
Quién es quién en el presupuesto educativo 2025
¿Qué programas educativos deben impulsarse para lograr más y mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes en México? Como coloquialmente se dice, “donde está el dinero, están las prioridades”.
Por Marco Antonio Fernández (@marco_fdezm) y Roberto de la Rosa | Programa de Educación y Anticorrupción
Publicado en: Nexos
Al analizar qué programas educativos deben impulsarse para lograr más y mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes en México, también debe cuestionarse los recursos que se destinan a este fin. Porque, como coloquialmente se dice, “donde está el dinero, están las prioridades”. En este artículo presentamos un balance del impacto educativo y los recursos presupuestales para analizar si la educación en México es una prioridad frente a otros sectores, y conocer cuáles son las prioridades dentro del sector educativo público.
En comparación con el resto de los países que conforman la OCDE, México es uno de los países con menor gasto público en educación. La OCDE reporta que sus países miembros gastan en promedio 4.91 % del PIB en educación; México gasta 4.16 % del PIB, lo que ubica al país en el lugar 28 de 38. En 2015, este porcentaje era de 5.08 %; es decir, el país ha reducido los esfuerzos presupuestales que destina a educación. En contraste, en estos últimos seis años, ningún país de los 38 analizados disminuyó en casi un punto porcentual el peso presupuestal de su gasto educativo.
¿Pueden estos recursos ser el motor para Aprender Parejo?, ¿o simplemente seguirán siendo un parche en un sistema que necesita reformas estructurales profundas para alcanzar la equidad de oportunidades de niñas, niños y jóvenes? Con una asignación de 1 114 000 millones de pesos, el incremento del 0.8 % respecto a lo ejercido en 2024 retrata las limitaciones para mejorar la educación en nuestro país.

Este pequeño aumento se explica por un incremento dentro del Ramo 11 “Educación Pública”, que recibe una ampliación de 7291 millones de pesos (mdp), un crecimiento del 1.6 % en comparación con el año anterior. Además, se incluye un aumento de un 0.9 % para las aportaciones del Ramo 33, que financian los salarios de la mayoría del cuerpo docente de los preescolares, primarias y secundarias públicas, así como las mejoras en la infraestructura escolar. Sin embargo, el aumento en los recursos viene acompañado de ajustes significativos, como la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas funciones serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública. Este primer presupuesto bajo el gobierno de Sheinbaum establece la pauta para lo que serán los siguientes seis años en materia educativa, de ahí su importancia.
¿Quién gana?
Para 2025 los subsidios se consolidan como los grandes ganadores de este presupuesto, reforzando una tendencia que comenzó en 2018, cuando las becas dejaron de ser un complemento para convertirse en el pilar de la política educativa. En 2025, se destinarán 131 926.52 mdp a los programas de becas, lo que representa tres de cada diez pesos del presupuesto total de la SEP. La mayor parte de estos recursos se concentra en tres programas clave, con un aumento significativo respecto al año anterior.

Las becas son prioridad
La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es uno de los programas más relevantes —destina 78 840.69 mdp—, con un aumento del 64 % con respecto a 2024. Este incremento se debe a la expansión del programa, cuya implementación paulatina comenzará primero por los estudiantes de secundaria, para luego incorporar a inscritos en primarias y preescolares públicos. Además, el Programa de Becas Universal Benito Juárez continúa con su misión de apoyar al estudiantado de educación media superior, con una asignación de 40 922.38 mdp, lo que representa un aumento del 17 % respecto al presupuesto 2024. El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinado a estudiantes de educación superior, cuenta con 12 163.46 mdp, un incremento del 6.7 %, mientras que las becas Elisa Acuña dejan de ser consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A pesar de los recursos, las becas, aunque fundamentales para cubrir necesidades económicas, no logran abordar las dificultades más profundas relacionadas con los aprendizajes. Como revela la Encuesta Nacional de Afectaciones de la Población Estudiantil (ENAPE), 30 % de los estudiantes de nivel medio superior abandonan la escuela debido a problemas de reprobación o por bajo rendimiento académico. A esto se suma un 20 % que la abandona por falta de interés, cifra muy cercana al 21 % que lo hace por razones económicas. A pesar de la fuerte inversión en becas, el sistema educativo sigue enfrentando problemas estructurales que afectan el rendimiento y permanencia.
