Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

El 31 de julio, dos hombres detuvieron una combi de pasajeros en la autopista México-Texcoco. Subieron y comenzaron a robar a los pasajeros. Humillando, insultando, exigiendo, amenazando. Cuando terminaron de recolectar el dinero, los teléfonos y lo que pudieron, le ordenaron al chofer que frenara y se intentaron bajar.

Lo que siguió, estimado lector, usted seguramente lo ha visto en el video grabado por la cámara oculta del vehículo. El primero logra bajarse. El segundo, no. Un pasajero le mete el pie y lo sujeta. Los otros pasajeros también lo sujetan. Al confirmar que no viene armado, el miedo cedió su lugar a la ira.

La cámara graba todo. Durante varios minutos, el ladrón es golpeado sin piedad. Esa tarde, las víctimas se rehúsan a serlo. No esta vez.

Uno de los pasajeros le grita al ladrón: “¡Para que sientas lo que sentimos!”. Y con ese grito se identificaron millones de mexicanos que han sufrido el terror de tener el cañón de la pistola de un asaltante enfrente.

“Para que sientas lo que sentimos”. Son las palabras que resumen la impotencia convertida en furia ciudadana, ante instituciones de Estado que no previenen, no registran y no sancionan el delito.

Esto es un nuevo y urgente llamado de atención a todos los que tenemos alguna responsabilidad con el sistema de justicia y, en particular, con la investigación criminal.

El video se volvió viral. La experiencia de cinco enfurecidos se convirtió en catarsis de millones de indignados. Parecía que los que compartían el video querían ser uno de los cinco vengadores anónimos a los que las redes bautizaron como “los héroes de la México-Texcoco”.

Entre todos los memes que surgieron a partir del video, uno llamó mi atención: el que mostraba el logotipo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con la frase “Suprema Combi de Justicia de la Nación”.

Justicia. Eso querían los cinco pasajeros. Eso quieren millones de mexicanos.

Lo que se vio en el video, desde luego, no lo es. Fue otra cosa: venganza, retribución, desquite, revancha, desahogo. Pero mientras más tiempo pasa sin dar respuesta al clamor de justicia, más difícil será convencer de la diferencia, porque las muchas víctimas del delito sienten a ese linchamiento como algo más genuino y cercano que la justicia institucional.

Para mí, esto es un nuevo y urgente llamado de atención a todos los que tenemos alguna responsabilidad con el sistema de justicia y, en particular, con la investigación criminal.

Tenemos un sistema de justicia que no ha logrado completar exitosamente la transición iniciada hace 12 años hacia el modelo penal acusatorio. Desde entonces, no hemos tenido a un presidente de la República convencido al 100% de poner todo su capital político en la creación de un sistema de investigación que responda a la demanda de justicia. Tampoco encuentro esa convicción o energía en los legisladores, en los gobernadores, ni en muchos de los operadores del antiguo sistema.

Esto que les digo no es sólo mi opinión.

El año pasado, desde México Evalúa presentamos nuestra evaluación anual del sistema de justicia penal. Entre otros efectos, examinó el estado de la larga transición al sistema acusatorio. Confirmamos que eran necesarios más recursos, más y mejores sistemas de información. Y también que hacía falta profesionalizar al personal y avanzar hacia una autonomía real, con instituciones de procuración de justicia renovadas y más eficaces.

En nuestro estudio también fuimos enfáticos en una cosa: hay que reforzar urgentemente las capacidades de las fiscalías para realizar investigación criminal. Además, subrayamos que hay que atender el rezago en las investigaciones de los ministerios públicos y el exceso de carga en el poder judicial. En todas esas carencias y problemáticas está el origen de las dudas sobre si lograremos cerrar la brecha entre la justicia que tenemos y la justicia que necesitamos.

Encima de las dudas, tampoco me queda claro que haya ‘voluntad de Estado’ para avanzar hacia la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué lo digo? No creo exagerar si aseguro que el riesgo de una contrarreforma es cada vez mayor.

Las señales son preocupantes, especialmente las que provienen del ‘populismo penal’. Hablo de la noción, esparcida por políticos de todos los signos, de que el modelo acusatorio favorece la impunidad, con la famosa ‘puerta giratoria’.

La supuesta solución es cambiar las leyes para que los acusados pierdan derechos y la autoridad gane poder discrecional. Esta idea está cada vez más extendida entre nuestros gobernantes.

El ejemplo más reciente es Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, sobre cuya propuesta escribí hace un par de semanas. Puede que haya sido un aviso. El gesto de que algo más grande se aproxima.

El hecho es que nos estamos instalando en un carril que implica enormes riesgos y un margen muy estrecho: justicia por propia mano o la mano dura de poder discrecional, que no va a acabar con el crimen, pero sí con nuestros derechos.

El camino peligroso que estamos tomando está hecho de narrativas. El video de los “Héroes de la México-Texcoco” no hizo más que reforzarlas. Trágicamente.