Sprint final

El activismo del presidente Calderón en sus últimos días en el mando reflejaron, me parece, su insatisfacción con su propio legado. Como si a lo largo de los seis años de su mandato se hubiera autocontenido, dejando para la recta final el planteamiento de algunos temas que son centrales para el país y que hubieran formado parte de un proyecto más ambicioso que, sin embargo en su administración, no se presentó. Me recuerda a la administración de Ernesto Zedillo, generosa con las reformas que prometía, pero unitemática en los asuntos que abordó: para él fue la crisis económica; para Calderón, la crisis de seguridad.

El juicio que haga la historia de estos seis años, todavía no lo conocemos. Pero quizás sea menos implacable de lo que imaginamos. Porque esta administración fue profundamente injusta consigo misma: mala en el reconocimiento y comunicación de sus logros e incapaz de asumirlos como tales, cuando éstos se presentaron.

Este es el caso de la reforma laboral, promulgada apenas antier, a unas horas de la culminación de esta administración. Luego de ser propuesta por el presidente Calderón con carácter de preferente y aprobada por el Legislativo, uno ya no sabe si el gobierno y su partido se enorgullecen o se avergüenzan de ella. Le ley no se promulgó en los términos en que el Ejecutivo la propuso, pero la mayor parte de sus contenidos quedaron intactos y plasmados en el nuevo ordenamiento. En qué momento la iniciativa fue desconocida por sus creadores y correligionarios en el Legislativo, no me queda claro, pero es un hecho que implica avances importantes en la adecuación del marco legal a las nuevas realidades económicas de nuestro país.

Para analizar la ley, lo más importante es reconocer la realidad: la de millones de mexicanos que trabajan en una absoluta desprotección. Sin garantía de permanencia en sus trabajos, sin prestaciones y protección social, así como en actividades de baja productividad y remuneración. Por eso, es un tanto disonante escuchar a los críticos de la ley argumentar que ésta es un retroceso en cuanto a derechos e inaceptable de acuerdo a ese rasero.

La ley busca flexibilizar los mercados de trabajo abriendo opciones hasta ahora negadas, como la contratación por hora; la contratación por temporada, a prueba y capacitación inicial. Regulariza la subcontratación, esa práctica que se ha hecho común para evitar el pago de prestaciones y el reparto de utilidades. También hace posible los ascensos de acuerdo a méritos y atributos, y no sólo antigüedad. Y permite que el trabajador realice actividades conexas a las definidas en su contrato con la debida remuneración.

Nada menor es el hecho de que se establezca el límite de un año al pago de salarios caídos en el transcurso de un litigio laboral. El esquema antes vigente ofrecía todos los incentivos al trabajador para alargarlos indefinidamente con costos a veces insuperables para las empresas. El plazo de un año incita a procesos más expeditos y el que se exija acreditación de abogados a los litigantes en esta materia, nos permitirá deshacernos de una fauna que medraba de la empresa y del trabajador. Con estos cambios el empleador tendrá más certidumbre sobre las condiciones de un eventual despido y, por tanto, contratar le resultará menos incierto.

Cualquier economía moderna funciona bajo estos esquemas. Cualquier empresa del mundo que genera riqueza requiere de esta flexibilidad. Y es un hecho que la inversión y el talento llegan a aquellos lugares en que estas condiciones existen.

Los economistas no se ponen de acuerdo sobre el impacto neto de esta nueva ley en la generación de empleos. Existe una enorme varianza en las estimaciones. Pero es un hecho, tendrá efecto en esta variable, así como también en otras que están concatenadas. Quizá el efecto más grande esté en un nivel menos tangible y sea el mostrarnos dispuestos a crear lo necesario para hacer que la rueda empiece a girar.

La ley no es el “Big Bang” en el mundo laboral como muchos hubiéramos querido. No desmantela a los grandes sindicatos ni debilita a sus poderosas dirigencias. Sí permite emplear con menos incertidumbre y más flexibilidad. Sienta las condiciones para elevar la productividad en los lugares de trabajo, para que el empleador regularice sus esquemas y no tenga tantos incentivos para contratar fuera de la ley. De estos efectos que parecen pequeños está hecha la prosperidad.

En el activismo de su sprint final, el Presidente apostó su resto en esta reforma. Quizá la historia le haga más justicia a este logro de lo que él mismo quiso o pudo capitalizar. Al final de día, el hoy ex presidente, pudo lo que otros no lograron: modificar una ley que estaba en el territorio de lo que no se podía tocar.