Por otro lado, asignar becas de manera “universal” ha generado que los recursos no siempre lleguen al estudiantado que más lo necesita. De acuerdo con los datos disponibles, sólo 51 % de los estudiantes del nivel de ingreso más bajo (quintil 1) reciben una beca, una cifra que no ha cambiado a pesar del incremento sustancial de recursos destinados. En contraste, el nivel más rico (quintil 5) ha visto un aumento de 33.1 puntos porcentuales, beneficiándose ahora a 35 % de los estudiantes. Esto resulta problemático en términos de equidad, ya que las becas están siendo regresivas. Es decir, concentran recursos en menor medida a estudiantes de las familias más vulnerables en la distribución del ingreso, y benefician a aquellas que tienen mejores condiciones socioeconómicas.

Recursos para las comunidades escolares
Como parte de los subsidios se encuentra el programa “La Escuela es Nuestra” (PLEEN). Este programa nació en octubre de 2019 con el objetivo de otorgar recursos para mejorar la infraestructura educativa, la extensión de la jornada escolar (pago de compensaciones a personal educativo) y el servicio de alimentación en educación básica. Entre las características principales del PLEEN se encuentra que la inversión en infraestructura se entrega mediante subsidios económicos directos a las comunidades escolares a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), quienes no sólo reciben, sino también ejercen los recursos.
Entre 2019 y 2024, el PLEEN ejerció 96 700 mdp en términos constantes. Se estima que este monto representa el 80 % del total recursos ejercidos (121 000 mdp) para infraestructura educativa en educación básica considerando los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Al año 2023, el PLEEN alcanzó a cubrir, al menos en una ocasión, un 68 % de los preescolares, primarias y secundarias públicas.
Sin embargo, para 2024 el programa comenzó a llegar a un límite en su cobertura. Para este año, se autorizaron 28 358.3 mdp, pero el presupuesto modificado al tercer trimestre se ubicó en 23 516.9 mdp, lo que indica un potencial subejercicio de 4841.4 mdp. Si bien este sobrepresupuesto no ha sido el único en la historia del PLEEN (en 2022 se subejercieron 1043.6 mdp, y en 2023 cerca de 702.9 mdp), sí representó en términos agregados un 17.1 % de la asignación original.
Estas señales no sólo se observaron en el presupuesto; en términos operativos, para 2023 los 27 052 mdp asignados permitieron dispersar cerca de 95 000 subsidios. No obstante, la cobertura agregada del programa sólo avanzó 10 puntos porcentuales (de 58 % a 68 % de las escuelas de educación básica públicas del país). Esto implicó que alrededor de 75 000 subsidios (79 % del total) se dispersaran a planteles escolares que ya habían sido beneficiados previamente. Ello llevó a que la autoridad federal eliminara el candado de número máximo de apoyos del PLEEN que un mismo plantel puede recibir. Además, ahora el PLEEN llegará a la educación media superior. En total, el programa cuenta con 25 000 mdp; de estos, 15 960 millones se destinarán a educación básica y 9040 mdp a educación media superior.

Para materializar estos subsidios, la SEP deberá emitir las reglas de operación correspondientes. En Mejores Escuelas se presentan recomendaciones para fortalecer el programa.
El desafío de ampliar la cobertura en media superior requiere llevar al PLEEN a un mayor nivel de complejidad. Es decir, el programa deberá girar hacia la construcción de planteles y realización de obra mayor. En esta tarea, la autoridad federal debe ser responsable de asegurar las condiciones normativas, presupuestales y técnicas (seguridad estructural) adecuadas para que el PLEEN tenga impacto.
Es previsible que en los próximos años el presupuesto en infraestructura educativa siga transfiriéndose en forma de subsidio a los CEAP. En un contexto de márgenes presupuestales estrechos, es imprescindible hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos del PLEEN. El fortalecimiento del programa requiere una colaboración más estrecha entre la SEP, las autoridades educativas locales, escolares y los institutos de infraestructura física educativa.
¿Quién pierde?
