Números de Erario: diciembre de 2020

Un año que nos puso al borde del desequilibrio



He aquí nuestro análisis de las cifras publicadas al cierre de 2020. Lo números cuentan una historia de descalabro de los ingresos petroleros; de estancamiento en los tributarios, y de un Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que parcialmente compensó la caída, pero que está muy cerca de agotarse. El Gobierno, eso sí, gastó más que en 2019, aunque se quedó corto en relación con lo que planeaba ejercer… En todo caso, el detalle más interesante está en el monto que se destinó a fideicomisos, casi ‘sobre la campana’.

Es también el año en que aumentó la deuda y el balance público terminó por descomponerse. Y un dato que no suele llamar tanto la atnción: la disminución significativa en los recursos transferidos a las Entidades Federativas y Municipios a través del Gasto Federalizado. El gobierno gastó más que el año pasado pero se quedó corto en relación a lo que planeaba ejercer este año, a diciembre el subejercicio acumulado fue de -1.8% (-108 mmdp).

Esto es, ante todo, las razones por las cuales resulta muy difícil mirar al 2021 con optimismo, desde las finanzas púbicas.


Análisis de ingresos

Durante 2020, los ingresos totales del Sector Público se ubicaron en 5 billones 339.9 mmdp[1], lo que se tradujo en una disminución de 4.1% real (-228.0 mmdp), respecto al mismo periodo de 2019. Esto se debió, principalmente, a cuatro factores:

  1. El impacto severo de la pandemia en la actividad económica y, por ende, en la recaudación.
  2. La caída de los ingresos petroleros, debida a una menor producción y precio.
  3. El impacto de la suspensión de actividades, producida por las medidas de contingencia sanitaria, sobre las ventas de electricidad de la CFE.
  4. El efecto de la reducción del empleo formal sobre las cuotas que recibe el IMSS.

Por componentes, los ingresos petroleros disminuyeron 38.7%, mientras que los ingresos no petroleros se incrementaron 3.4%, respecto a 2019.

Los ingresos tributarios sumaron 3 billones 338.9 mmdp, lo que representó un crecimiento de tan sólo 0.8% (27.5 mmdp), en términos reales, respecto a lo reportado en 2019. A su interior, los impuestos se comportaron de manera muy distinta:

  • El ISR se incrementó 0.9% anual; es decir, estuvo estancado.
  • El IVA aumentó 2.3%.
  • Los IEPS disminuyeron 3.2%: los de gasolina y diésel se redujeron 2.6% y los distintos de gasolina y diésel fueron menores en 4.4%.

A pesar de que los ingresos tributarios no tuvieron mal desempeño (si tomamos en cuenta el contexto económico tan adverso), estuvieron lejos de poder compensar la pérdida de los ingresos petroleros. Por ese motivo, el Gobierno tuvo que compensar con ingresos no recurrentes, especialmente del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Así, los ingresos no tributarios no petroleros (NTNP) se ubicaron en 551.3 mmdp, lo que significó un incremento de 43.5% respecto al dato reportado en 2019, resultado del incremento de 63.5% de los aprovechamientos, ya que los derechos disminuyeron 15.4% y los productos 21.1%. Al interior de los aprovechamientos, destaca la recuperación de activos financieros como política de gobierno, con el fin de evitar el endeudamiento adicional y los desequilibrios macroeconómicos: se recuperaron 204 mmdp del FEIP (incluyendo 47.4 mmdp que se recibieron por coberturas petroleras); 55.3 mmdp de otros fideicomisos (incluido el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, por 21.6 mmdp); 42.8 mmdp de ingresos derivados de financiamiento por operaciones de colocaciones de deuda y 32.3 mmdp de entidades paraestatales.

Por otra parte, la “despetrolización” de las finanzas públicas es una dura realidad para un Gobierno que no ha logrado recaudar lo suficiente en impuestos (lo suficiente como para que la caída de los ingresos petroleros no lo desequilibren del todo, se entiende).

