La rifa de la justicia

Aranxa Bello (@abellobrindis)  | Animal Político

El panorama político del país ha sufrido convulsiones en estas últimas semanas. Caravanas de migrantes provenientes del sur del continente fueron “bienvenidos” por una Guardia Nacional que les bloqueó el paso. Por otro lado, la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz culminó su recorrido en el Zócalo de la capital sin que se lograra concretar la reunión que, meses antes, les había prometido el presidente. Y en materia de salud, el INSABI ha generado más preocupaciones e incertidumbres que fortalezas al sistema de salud.

Estos hechos han provocado reacciones instantáneas. Agitan con facilidad las posturas en el tablero político. Sin embargo, se verifica a la par un proceso más opaco, confuso, casi como un rumor de fondo, tras bambalinas: el de las propuestas y reformas que se pretenden presentar en materia de justicia, que dan material de sobra para la especulación, la preocupación y el análisis.

Ni hablar: ya que la bulla por la rifa del avión presidencial acapara inevitablemente la discusión pública, proponemos un análisis de las propuestas en materia de justicia y seguridad en clave de azar, barajando posibles escenarios como si fueran boletos de lotería.

  1. Gertz gana todo: el peligro autoritario

Éste, sin duda, es el escenario más aterrador. Se remonta a la noche anterior a la supuesta presentación de las reformas en materia judicial, cuando un conjunto de iniciativas se hizo público. Aunque hasta el día de hoy dichos documentos se encuentran huérfanos, un análisis de los discursos del fiscal general del 21 de octubre y el 18 de enero, y durante la IV Reunión Plenaria de Morena, permite atribuir la paternidad a la institución que él encabeza. Eso, y la posibilidad de rastrear la autoría en las propiedades del documento, señalan hacia la Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad de la Fiscalía.

Dicho material consiste en reformas a 14 artículos constitucionales, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la propuesta de un Código Penal Único, la expedición de una ley en materia de justicia cívica y modificaciones a cinco leyes más, todas ellas parte de la normativa en materia de impartición y procuración de justicia. Entre algunos de los aspectos que se volverían realidad en caso de consolidarse este paquete de reformas –o alguno con una lógica similar– serían: la desaparición de los jueces de control y de los tribunales de enjuiciamiento, la desaparición del auto de vinculación a proceso, la desaparición del control judicial en detenciones en casos de flagrancia, el arraigo para todos los delitos, la constitucionalización de las pruebas ilícitas –abriendo la puerta a la tortura para conseguir autoincriminaciones–, la presunción de responsabilidad y la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de responsabilidad penal.

En ese escenario, retornaríamos a un proceso inquisitivo o peor aún: hacia un proceso en el que sería imposible la imparcialidad, pues el juez sería juez y parte. Por otra parte, se constituiría un órgano todopoderoso, que violaría la división de poderes y el principio de pesos y contrapesos. Así, a través de estos juzgados y tribunales especializados –no sujetos a las mismas reglas que el resto de su especie– sería posible realizar una cacería de brujas de los jueces que no apeguen su actuación a ciertos intereses o expectativas. Es decir, mediante la presión institucional, los jueces podrían transformarse en instrumentos que fungirían como una extensión más del poder político.

Esto representa un retroceso inmenso en materia de derechos humanos, la demolición del sistema de justicia penal acusatorio, una grave crisis al Estado de Derecho y un panorama de autoritarismo bajo el que cualquier ciudadano podría constituir un presunto culpable –principalmente, los más vulnerables–.

  1. Zaldívar y la búsqueda de la ‘autorreforma’ judicial

Por otro lado, tenemos el escenario encabezado por el ministro Zaldívar, quien públicamente ha señalado lo insostenible de cualquier reforma que pretenda dar un revés al reconocimiento de derechos humanos e instalar instituciones autoritarias.

Bajo este supuesto, se puede inferir que las reformas que contendría este boleto estarían encaminadas a consolidar el proceso que él denomina de ‘autorreforma’ dentro del Poder Judicial. En diversos foros ha señalado que las prioridades que sigue este proceso se sustentas en los siguientes ejes: el combate a las prácticas indebidas, el perfeccionamiento de la carrera judicial, la cercanía a las personas y la paridad de género.

El ministro ha señalado en diversas ocasiones que, a su parecer, es necesaria una reforma a la Ley de Amparo que limite las malas prácticas en los litigios. Dicha percepción resulta entendible considerando la carga de trabajo que tienen las instituciones de justicia y la necesidad de contar con una verdadera justicia eficaz y expedita. Sin embargo, esperemos que las propuestas que se presenten para solventar estos problemas no generen más riesgos, como violaciones a los derechos de debido proceso o a la defensa adecuada.