La ampliación de oportunidades en educación media superior
El gobierno federal ha anunciado el objetivo de aumentar la cobertura de la media superior del 81 % a un 85 % para el año 2030, una meta que requerirá, por un lado, la multiplicación de espacios para nuevos ingresos a este nivel educativo y, por otro, garantizar políticas que fortalezcan la retención escolar y disminuyan el abandono. Para la ampliación de la cobertura se requerirán espacios para cerca de 236 000 jóvenes más en este nivel educativo entre 2024 y 2030. Como se ha señalado, el PLEEN cuenta con 9040 mdp para financiar acciones de infraestructura en los planteles de educación media superior. Sin embargo, el despliegue de estos recursos no se planea ni se ejerce de manera centralizada (Federación o estados). En su naturaleza de subsidios, los CEAP determinan el destino de este presupuesto. Hasta ahora la experiencia es que este programa ha financiado básicamente reparaciones en los planteles (techumbres, bardas, baños, aires acondicionados, entre otros rubros). El marco normativo del PLEEN puede llevar a financiar proyectos que no estén orientados a la creación de nuevos espacios de educación media superior.
Ante esta coyuntura es necesario explorar el presupuesto complementario que pudiera servir para la ampliación y construcción de planteles de educación media superior. Una fuente de financiamiento para este fin son las asignaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Estos recursos forman parte de las aportaciones que la Federación transfiere a las entidades federativas para construir, dar mantenimiento, rehabilitar y mejorar la infraestructura de los tres niveles educativos.
Para el año 2025, el FAM integra una bolsa de recursos por un total de 21 504 mdp para los tres niveles educativos, lo que representa un crecimiento real de 2.9 %, respecto de los 20 907 mdp disponibles en 2024. No obstante, como puede observarse en la Gráfica 5, un 64 % (13 763 mdp) de los recursos están asignados a infraestructura de educación básica, el 31.3 % (6726 mdp) a educación superior y sólo el 4.7 % (1015 mdp) a la media superior.

Desde el año 2019, como parte de los compromisos del Programa Escuelas al CIEN, 46 % de los recursos del FAM se usan para cubrir la deuda de los bonos educativos contraída en el año 2015. El pago de esta deuda culminará hasta el año 2039 y los recursos del FAM estarán afectados anualmente hasta entonces. Por tanto, para 2025 hay 11 612 mdp disponibles para acciones de infraestructura en los tres niveles educativos. A educación básica le corresponden 7432 mdp, a media superior sólo 548 mdp y a educación superior 3632 mdp.
No sobra señalar que, desde el año 2021, el Programa para la Expansión de la Educación Media Superior y Superior dejó de contar con asignaciones para media superior. Por tanto, los recursos para ampliar el acceso deben contabilizar exclusivamente los recursos del PLEEN y FAM. Para 2025, la suma de estas dos fuentes de financiamiento asciende a 9588 mdp; 94.3 % de estos provendrían del PLEEN y 5.7 % del FAM. Por tanto, será fundamental cómo se ejerzan los recursos del PLEEN para garantizar los múltiples retos que tiene este nivel educativo; entre ellos: mantenimiento de los planteles existentes, ampliación y construcción de nuevas escuelas y la preocupante falta de tecnología educativa (sólo 52 % de los planteles cuentan con una computadora con acceso a internet para fines educativos). A ello se suma la necesidad de cubrir el pago de los docentes que atenderán a los estudiantes adicionales que se busca incorporar a este nivel educativo.
El acceso a la educación superior
En lo que corresponde a educación superior, el gobierno federal ha planteado la meta de abrir 330 000 nuevos espacios. Para ello se contempla poner en marcha dos universidades nacionales. Por un lado, la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) aportará 150 000 nuevos espacios y la Universidad de la Salud (US) abrirá 25 000 nuevos espacios. Asimismo, el cumplimiento de la meta se apoyará en ampliar la capacidad de instituciones ya establecidas como las Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), que abrirá 40 000 lugares; el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 30 000 espacios, y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), con 85 000 lugares.