¿A qué nos referimos con despetrolización? A que los ingresos tributarios han pasado de representar el 49.3% de los ingresos totales del Sector Público en 2000, a abarcar 62.5% en 2020, el porcentaje más alto en estos 20 años. El ISR es el impuesto con mayor peso (33.0%), seguido del IVA (18.5%).

En cambio, los ingresos petroleros presentaron la proporción más baja desde 2000, respecto al porcentaje que representan de los ingresos totales: 11.3%.

Los ingresos en relación con su meta para el año

Los ingresos totales del Sector Público no alcanzaron la meta inicial, establecida en la Ley de Ingresos 2020: exhibieron un rezago de 3.3% (-183.3 mmdp).

En el acumulado, los ingresos tributarios se quedaron 4.8% por debajo de su meta estimada en el calendario (-166.9 mmdp); lejos de registrarse ingresos excedentes de este tipo, se observa una pérdida. El IVA tuvo un rezago de 2.0% (-20.0 mmdp), en relación con la LIF2020. El ISR exhibió un rezago de 5.0% (-92.4 mmdp) en el mismo ámbito. Los IEPS observados están por debajo de lo aprobado 10.7% (-55.1 mmdp).

En 2020, los ingresos petroleros del Sector Público reportaron un rezago en relación con lo que se esperaba para este periodo: 38.6% (-381.5 mmdp), que en realidad es mayor si no consideramos las transferencias del Gobierno Federal a Pemex, registradas como ingresos petroleros.

En contraste, los ingresos no tributarios no petroleros superaron en 233.2% su meta de 2020.

Por su parte, la caída natural de los ingresos recurrentes (petroleros y tributarios) fue mayor a la observada. El total de ingresos recurrentes sin compensar asciende a 3 billones 740.7 mmdp, 16.7% menos (-752.4 mmd) respecto al dato aprobado para 2020. Esta caída fue atenuada por el aumento en los ingresos no recurrentes, compensada con los recursos del FEIP por un monto de 204 mmdp, y que la Tesofe traspasó al rubro de “aprovechamientos”. Sin embargo, aun con los montos excedentes en los ingresos no recurrentes (385.8 mmdp), tampoco alcanzaron para compensar la pérdida observada en los petroleros y en la recaudación (-548.4 mmdp), por lo que el neto fue negativo en 162.6 mmdp. El neto sin compensar asciende a -570.6 mmdp.


Saldo en los fondos de estabilización

Durante 2020 el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) registró entradas por 64.0 mmdp y salidas por 214.4 mmdp, destinadas 1) a compensar la disminución de los ingresos del Gobierno Federal sin destino específico (204.0 mmdp) y 2) a las inversiones financieras, como parte de las medidas realizadas para la administración de riesgos en el ejercicio fiscal de 2021, el pago de honorarios al fiduciario y el pago del dictamen de los estados financieros (10.4 mmdp). Así, el saldo del FEIP a diciembre de 2020 fue de 9.5 mmdp. Respecto al saldo de diciembre de 2019 se redujo 154.4 mmdp.

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), a diciembre de 2020, tuvo ingresos por 5.5 mmdp y egresos por 35.4 mmdp; su saldo se ubicó en 30.7 mmdp. En 2020, el FEIEF tuvo una reducción respecto al saldo de 2019 de 31.9 mmdp, recursos transferidos a las entidades de manera mensual para cumplir con las partidas presupuestarias.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP) tuvo un saldo al 31 de diciembre de 2020 de 23.2 mmdp, 1.8 mmdp superior al reportado al cierre de 2019 (21.5 mmdp).


Fideicomisos al cuarto trimestre de 2020

Al 31 de diciembre de 2020 se reportan 329 actos jurídicos[2]: 300 fideicomisos[3], 23 mandatos y seis análogos[4], los cuales suman un total de 597 mmdp, y muestran una disminución de 22.1% real (-169.1 mmdp) respecto del monto observado en 2019. Respecto al trimestre previo (septiembre), se observa un incremento de 15.9 mmdp (2.7%).

