Políticamente correcto

El presidente Enrique Peña Nieto es impecable en sus formas y en sus gestos. Y honra su palabra. Hace un par de días promulgó la Ley General de Víctimas, que el mandatario anterior vetó por considerar que contenía errores jurídicos y comprometía al Estado mexicano a realizar promesas difíciles sino es que imposibles de cumplir. Qué diferencias de estilos. El primero, siempre poniendo el énfasis en los símbolos y en los mensajes; el segundo, desdeñándolos al privilegiar una pretendida responsabilidad. Fuera de esto hay un hecho cierto: en México las víctimas visibles e invisibles de delitos violentos y de violaciones perpetradas por agentes del propio Estado se cuentan por miles y tenemos que reconocer que hay vidas truncadas, daños sicológicos profundos y costos de todo tipo para los sobrevivientes de esa violencia, las que la recibieron directamente o quienes la padecen de manera indirecta y como sociedad tenemos que hacernos cargo. El cómo lo hacemos, sí hace una diferencia.
En principio debemos reconocer que la realidad que hoy nos sobrecoge en materia de victimización es consecuencia de un Estado limitado que no pudo proteger la vida e integridad de los mexicanos y tampoco ofrecer una puerta de acceso a un sistema de justicia capaz de resolver casos, identificar responsables y obligarlos a la reparación del daño. Este Estado incapaz ahora busca compensar con mecanismos que superan sus capacidades. El riesgo de la simulación está de nuevo presente.
Entre los problemas que se identifican en la ley de víctimas está el hecho que compromete al Estado a una reparación del daño, que puede implicar sumas de recursos con los que el gobierno hoy no cuenta y presumiblemente tampoco lo haga en el futuro. La ley, tal como se promulgó, no reparó en ningún criterio presupuestal. Sus arquitectos quizá supusieron que era mezquino reparar en pesos y centavos, cuando el tema es de pérdidas de vidas y huellas imborrables en muchos individuos. Pero precisamente porque se trata de un tema tan delicado y sensible es que no se puede fallar. La ley tiene algunos contenidos que pueden hacerla tropezar en sus propósitos. Aunque sea políticamente incorrecto, hay que decirlo.
En realidad, aunque existieran los recursos, ningún mecanismo resarcitorio es suficiente. Por eso, es falaz pretender que la ley o un esquema de protección a las mismas, que sin duda debemos tener, compense por todos los otros déficits del Estado mexicano en los campos de la seguridad y la justicia, pero también en el de la creación de oportunidades que desalienten la comisión de delitos entre ciertos grupos de población. Mal haríamos en suponer que con un ordenamiento legal de esta naturaleza, los gobiernos saldan sus cuentas con las víctimas.
La responsabilidad primordial del Estado es velar por la vida e integridad de sus gobernados. En una frase corta: evitar la victimización. Si ésta sucede, el Estado,también como parte de su responsabilidad primaria, debe dar garantía de acceso a la justicia a las víctimas del crimen. Cuando estas dos están ausentes, tenemos un Estado en crisis y una sociedad en situación de grave vulnerabilidad. Eso precisamente es lo que hemos vivido en los últimos años.
La publicación de la Ley General de Víctimas debe reconocerse desde un punto de vista simbólico. El que el presidente Peña se apurara en su publicación, muestra que el tema no le es indiferente, ya sea por cuestiones humanitarias o por estrategia de gobierno. El hecho es que el acto en sí implica un reconocimiento del Estado, del daño que causó la violencia, de sus repercusiones y de la responsabilidad que tiene en la atención de las víctimas. Pero también es una realidad que una vez hecho el planteamiento público lleno de símbolos, se debe pasar al trabajo real. Y ahí es donde los problemas y las fallas de la ley se pueden hacer evidentes.
El presidente Peña reconoció que era una ley perfectible y optó por el acto simbólico antes que por la funcionalidad y el pragmatismo. Pero siendo que se reconocen los problemas, la ley amerita una discusión profunda desde el planteamiento filosófico de qué corresponde a quién en la atención de este problema, hasta el práctico: cuántos recursos, cuántas instituciones, cuánta burocracia. Si el tema realmente nos mueve, como seguramente lo hace con muchos mexicanos que sentimos el dolor de otros como propio, tenemos que tomarnos en serio este asunto. Queremos eficacia, no sólo un buen discurso.
El presidente Calderón vetó la ley que hoy se aprueba. En él prevaleció un sentido de responsabilidad y la preocupación por las fallas que detectó en el documento. El presidente Peña adopta el camino contrario. Privilegia el acto que simboliza la posible reconciliación sobre los aspectos sustantivos que darán factibilidad a los objetivos que la ley se propone. Abramos el debate y discutamos esta ley ahora que las víctimas están en la agenda y son prioridad para quien encabeza la administración.