Destaca que para 2025 la estructura presupuestaria del Ramo 11 (Educación Pública) o 38 (Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación) no se modificó para abrir programas específicos para la UNRC y US. Sin embargo, estos recursos están integrados en el Ramo 11 dentro de la partida para las UBBJG, que tienen una asignación total de 3000 millones de pesos. Esta cantidad representa un incremento de cerca de 1390 millones de pesos (86.3 % en términos reales) a lo asignado en 2024 exclusivamente a las UBBJG, lo que lleva a asumir que esta diferencia corresponde a los recursos para la UNRC y la US. El decreto de creación de la UNRC indica que será un organismo descentralizado coordinado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Por tanto, el escenario plausible es que durante 2025 se separen los recursos de la UNRC y US del Ramo 11, creando programas ad hoc en el Ramo 38.
Con base en los objetivos de incremento de matrícula en educación superior, la UNRC, la US y las UBBJG concentran 215 000 lugares del objetivo de 330 000 nuevos espacios. Es decir, cerca de dos de cada tres lugares que deberán ser creados para 2030 recaen en estas tres instituciones. Así, el ritmo promedio de crecimiento para cumplir con la meta sería de más de 35 800 lugares anuales por los próximos seis años.
En cuanto al IPN, destaca que, a pesar de una reasignación de 2938 mdp sobre la base de 19 171 mdp considerados en el proyecto de PEF 2025, se observa un recorte de un 4.2 % en términos reales (968.7 mdp), respecto del PEF modificado para 2024 (23 078 mdp). Para el TecNM, de igual forma se identifica un recorte de 6.1 % real (1450.2 mdp) respecto de los 23 925 mdp de 2024, aun y cuando fue autorizada una ampliación de 2441 mdp sobre un presupuesto base de 20 035 mdp.
Las cinco IES que tendrán la responsabilidad de cumplir la meta de ampliación de matrícula cuentan con un presupuesto total de 47 584 mdp, lo que es 2.1 % menor (1029 mdp) al observado en 2024. Como se ha señalado, las UBBJG (que integra los recursos de la UNRC y UNS) tiene un incremento de 1390 mdp, y el IPN y el TecNM una disminución conjunta de 2419 mdp. Estos datos indican que la UBBJG, UNRC y UNS podrán avanzar en la ampliación de espacios, aunque de manera acotada. En tanto que el IPN y el TecNM no sólo no cuentan con recursos para ampliar la matrícula, sino que presentan recortes para su operación, una contradicción respecto a las expectativas de su contribución para la ampliación de la matrícula.
Para educación superior, por un lado, se cuentan con 3632 mdp del FAM (ya descontando el 46 % de la bolsa original de 6726 mdp para el pago de los bonos educativos) para infraestructura física educativa (construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y equipamiento) que deberán ejercerse por las autoridades educativas estatales para financiar sus programas de infraestructura. Por otro lado, se han autorizado 833 mdp para la expansión de la educación superior (programa U079) para construcción, incremento de matrícula y equipamiento, los cuales son concursables para todas las IES públicas.
El escenario de recursos insuficientes para cumplir con todos los fines (nuevos espacios, incremento de matrícula y mantenimiento de los planteles existentes) sugiere que el gobierno federal impulsará entre las entidades federativas el financiamiento concurrente de infraestructura educativa a partir de recursos propios de libre disposición (participaciones federales).
No obstante, para 2025 el Fondo General de Participaciones que se distribuye a las 31 entidades federativas y la Ciudad de México asciende a 980 334 mdp. Presenta un incremento de sólo 2.7 % en términos reales (26 229 mdp más que en 2024), lo que representa una tasa de crecimiento menor al 6.1 % promedio observado entre 2022 y 2024. Por tanto, los objetivos educativos rivalizarán con otros fines públicos, y no hay certeza de encontrar las fuentes de financiamiento suficientes para trazar el cumplimiento de las metas de cobertura para la educación media superior y la educación superior.
Calidad de aprendizajes
En 2025, se asignarán sólo 195 pesos por docente, tanto de educación básica como de media superior. El presupuesto para capacitación es 28.6 % menor que el que se destinó en 2024, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso con la formación de los educadores y, por ende, con la calidad educativa.