Al cuarto trimestre de 2020, la SHCP reportó dos altas, 11 bajas y 32 fideicomisos en proceso de extinción; éstos últimos equivalen a 966.6 millones de pesos, de los cuales no se presentan usos ni estados financieros.

Recordemos el contexto: en el artículo quinto transitorio del Decreto de Fideicomisos[5] se estableció la obligación, por parte de los ejecutores de gasto, de coordinarse con las instituciones fiduciarias y llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los actos jurídicos que se reformaron o derogaron, con la finalidad de que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción o terminación.


Análisis de gasto

A pesar de la debilidad observada en los ingresos, el gasto neto total se incrementó 0.2% en relación con 2019. Es decir, el Gobierno gastó más que el año pasado, aunque se quedó corto en relación a lo que planeaba ejercer este año: a diciembre el subejercicio acumulado fue de 1.8% (-108 mmdp). 

El análisis del gasto mensual, sin embargo, revela algo muy interesante: durante diciembre se aceleró el gasto programable y no programable del Sector Público. Sólo en ese mes el gasto neto fue 45.9% superior a lo aprobado (276 mmdp), mientras que el gasto programable excedió en 87% (302.9 mmdp) lo programado (en esta parte del gasto se clasifican los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y otros análogos). El gasto no programable, en contraste, ejerció 8.6% menos recursos que los aprobados en el mes.

Al hacer un análisis por capítulo de gasto, vemos que “Servicios Generales” y “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” son los que más gastaron en relación con lo presupuestado en términos relativos (ver los gráficos en el Anexo de Gasto). Pero dentro del capítulo de “Transferencias, asignaciones…”, el concepto de “Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos” fue el que más recursos sobrejerció, al gastar tres veces más de lo presupuestado (328% o 121 mmdp).

Fueron ocho Ramos a los que, a través de este capítulo, se les transfirieron al menos 50% más de recursos, respecto a lo aprobado; entre ellos se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, Salud, Energía y SHCP. Entretanto, otros ocho Ramos no tenían previsto transferir recursos a través de este capítulo, pero lo hicieron, y suman un total de 1.3 mmdp (entre ellos, Presidencia, el Poder Judicial, la CNH y la CRE). 

Si no se toman en cuenta los 121 mmdp excedentes en la transferencia a fideicomisos, mandatos y otros análogos, el gasto neto total del Sector Público habría experimentado un recorte de 3.7% (228.7 mmdp) en relación con lo aprobado, y su variación anual con respecto a 2019 sería de -1.8% (-110.4 mmdp).

Por lo demás, el gasto neto del Sector Público en 2020 fue de 6 mil millones de pesos. De ellos, 4 mil 455.2 millones de pesos corresponden al gasto programable, el cual cerró el año con un sobrejercicio de 1.1% (48 mmdp), y con respecto a 2019 aumentó 1.8%. En la composición del gasto, el programable representó 74%. El 26% restante se ejerció a través del gasto no programable (1,545 mmdp); en el cierre de año este gasto exhibió un subejercicio de 9.1% (-156 mmdp). 

El gasto programable fue mayor a lo previsto porque en algunos Ramos de la Administración Pública Centralizada —como Economía, Turismo y la SHCP— se concentraron el desembolso extra de recursos para atender la crisis sanitaria, los apoyos a través de subsidios y transferencias y los recursos para proyectos de inversión física, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles. 

Por otro lado, el recorte en el gasto no programable es el resultado de una reducción en las participaciones transferidas a estados y municipios, y a un menor costo financiero y pago de ADEFAS. El costo financiero representó 11% del gasto total en 2020, porcentaje muy similar al observado en los últimos tres años, pero que contrasta con el 7.5% que representó en 2013 y 2014. El incremento en la proporción que el costo financiero representa en el total del gasto reduce el espacio fiscal del gobierno; es decir, se trata de un gasto ineludible que reduce la capacidad financiera del gobierno en el corto plazo para proveer bienes y servicios a la población.

