Un año de buen bullying

Cecilia Román @ceciliaromanq / Animal Político

Sería fácil suponer que las organizaciones de la sociedad civil  de México carecemos de motivos para celebrar el año que recién concluyó. Las causas para ver el 2017 con recelo son tan conocidas como dolorosas de enlistar: el proceso de designación para nuevo titular en la Auditoría Superior de la Federación, la discusión y aprobación de Ley de Seguridad Interior, cambios a la Ley de Disciplina Financiera en año electoral, fiscalías sin titulares; la corrupción, las tasas de homicidios, y tantos temas en los que, sin hacer, nuestras autoridades pasaron doce meses más en hacer como que hacen.

Y sin embargo, sí hay motivos para ver con gusto, y hasta satisfacción, el año que se fue. Porque si 2017 nos dejó una queja presidencial por el “bullying”, quizá valga la pena apropiar el reclamo y volverlo reconocimiento. Ahora que el año todavía no espabila del todo, y que estamos ávidos de inspiración y argumentos para el optimismo, tomemos un momento para celebrar el trabajo de valor generado desde la sociedad organizada. Y vaya que lo hubo.

En materia de corrupción, el 2017 nos dejó extraordinarias investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; basta ver la Estafa Maestra (desarrollada en conjunto con Animal Político) y todo lo referente al caso Odebrecht. Y para mejorar nuestro entendimiento del problema, al cierre del año, Transparencia Mexicana presentó el coeficiente TAI, un innovador esfuerzo que integra métricas de corrupción, opacidad e impunidad de distintas instituciones públicas y académicas.

En lo que toca a gasto público, IMCO presentó la segunda edición de su Informe Legislativo, atendiendo una apremiante necesidad de voltear a ver el uso de recursos públicos en congresos locales, y analizar su desempeño. En noviembre, el trabajo de Fundar y Artículo 19 nos dio un momento histórico: la decisión de la SCJN respecto a la publicidad oficial, misma que obliga al legislativo a regular el uso de estos recursos. Y sí, sigue un camino muy, pero muy cuesta arriba para garantizar la calidad de dicha normatividad. Pero tener esa tarea por delante es en sí una buena noticia, y es producto de evaluaciones de enorme calidad, como el propio informe de Fundar sobre gasto en publicidad oficial entre 2013 y 2016.

Los retrocesos y frustraciones en materia de seguridad y justicia a lo largo del 2017 son quizá de magnitud equivalente al valor del conocimiento desarrollado por la sociedad, manifestado en propuestas y diagnósticos en estos temas. Causa en Común desarrolló el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), una evaluación que pone la lupa sobre el cumplimiento de los mínimos que marca la ley para las policías de todo el país. Equis Justicia Para las Mujeres alertó sobre potenciales retrocesos en transparencia de sentencias de los poderes judiciales  y Documenta A.C. creó el Observatorio de Prisiones: una plataforma que concentra y difunde datos, recomendaciones, visualizaciones y análisis.

Atendiendo a la gravísima situación de ataques a periodistas y comunicadores en todo el país, Artículo 19 dio a conocer, además de su informe anual sobre el tema, un mapa interactivo que permite obtener fichas técnicas sobre la situación de libertad de expresión y el derecho a la información en los estados. Y para profundizar la discusión en torno a una #FiscalíaQueSirva, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) se dio a la tarea de contar, en voz de diversos activistas, diez historias representativas de la urgencia de tener una institución autónoma y eficiente de procuración de justicia.

En 2017 la sociedad civil subsanó, con calidad y profesionalismo, algunos de los pendientes más dolorosos del Estado: identificar nombre y apellidos para 32,277 personas desaparecidas, como lo hizo el impresionante proyecto de Data Cívica, o consolidar una reconstrucción forense del caso Ayotzinapa, con herramientas científicas y tecnológicas de primer nivel –proyecto de ‘Forensic Architecture’ en colaboración con el Centro Prodh, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo-.

Y quizá la manifestación más clara de la capacidad de acción de una sociedad organizada para atender los vacíos del gobierno: la respuesta ante los sismos de septiembre. El esfuerzo conjunto de #Verificado19S demuestra que existe no sólo voluntad y solidaridad, sino capacidad de acturar con eficiencia y de forma estratégica – trascendiendo la discusión sobre activismo real vs digital para verdaderamente aprovechar herramientas (de todo tipo) en la solución de problemas.

Les invito a conocer estos productos – no es poco el esfuerzo detrás de cada uno. Leer, ver, hacer click e inspirarse; porque a pesar de lo duro de muchos de estos temas, hay una buena noticia en que existan estos esfuerzos.

Por supuesto, esta ennumeración de contenidos no es exhaustiva , y hasta es probable que tampoco sea justa. La intención es que estas menciones sean, sí, ilustrativas de los activos con los que cuenta el país en sus sociedad civil organizada: trabajo, talento y visión.

Sin duda, también necesitamos (mucha) autocrítica, y hay mucho beneficio en la sana competencia y sanísimo disenso entre organizaciones. Pero para eso tenemos todo el año. Hoy, antes de que hayamos regresado de lleno al ritmo regular, reconozcamos lo obvio: hay en la sociedad civil mexicana una enorme capacidad, y esa capacidad da resultados. 2018 es un año demasiado importante como para iniciarlo creyendo lo contrario.

*La autora es coordinadora de comunicación en México Evalúa (donde sus colegas también generaron productos valiosísimos en 2017) , y agradece las ideas de quienes fueron consultados para integrar los ejemplos de este texto. Toda la responsabilidad por las menciones, omisiones y selección es meramente individual.