Con un presupuesto tan limitado para los docentes, ¿cómo potenciar los aprendizajes y habilidades de los estudiantes? Esta es una cuestión urgente, especialmente cuando, por ejemplo, seis de cada diez estudiantes de Conalep señalan tener dificultades para comunicarse en inglés. Así, el recorte presupuestal progresivo en el Programa Nacional de Inglés agrava aún más la situación. En el PEF 2025 se observa una disminución de 0.6 % en términos reales respecto a 2024 y de 26.2 % comparando con 2018.
Otro de los rubros críticos es el diseño, producción y distribución de los libros de texto gratuitos (LTG). La polémica implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) también alcanzó a los LTG. Se han detectado múltiples problemas en su contenido y diversas inconsistencias; su diseño se realizó sin contar aún con los programas de estudio y un proceso de elaboración y no se ha transparentado los perfiles de los autores y revisores. No obstante, el programa presupuestario “Producción y distribución de Materiales Educativos” presenta para 2025 una disminución sustantiva de 58.4 % en términos reales. En valores absolutos implica pasar de 9364 mdp a 3895 mdp, es decir, un recorte de 5469 mdp. Con ello, la señal que manda el gobierno federal es que lejos de mejorar los libros de texto, se contará con menos recursos para su producción.
Lo que resulta más preocupante es que, en el Presupuesto 2025, no se encuentran los elementos para detonar la excelencia educativa que el país necesita. El Foro Económico Mundial señala que los empleadores esperan que un 39 % de las habilidades básicas actualmente demandadas por el mercado laboral cambien para el año 2030. Sin embargo, mientras se apuesta por el desarrollo de habilidades en sectores como la electromovilidad, los semiconductores o la industria aeroespacial, seguimos enfrentando problemas fundamentales. Se estima que seis de cada diez jóvenes no comprenden el mensaje central de un texto, y que tienen serias dificultades para resolver problemas matemáticos. Estas deficiencias se agravan al considerar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, lo que perpetúa un círculo de desigualdad y falta de preparación para enfrentar con éxito los desafíos del futuro.
Debilitamiento de las instituciones educativas
Entre 2018 y 2024, a pesar de la política austeridad del expresidente López Obrador, en el Ramo 11 las transferencias y subsidios tuvieron un peso promedio de un 57.8 % en el presupuesto, en tanto el gasto en servicios personales (pago de nómina) tuvo un peso de 33 %; el rubro de servicios generales (gasto de operación) alcanzó una participación de un 5.4 %, y el gasto en otros capítulos (bienes muebles e inmuebles e inversión pública) un total de 3.9 %. En contraste, el primer presupuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum (antes de las reasignaciones autorizadas por la Cámara de Diputados), presenta la siguiente distribución: 65.1 % en transferencias y subsidios; 27.5 % en servicios personales; 5.1 % en servicios generales, y 2.3 % en otros capítulos de gasto.
Esto indica que el aumento en las transferencias y subsidios (28 709 mdp adicionales) se realizaría a costa de afectar los capítulos de gasto para financiar al personal y la operación de las instituciones del Ramo 11 (34 195 mdp de reducción). Las instituciones educativas importan y es crucial brindarles condiciones para su correcta operación. La educación no se brinda ni funciona por sí misma ni tampoco puede simplificarse a la distribución de subsidios a los hogares y a las comunidades educativas. Por el contrario, se requieren instituciones sólidas que permitan una buena gobernanza del sistema educativo para potenciar el impacto en aprendizajes y oportunidades de becas y otros subsidios.
El Presupuesto 2025 ilustra el desdén por las instituciones educativas. Muestra de ello es que compromete el funcionamiento de once IES públicas. En la Tabla 1 observamos con detalle su balance presupuestal.

El presupuesto agregado para estas once IES en 2024 asciende a 197 560 mdp, mientras que el proyecto de PEF 2025 les asigna 174 175 mdp, lo que representa una disminución de 11.8 % en términos reales. La SHCP señaló que esta disminución se trataba de un “lamentable error”. Ante esto, los diputados autorizaron una ampliación neta por 17 300 mdp. Sin embargo, el “error” no se compensó en su totalidad porque el recorte inicial era de 23 385 millones de pesos. Por tanto, las reasignaciones sólo compensaron tres de cada cuatro pesos, por lo que, aun con los recursos adicionales, terminan con una disminución de 3.1 %
El Anexo 36 del PEF confirma las preocupaciones referidas al detallar el rubro de gasto específico que se está compensando. De la reasignación de 17 300 mdp, 72 % se destinará a servicios personales y 28 % a becas, lo que permite afirmar que el rubro afectado —aún no solucionado en su totalidad— en la propuesta original es el capítulo de servicios personales. Por ende, los recortes sí comprometen la operación correcta de las instituciones educativas.
