Los nombramientos sin reglas ni método, son el mejor instrumento para el control político. Lo que necesitamos es plantear mecanismos de profesionalización en aquellos ámbitos donde estamos más atrasados.

Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero

En México, las disparidades están presentes en muchos ámbitos de nuestra realidad. En lo social, en lo económico, pero también en la vida de las instituciones, en el aparato mismo del Estado. Estas disparidades se reflejan en burocracias con distintos niveles de capacidades y sofisticaciones.

Las del sector financiero mexicano tienen perfiles altos, a la par de los de países desarrollados. No es un hecho fortuito que el gobernador del Banco de México haya sido invitado a fungir como gerente general del Banco Internacional de Pagos Internacionales (el banco de los bancos centrales), o que un anterior secretario de Comercio (hoy Economía) contendiera con elevadas posibilidades de éxito por la presidencia de la Organización Mundial de Comercio.

Otros tramos de nuestra burocracia están en la lona. En niveles de franco subdesarrollo.

Hace unas semanas participé en un seminario organizado por la Fiscalía General de Colombia y la Universidad de Toronto. El tema era la efectividad de la investigación criminal en delitos de alto impacto.

Los participantes, un grupo de ellos operadores del sistema de justicia de distintos países de América Latina, así como de un par de ciudades de Estados Unidos, mostraron en sus exposiciones talento, sofisticación, capacidades inherentes a sus propios perfiles y trayectorias, pero también la marca de sistemas de reclutamiento y de servicio de carrera que les permiten estar a la altura de los retos que el fenómeno criminal les presenta en sus contextos.

Si en algunos ámbitos tenemos a jugadores de grandes ligas, en el de la justicia estamos atrás de los rezagados.

Este tema es central. Debatimos grandes diseños legales para fortalecer el estado de derecho, pero no ponemos suficiente atención en quienes habrán de operar esas grandes reformas. Aparatos de servicio público que al no desembarazarse de la lógica patrimonialista en las que han estado insertos, son inoperantes, disfuncionales para los propósitos que les hemos encomendado.

El aparato de servicio público, en algunos ámbitos, sigue siendo propiedad de quienes detentan el poder. Son parte del botín que se disputa cada 6 años.

Es la contraprestación a quien hizo un buen trabajo en la campaña, a quien ha mostrado disciplina o cargado el portafolio con humildad. No hay mérito sino lealtad, acaso complicidad.

Este es un tema del que debemos hacernos cargo. Si no, el choque entre la expectativa y la realidad será brutal.

Lo primero es entender el origen. Se trata de un problema político y no solamente técnico. El control sobre nombramientos, ascensos, despidos es parte del paquete del “poder sin control”. Los nombramientos a modo, son el mecanismo para capturar instituciones con el fin de subordinarlas. Los nombramientos sin reglas ni método, son el mejor instrumento para el control político.

El primer gobierno de la alternancia tuvo visión en su proyecto cuando propuso el servicio civil de carrera para la administración pública federal. El diseño adolecía de problemas.

El mayor fue el no encontrar en el gobierno siguiente a un creyente en que esto debía corregirse y continuar. En este tema, el gobierno de Felipe Calderón replicó el modelo priista. En la entidad disciplinaria y de formación de cuadros burocráticos, la Secretaría de la Función Pública, el presidente ocupó a amigos y correligionarios. Otra vez, la lógica del botín.

La consecuencia es patente. Las burocracias, el aparato estatal en una acepción más amplia, no son aptas para las funciones que tienen encomendadas.

En este momento, la evidencia está disponible en materia de justicia penal. No tenemos con qué operar el nuevo sistema, quién maneje con pericia nuestro recién estrenado modelo. Si creemos que con modalidades de capacitación exprés vamos a cambiar la lógica de su operación, vamos a condenarla a su fracaso.

Lo que necesitamos es plantear mecanismos de profesionalización en aquellos ámbitos donde estamos más atrasados.

Trazar correctamente la ruta de un servicio civil que realmente produzca los servidores públicos que necesitamos. Esto requiere de una reflexión en serio. No de veleidades que luego nos cuestan muy caras.