La nota en los diarios de ayer: “Congreso evade sujetarse de inmediato a la nueva ley de transparencia”. Antes de su votación en el pleno, los senadores introdujeron un transitorio en la Ley General de Transparencia en el que establecen un periodo de gracia que les permita arreglar el desorden que, ellos mismos reconocen, existe en el gasto y gestión en las Cámaras legislativas. Dineros van y vienen sin el más mínimo control. Incluso reconocieron que contratan asesorías fuera de los estándares laborales y fiscales que se aplican con rigor, incluso acoso, al resto de los mortales. Si usted es un causante o empleador cumplido, seguramente se sintió agraviado. Pero lo invito a sentir un poco de entusiasmo por el impacto potencial de la ley que se acaba de aprobar.

La nueva Ley General de Transparencia obliga a los poderes públicos, partidos políticos, sindicatos y toda aquella entidad pública o privada que reciba recursos públicos a cumplir con una serie de obligaciones en materia de transparencia. Vamos a saber mucho más de lo que sucede en las entrañas de estas entidades que hasta ahora se han manejado con discrecionalidad y opacidad. Por eso los legisladores se pusieron nerviosos y pidieron tiempo para organizarse. Porque las cosas en adelante no van a ser iguales. La transparencia es un mecanismo de control del poder. Es una manera de institucionalizarlo, de ponerle límites. De eso que estamos tan urgidos los mexicanos.

Si en el Senado de la República el gasto es un desorden, imagine lo que sucede en una legislatura local, en un gobierno municipal o estatal, en sindicatos o partidos políticos. Alinear prácticas ancestrales a los nuevos estándares en materia de transparencia implicará toda una revolución. También  enormes resistencias e intentos de simulación. Porque, hay que decirlo, antes de esta reforma ya teníamos una legislación federal en materia de transparencia que en su momento se consideró de avanzada, las entidades de la República contaban con su propia normatividad y con institutos y órganos de transparencia locales (lo que se conoce como órganos garantes) en cada una de ellas. Y, sin embargo, las prácticas irregulares no dejaron de presentarse. Se encontraron mil maneras de darle la vuelta a la ley. De diluir los mandatos de los órganos de transparencia estatales. De negar la información bajo cualquier pretexto. Y si le pido entusiasmo, le debería poder explicar por qué ahora las cosas sí van a funcionar.

Y  lo único que puedo responder es que contamos hoy con una mucho mejor ley basada en las mejores prácticas internacionales. Y que nuestra Constitución consagra el derecho a la información como un derecho humano fundamental. Usted me puede responder que una buena ley es un buen punto de partida, pero no de llegada. Y tiene toda la razón. La ley por sí sola no transforma la realidad. Se requiere de una buena implementación y aquí nos podemos volver a atorar. Apunto tres condiciones muy indispensables para que nuestro tránsito sea exitoso.

Primero, tenemos que crear capacidades institucionales para poder cumplir lo que ahora mandata la ley. Éste es un reto enorme en tanto implica que los sujetos obligados (entidades públicas, partidos políticos, sindicatos, etc.) efectivamente se sientan obligados por la normatividad y adecuen sus procesos y la gestión de la información de manera que puedan cumplir con las nuevas obligaciones en materia de transparencia. Si para el Senado será un cisma, imagine el lector para otras entidades públicas.

Segundo: necesitamos órganos garantes fuertes, con autonomía de facto y no sólode jure, con funcionarios dotados de cualidades para desempeñar su función de manera juiciosa, efectiva y sin presión externa. Con mecanismos de designación que no comprometan su independencia y con recursos suficientes para avanzar su mandato. También con mecanismos eficaces de incidencia sobre los sujetos obligados. En palabras llanas, si no tiene dientes para influir en el comportamiento del sujeto obligado, un órgano garante es de papel.

Tercero: necesitamos ciudadanos completos, no sólo indignados, sino también activos. Exigentes del cambio. Que conviertan el acceso a la información y la transparencia en un recurso de control de poder, en un mecanismo fundamental de la rendición de cuentas. Sin un reto por parte del ciudadano, los políticos, funcionarios y autoridades buscarán la manera de darle vuelta a la ley. Como se intentó diluirla en distintos momentos y no permitimos quienes, desde distintos espacios, buscábamos avanzar en esta materia.

Me congratulo de que los senadores estén puestos en aprietos y que muchos más lo lleguen a estar. También los felicito por un trabajo arduo que derivó en la aprobación de la reforma constitucional y de esta ley. Los dos son signos de que México sí puede cambiar.