Si bien la proporción del costo financiero en el gasto aumentó desde 2014 hasta 2020, la proporción de la inversión física se redujo siete puntos porcentuales en el mismo periodo. 2020 cierra con un monto de inversión física de 653.3 mmdp, 12% mayor que el de 2019 si consideramos el efecto rebote (recordemos que en 2019 la inversión física se redujo 12%), pero menor al observado en 2018, de 661.9 mmdp. Sin considerar la inversión en Pemex y el monto del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familias de la Secretaría de Economía (mejor conocido como Créditos a la Palabra), la inversión física con respecto al año pasado aumentó sólo 6%, y también se ubicó por debajo del gasto realizado en 2018, de 461.2 mmdp. Entretanto, la inversión en Pemex se redujo 3% con respecto a 2019. 

La inversión física fue 0.2% (-1.35 mmdp) menor a la aprobada para 2020, y si no incluimos el monto del programa Créditos a la Palabra en el total de la inversión, el subejercicio hubiera ascendido a 5.4% (-35.5 mmdp). Recordemos que este programa se creó como respuesta a la crisis ocasionada por la covid-19, y su fin es apoyar a las familias y empresas afectadas por la paideia a través de subsidios, pero no el impulso a la creación de capital, principal objetivo de la inversión física. 

Con relación al 2019, fueron los Ramos Autónomos y el IMSS e ISSSTE quienes tuvieron un mayor crecimiento anual. Entre los autónomos, el TFJA ejerció 99% (2.2 mmdp) más que en el año previo, al destinar más recursos en gastos de operación; el Inegi ejerció 41% más (4.4 mmdp) porque durante 2020 se levantó el censo de población y vivienda. Sin embargo, llama la atención que la CNDH ejerció 26% (-0.4 mmdp) menos recursos que en 2019; su gasto se compara al observado durante 2010. El ISSSTE, por su parte, ejerció 3.3% (11.5 mmdp) más recursos, que se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones, así como en inversión física y materiales y suministros. Con respecto al IMSS, el gasto 6% mayor al previsto (46.8 mmdp) se reflejó en el pago de pensiones, servicios personales y materiales y suministros; no obstante, esta institución tuvo un menor gasto en inversión física en salud.

A pesar de que el gasto agregado de los Ramos Administrativos no fue considerablemente mayor que el observado en 2019, dentro de ellos la Secretaría de Economía, de Turismo y la SHCP destacan por gastar 50% más que en 2019. La Secretaría de Economía ejerció 277% (30.2 mmdp) más recursos, los cuales en gran parte se ejercieron en el ya mencionado programa de Créditos a la palabra. La Secretaría de Turismo ejerció 406% (11.0 mmdp) más recursos que en 2019, debido a la construcción del Tren Maya. La SHCP gastó 53% (26.3 mmdp) más, al destinar recursos a la aplicación y el diseño de la política económica. 

Con respecto al monto previsto en 2020, encontramos que los Ramos Administrativos gastaron 15.6% más de lo previsto. De ellos, la Secretaría de Economía (557%), la SHCP (221%), la CNH (210%) y la Secretaría de Turismo (172%) fueron los ejecutores que más sobrejercieron en relación con lo planeado.

Veamos con mayor detalle algunos de los Programas Presupuestarios Principales. Se reportaron 188 de ellos en el Anexo V del Anexo de Finanzas Públicas del Informe al Cuarto Trimestre de 2020 de la SHCP. Once ejercieron un gasto mayor a lo previsto en 2020 (e incluso a lo ejercido en 2019); entre ellos se encuentran programas relacionados al Insabi, la Guardia Nacional y el Tren Maya:

  • Seguro de Vida para Jefas de Familia (Bienestar)
  • Programa de Inclusión Financiera (SHCP)
  • Guardia Nacional (Seguridad y Protección Ciudadana)
  • Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (Educación Pública)
  • Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo (Educación Pública)
  • Programas del Tren Maya (Secretaría de Turismo)
  • Internet para Todos (SCT)
  • Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa (Economía)
  • Sistema Satélital (SCT)
  • Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Salud)

