo que requiere de mucho más que enérgicas condenas o buenas intenciones.
Un área particularmente poco clara del plan es la triada de desmovilización, desarme y reinserción. Es loable que el próximo gobierno esté pensando en estrategias alternativas para lidiar con grupos armados, pero la importación de modelos generados en contextos muy distintos y con resultados que todavía están a discusión (Colombia y El Salvador), no se presenta más allá del discurso.
La forma militar
El estilo barroco del claroscuro (o tenebrismo), hacía uso de la luz y de la obscuridad para mostrar o remarcar formas específicas. De una forma similar, el plan del próximo gobierno muestra su principal eje: la militarización de la seguridad pública. La titubeante idea de una Guardia Nacional finalmente ocupó el lugar estelar en la propuesta del próximo gobierno. Alimentado de la profunda desconfianza más que del diagnóstico, las Fuerzas Armadas y la doctrina militar se le vuelven a presentar, a un presidente electo, como la única herramienta confiable para atender la crisis de seguridad.
Los detalles que se dieron a conocer preocupan porque se muestran a contrapelo de los argumentos que terminaron llevando muchos votos a favor del candidato presidencial de Morena. Para algunos sectores, el voto por AMLO fue un voto por una estrategia de seguridad diferente a los sexenios anteriores. Las mayorías alcanzadas por Morena fueron posibles gracias al mensaje a favor de las víctimas y en contra de la solución militar.
El día de ayer se presentó un plan donde se condenan los errores del ejército, pero se termina encumbrándolo como única solución al problema. Una solución sin contrapesos institucionales, que ignora a la vía civil y al desarrollo policial a favor del reclutamiento, la doctrina y los mandos operativos militares.
Es un plan abiertamente opuesto al contundente mensaje que la Suprema Corte emitió en contra del uso de los militares en labores de seguridad pública al derogar la Ley de Seguridad Interior. Un plan muy distante a un diseño democrático basado en pesos y contrapesos. Es una estrategia que, nuevamente, pone todo su peso en un actor que tiene que cumplir una función para la que no está concebido.
