La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ahí, observando, vigilando. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria la acompaña, preocupado, advirtiendo. Ambos mirando fijamente hacia México, con su ojo panóptico, el que, desde su eje, todo lo ve.

El Sistema Penal Acusatorio llegó para hacer algo más que resolver conflictos, llegó para proteger derechos humanos y los principios democráticos que lo inspiran. El Sistema Penal Acusatorio llegó para proteger los derechos de la víctima, que el responsable de un delito no quede impune, pero también para evitar actos arbitrarios en contra de las personas que son investigadas y, entre ellos, la restricción automática de la libertad.

En México, las investigaciones de delitos en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud —de acuerdo con la propia Constitución—, la persona investigada va a la cárcel en automático a través de la prisión preventiva oficiosa.

Ante esto, la prisión preventiva se debe de imponer siempre y cuando el imputado —la persona a la que se le está siguiendo un proceso en su contra— represente un riesgo para la víctima, sus familiares, testigos o para la comunidad; que exista el riesgo de que la persona imputada pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas, intimidar o amenazar a servidores públicos que intervienen en la investigación, imponiéndose así, de manera excepcional cuando otras medidas no sean suficientes. El problema no es ese, es el adjetivo de “oficiosa”. La prisión automática, por el simple hecho de tratarse de ciertos delitos sin verificar lo anterior, atenta contra la libertad personal de forma absoluta, sin justificación, sin debate, sin el derecho del imputado a ser escuchado a través de su defensor en audiencia. En consecuencia, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, determinó que esta es una medida cautelar que, impuesta de manera oficiosa, viola preceptos internacionales sobre derechos humanos “por ser automática y no prever alternativas” e hizo un llamado a México para que la derogara.

Sin embargo en el Senado se presentó una iniciativa en donde se pretende ampliar aún más el catálogo de delitos graves que requieran prisión preventiva oficiosa, pretenden que la extorsión, el robo a casa habitación y el robo a negocio se adhieran a lo ya establecido en la legislación mexicana junto a los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, delitos electorales y armas de fuego, haciendo caso omiso al llamado de organismos internacionales. Tajante y preocupante. Pero, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla: la sociedad, su vecino, su hermano, mi hermano, su padre, mi padre, su madre, mi madre, usted, así lo piden, lo exigen. ¿En qué momento se equivocaron los derechos humanos? Han de pensar, pero la pregunta correcta es: ¿En qué momento nos equivocamos nosotros? como ciudadanos tenemos que estar al pendiente de lo que pasa en el desarrollo de audiencias penales; estas son públicas y a fin de cuentas, los delitos son de trascendencia social. Es nuestro derecho estar informados, pero no debemos ser parte de una sociedad moralmente confundida que debate si la libertad personal se debe de restringir por decreto propio. Impunidad, se escucha en las calles, pero como sociedad, como ciudadanos, como seres humanos debemos de tener la capacidad de no confundir impunidad con ausencia de prisión en la etapa de investigación; por eso se respira frustración, angustia, intranquilidad y desilusión de las autoridades, pero una cosa no es la otra, no son sinónimos, eso nos lleva al populismo penal, y no es lo correcto. Los procesos penales se tienen que llevar a cabo en las salas de control, de juicio oral, no en los periódicos ni redes sociales.

Denise Dresser lo menciona: «México no necesita héroes o redentores en el gobierno, sino instituciones que funcionen, leyes que se apliquen y ciudadanos decentes, trabajadores, analíticos, comprometidos con un nuevo rumbo democrático y justo». Sin embargo, estamos exigiendo venganza, más violaciones a derechos humanos y más ataques a la presunción de inocencia.

Es por esto, que como sociedad tenemos que hacer un examen de consciencia, una reflexión de la responsabilidad que tenemos al decir lo que pensamos, al hacer uso de nuestro derecho a exigir, tenemos que generar consciencia que, a palabras de Mahatma Gandhi, «ojo por ojo, y el mundo quedará ciego».

Rodrigo Herrera
Agente del Ministerio Público del Estado de Chihuahua, actual estudiante de la maestría de litigación oral por California Western School of Law de San Diego, California. Consciente de que aún en las sociedades agraviadas por la impunidad, son indispensables los procuradores de justicia sensibles al debido proceso y reflexivos en la presunción de inocencia.

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