En contraste, nueve programas exhibieron recortes o no ejercieron recursos durante 2020. En su mayoría, están relacionados con programas de salud, a obligaciones jurídicas y a la construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

  • Provisiones para el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec (Entidades no Sectorizadas)
  • PROSOFT (Economía)
  • Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (Economía)
  • Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Entidades no Sectorizadas)
  • Programa de aseguramiento agropecuario (SHCP)
  • Obligaciones jurídicas ineludibles (SEDATU)
  • Calidad en la Atención Médica (Salud)
  • Planeación, diseño ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Entidades no Sectorizadas)
  • Garantías Líquidas (SHCP)


Gasto federalizado

Durante 2020, la Recaudación Federal Participable (RFP) sumó 3 billones 95.6 mmdp, lo que representó una disminución de 6.3% (-210 mmdp), respecto a 2019, resultado de menores ingresos en sus componentes tributarios (-1.0%) y petroleros (-51.0%).

El gasto federalizado, es decir, las transferencias que realiza el Gobierno Federal a los estados y municipios, sumó 1 billón 829.0 mmdp, lo que se tradujo en una disminución de 7.7% (-152.3 mmdp) respecto al mismo periodo de 2019. La caída anual en el gasto federalizado en 2020 se debió a la disminución en cuatro de sus componentes: 1) Convenios de Reasignación[6] para el cumplimiento de programas federales (-61.6%); 2) Convenios de Descentralización[7] (-7.9%); 3) Participaciones-Ramo 28[8] (-7.2, debido a una menor RFP) y 4) Subsidios[9] (-3.1%), por una disminución en el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Por su parte, las Aportaciones Federales o Ramo 33 sólo aumentaron 0.3% real, respecto a 2019.

En 2020, las participaciones a entidades federativas se ubicaron en 843.8 mmdp, lo que significó una caída de 7.2% (-65.0 mmdp) por debajo de los recursos recibidos en 2019 (908.9 mmdp), resultado de una menor recaudación. El menor pago de participaciones a los estados y municipios se compensó parcialmente con 60.1 mmdp provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF): de enero a septiembre se transfirieron 46.8 mmdp del FEIEF; en octubre 7.8 mmdp y en noviembre 5.5 millones de pesos[10].

A excepción del Fondo ISR[11], el cual presentó un crecimiento anual de 0.3%, el resto de los componentes del Ramo 28 tuvieron caídas anuales. Destacan las de los fondos con mayores recursos: el Fondo General (-6.0%), el Fondo de Fomento Municipal (-6.0%) y el Fondo de Fiscalización (-7.0%).

La disminución de los recursos vía Participaciones Federales se reflejó en menores crecimientos en 29 entidades federativas, de las cuales 17 disminuyeron por debajo del promedio nacional. Las más afectadas fueron: Campeche (-14.3%), Nayarit (-14.0), Hidalgo (-10.6%), Tabasco (-10.6%), y Michoacán (-10.4%). Sólo tres recibieron mayores recursos, respecto al año anterior: Baja California (3.5%), Chiapas (3.4%) y Colima (2.8%).

Por su parte, las Aportaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 809.6 mmdp, lo que significó un incremento anual de tan sólo 0.3% (2.6 mmdp), que se explica por los crecimientos en tres de sus fondos: el de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo-FONE (0.2%); el de Aportaciones para los Servicios de Salud-FASSA (2.0%) y el de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos-FAETA (3.4%). Los fondos cuyos recursos están destinados al desarrollo regional (infraestructura social y fortalecimiento de entidades) siguen teniendo disminuciones en sus transferencias.

Las entidades federativas con los mayores crecimientos en sus recursos vía transferencias del Ramo 33 en 2020 fueron: Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala y Guerrero. Por su parte, las entidades con las mayores disminuciones en sus recursos recibidos a través de estas Aportaciones fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Guanajuato.