Sumas y restas
El primer presupuesto educativo de la presidenta Sheinbaum es muy claro en sus prioridades. Los compromisos sobre becas y subsidios sobresalen de manera significativa sobre otros programas y cuentan con recursos para cubrir la primera fase de universalización que iniciará con educación secundaria. La suficiencia del recurso dependerá de la demanda de los apoyos por parte de los potenciales beneficiarios. Por tanto, las reglas de operación para su distribución y las estrategias operativas de la dispersión de recursos entre los beneficiarios serán cruciales.
Por el contrario, los compromisos para ampliar la cobertura en media superior y superior no toman forma para el primer año de gobierno. En media superior, el éxito o fracaso dependerá de planteamientos aún desconocidos, tales como si la matrícula se ampliará en la modalidad escolarizada, no escolarizada o ambas y en qué proporciones; también de cómo se utilicen los recursos del PLEEN (actualmente considerados como subsidios); cómo se complemente esta fuente de financiamiento con el FAM y los recursos propios de los estados y subsistemas de la media superior.
En el caso de la educación superior, la administración de Sheinbaum ha definido la ruta inicial que se seguirá para el cumplimiento de su compromiso incluye nuevas IES (UBBJG, UNRC y US) subsistemas federales y descentralizados (TecNM) y universidades nacionales (IPN). Son cinco instituciones las que llevan la responsabilidad de ampliar las oportunidades en este nivel educativo. Sin embargo, para el primer año se cuenta con recursos limitados del orden de 1390 mdp. Esto indica que el gobierno deberá acelerar la marcha en subsecuentes ejercicios fiscales con miras a las metas de cobertura planteadas para 2030.
Dos aspectos preocupantes: no sólo debe velarse por mejorar las condiciones de los estudiantes, familias y comunidades escolares. Es importante cuidar a las instituciones educativas. Una no puede darse a costa de la otra. Fortalecer las condiciones de beneficiarios e instituciones tiene la implicación de asignar sustantivamente más recursos para todo el sistema educativo. No obstante, para este primer año de gobierno, las instituciones educativas recibirán recortes importantes.
La última preocupación en el PEF 2025 es la falta de recursos para fortalecer la excelencia educativa. Esto se retrata en múltiples aspectos: la desaparición de Mejoredu sin que quede claro cómo se asumirán en la SEP sus funciones, el estancamiento del Programa Nacional de Inglés, la tendencia negativa de un ya magro presupuesto para la capacitación y las condiciones laborales de los docentes, además de la falta de equipamiento adecuado para integrar a la mayoría de los planteles a las tecnologías del siglo XXI.
Como país no estamos invirtiendo lo suficiente en materia educativa ni tampoco gastando de manera adecuada. Tenemos problemas serios en el ejercicio de varios rubros del presupuesto en esta materia: dolencias de opacidad, ineficiencias, clientelismo y corrupción. Apostar por el presente y futuro de nuestro país requiere tomarse en serio la educación. El primer presupuesto educativo del nuevo gobierno federal retrata más restas que sumas. La autoridad —sin duda— enfrenta retos varios, pero también oportunidades para hacer ajustes en el ejercicio del gasto que sí logren atender el problema serio de desigualdad de oportunidades y limitantes de aprendizaje que caracterizan hoy a la mayoría de las y los estudiantes en nuestro país. Para lograr las condiciones de un bienestar compartido, la educación tiene que ser una prioridad no sólo en el discurso, sino a partir de políticas suficientemente financiadas, con recursos que sirvan para que la educación sea realmente un derecho que se ejerce por la mayoría de las niñas, niños y jóvenes en el país y que les permita Aprender Parejo.