Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

“La administración actual no ha reducido el número de asesinatos en el país, de hecho, (2019) es el año más sangriento de México en la historia moderna”. Tal fue el argumento con el que el periodista Jorge Ramos cuestionó a López Obrador después de que el mandatario asegurara que se había logrado contener este flagelo. Lo anterior detonó un debate público sobre si las cifras de incidencia delictiva en México son confiables o no. Y entre dimes y diretes la realidad alcanzó al presidente con la masacre de Minatitlán en la que fueron asesinadas 13 personas, entre ellas un bebé de un año.

Ante esta tragedia, AMLO se comprometió a dar resultados en seguridad en seis meses. Afirmó que lo lograría con la implementación de los programas sociales de su gobierno; en específico mencionó que al dar apoyo a los jóvenes se dejará “sin bases” a las bandas de delincuentes, pues el crimen organizado ya no podrá engancharlos. Además, dijo, habrá más presencia de elementos federales gracias a la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, no dio a conocer acciones concretas, ni cómo éstas tendrían relación con la atención de los factores de riesgo para prevenir el delito.

Y este es el meollo del asunto. Si uno de los cimientos de lo que serán sus acciones contra el crimen es la prevención, hay que diseñar políticas precisamente con este propósito. La política social no es política de prevención. Evidentemente se tocan, pero no son lo mismo. Y entre más pronto el presidente lo entienda, mejores resultados podrá ofrecer en esta materia.

Necesitamos una política de seguridad y de prevención del delito seria que identifique a los sectores de la población –incluyendo los jóvenes– en situación de riesgo, para focalizar las intervenciones. Necesitamos una política de prevención del delito y la violencia basada en evidencia. Con (micro) diagnósticos claros. El principal recurso que se tiene para poder atender un problema público es la información. Con ella es posible diagnosticar el problema, orientar la toma de decisiones y evaluar si el curso tomado ha sido el adecuado.

Los jóvenes sí son uno de los grupos más afectados por la crisis de violencia e inseguridad que vive el país. Los jóvenes son víctimas, pero también perpetradores.

Las muertes de jóvenes en edades de 15-29 representó el 37.1% de todos homicidios cometidos en 2017. Los estamos dejando morir, no podemos seguir equivocándonos.

Frente a este panorama desolador, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió, en tiempos de la campaña electoral, un programa de atención a jóvenes que no han logrado encontrar una plaza de trabajo ni una para realizar sus estudios universitarios. Son muchísimos.

El mandatario presentó dicho programa con el lema “Becarios sí, sicarios no”.

Una vez asumida la presidencia, planteó los programas prioritarios del gobierno federal, los cuales incluyen tanto el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, entre otros.

Sin embargo, debemos reiterar: es importantísimo que el presidente comprenda que la política de prevención del delito no es lo mismo que una política social o una política de transferencias universales a cierto grupo poblacional.

Una política de prevención del delito debe ir encaminada a atender los factores de riesgo que pueden impulsar una carrera criminal y potenciar los factores de protección. Echa mano de habilidades que se desarrollan a través de información muy fina y muy local. Sólo así se logran identificar los sectores de la población –incluyendo los jóvenes– en situación de riesgo y se focalizan las intervenciones (buenas intervenciones: no cualquiera sirve), dado que los recursos son limitados.

En México Evalúa realizamos diversas evaluaciones de lo que fue la política nacional de prevención de la violencia en los sexenios anteriores, y encontramos serios problemas. Con todo, se estaban sentando las bases para la aprendizaje, para el desarrollo de capacidades sofisticadas capaces de intervenir exitosamente y cambiar vidas, entornos… Se estaba refinando el método para conocer lo factores de riesgo, pues.

Como parte de nuestras recomendaciones, hemos propuesto la elaboración de diagnósticos locales, el diseño de acciones basadas en evidencia, el monitoreo y la evaluación del progreso de las acciones.

Aunque los programas destinados a los jóvenes pueden ayudarlos, si se quiere reducir la violencia hace falta más. Mucho más. Hacer prevención en serio.

Los programas sociales del presidente y el despliegue de la Guardia Nacional no son suficientes para solucionar el problema de la inseguridad. Pero estamos a tiempo de hacer algo realmente transformador. El presidente tiene las intuiciones, pero le hacen falta los instrumentos. Ojalá lo comprenda.