El balance del Sector Público y sus Requerimientos Financieros

El Balance Primario se ubicó por debajo de su meta calendarizada, ya que presentó un superávit de 31.7 mmdp; el programado era un superávit de 180.7 mmdp.

El Balance Público presentó un deterioro en su posición en comparación con la observada en meses anteriores. Se encontró por arriba de lo calendarizado para 2020: fue de -674.2 mmdp, cuando se tenía un déficit estimado de -547.1 mmdp. En el mismo periodo de 2019, se registró un déficit de -407.0 mmdp.

El costo financiero fue de 686.1 mmdp, inferior al programado, de 727.4 mmdp.

La medida más amplia de endeudamiento público, los Requerimientos Financieros del Sector Público o RFSP[12], fue de -897.1 mmdp, a diciembre de 2020, o -3.9% del PIB, resultado mayor a lo aprobado (-2.6% del PIB), debido principalmente al uso de activos financieros del Gobierno Federal con la finalidad de evitar el endeudamiento.

El Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) o deuda neta total, a diciembre de 2020 sumó 12 billones 86 mmdp de pesos; se incrementó en 7.5% o 847 mmdp respecto a 2019. El SHRFSP representó el 52.2% del PIB, un incremento de 7.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año previo. Esta proporción es la más alta para un periodo similar desde el año 2000 debido a la contracción del PIB, lo que redujo su valor en términos absolutos.


ANEXO 1: indicadores de ingreso, fideicomisos, gasto federalizado, balance público y variables de contexto


ANEXO 2: Gasto


[1] Miles de millones de pesos.

[2] De éstos, 247 son actos jurídicos federales, 55 estatales y 28 privados.

[3] Los fideicomisos públicos son contratos por medio de los cuales el Gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitentes, a través de sus dependencias centrales o paraestatales, transmiten la titularidad de determinados bienes del dominio público, del dominio privado de la Federación, entidad federativa o municipal, o afecta fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado, de interés público.

[4] En los mandatos se obliga, mediante un acto jurídico, el destino de recursos públicos en cumplimiento de un objeto que también debe ser lícito. En los mandatos, el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Los análogos pueden cumplir la misma función.

[5] Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de  Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas, y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado el 6 de noviembre de 2020 en DOF.

[6] Son acuerdos que las dependencias del Gobierno Federal firman con las entidades federativas con el propósito de reasignarles recursos de las dependencias y entidades públicas, para el cumplimiento de diversos objetivos de los programas federales.

[7] Corresponden a acciones de colaboración y coordinación entre las dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas.

[8] Forman parte del gasto no programable y derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es un

mecanismo por medio del cual se acuerda el ejercicio de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno que componen un Estado. Son un mecanismo de compensación a los gobiernos locales, dependiendo de la Recaudación Federal Participable (RFP).

[9] Incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada. Estos se destinan para apoyar el desarrollo conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el PEF de cada año.

[10] Comunicado 086 SHCP, del 30 de octubre de 2020: “Secretaría de Hacienda y Crédito Público compensa la totalidad de las participaciones federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable”. Recuperable en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/589158/Comunicado_participaciones_federales__1_.pdf

[11] El fondo fue creado en el 2015, cuya función es retener el ISR de la nómina de los empleados, el cual es entregado a la Federación y, posteriormente, la SHCP hace la repartición de los ingresos entre las 32 entidades.

[12] Los RFSP se miden como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o de las entidades públicas, en línea con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con las guías internacionales, Esta medida incluye además del balance tradicional, las necesidades de financiamiento del IPAB, Fonadin, bancos de desarrollo y fondos de fomento, programas de apoyo a deudores y PIDIREGAS de CFE y un ajuste por los ingresos derivados de la venta neta de activos financieros y por la adquisición neta de pasivos distintos a la deuda pública. En los RFSP y el resultado primario el signo negativo (-) significa déficit o requerimiento de recursos y el signo positivo (+) superávit.