Sin duda, para evaluar la eficacia y pertinencia de las vías con las que se pretenden conseguir estos fines, resulta necesario conocer las propuestas concretas. Pero por ahora cabe reconocer que son positivos los ejes que están en el centro de este proceso.

Bajo este escenario, la apuesta sería fortalecer el Poder Judicial sin afectaciones a su autonomía, así como atender los focos de alerta que en múltiples ocasiones se han detectado dentro de sus instituciones, tales como la corrupción, el nepotismo y el distanciamiento con el resto de la sociedad.

  1. Los atisbos de Durazo y el Código Penal Único

Tras un largo silencio, comienza a ser posible vislumbrar un poco de lo que se gesta tras bambalinas del escenario encabezado por Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

El 29 de enero, durante la IV Reunión Plenaria de Morena, Durazo dibujó las líneas de su estrategia de seguridad. En dicho evento señaló que las prioridades de la Secretaría que representa se enfocan en el combate a la corrupción, la regulación de la seguridad privada, la homologación de los tipos y penas de ciertos delitos, el diseño de una legislación de justicia cívica, el perfeccionamiento de un modelo nacional de policía, la atracción por parte de la Fiscalía General de delitos en los que estén involucrados servidores de instituciones de seguridad pública, entre otros temas.

Con base en lo anterior, podemos proyectar que en este escenario se plantea la necesidad de contar con un Código Penal Único. Sin embargo, aún es no posible identificar los vicios y virtudes de esta legislación que aún se encuentra tras los telones. Por ahora podemos anticipar que si esta legislación ayuda a la distribución de competencias de las instituciones federales y locales de procuración de justicia, sin criminalizar nuevas conductas, podría resultar positiva.

A primera vista, el que estos temas sean prioridad de esta institución es alentador, pues se abre la posibilidad de atender la crisis de inseguridad sin desestabilizar el aparato de justicia. Pero habrá que esperar a los detalles de las iniciativas antes de ser optimistas.

  1. Todos los caminos llevan a Monreal

 Quizás este escenario ha sido el más dinámico y dramático, pues la insistente actividad legislativa, el discurso precavido y los acuerdos conciliatorios han definido cada uno de los actos que suceden en él.

Así, tras el evento del 18 de enero y las filtraciones del día anterior, el senador ha reiterado en diversas ocasiones que no apoyará ninguna propuesta que vulnere derechos humanos. Para especular con un poco más de precisión, cabe recordar las múltiples iniciativas en materia de justicia que presentó anteriormente. Entre ellas: la creación de tribunales constitucionales estatales, una reforma para posibilitar el ejercicio de controversias constitucionales contra el Poder Judicial y múltiples reformas a la Ley de Amparo. Pero incluso esta lectura debe realizarse con precaución, pues el propio senador reconoció en sus redes sociales que parte de las iniciativas que tenía preparadas requieren de cambios antes de presentarse.

Sin embargo, como ya dijimos, éste es el escenario en el que suceden más tramas, que deberíamos observar independientemente de las declaraciones del senador. Entre éstas se encuentra la lista de asuntos prioritarios del Senado en este periodo de sesiones, en la cual se pueden encontrar diversas iniciativas pendientes de Monreal. Una de ellas es la propuesta de reformar la Constitución con la finalidad de crear una tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en materia de anticorrupción. Más allá de no comprenderse la necesidad de esta Sala, existiendo el Sistema Nacional Anticorrupción, hay que estar atentos a la posibilidad de que se estructure como un tribunal de Estado, que atente contra quien se contraponga a sus intereses.

Por otro lado, de la lectura de esa misma lista puede detectarse la prioridad que se le dará en esta Legislatura a las iniciativas del senador en materia de medidas contra el nepotismo. Lo anterior no sorprende y, en principio, no alarma, pues desde meses atrás es públicamente conocida la intención de Monreal de colaborar con el presidente de la Suprema Corte para diseñar normativa que permita mitigar este mal dentro del Poder Judicial. Sin embargo, habrá que conocer los alcances de la legislación, pues así como podría ser idónea para estos fines, también podría serlo para excluir ciertos perfiles indeseables por algunos poderes fácticos o llevar a la separación arbitraria de ciertos funcionarios. Habrá que esperar.

Dadas las circunstancias y las cercanías que son visibles públicamente, existen posibilidades de que en este escenario las iniciativas se realicen a conciencia y en concordancia con lo que plantean Durazo, Zaldívar, Scherer (el consejero jurídico del Ejecutivo) y Gertz. Este tipo de consensos amplios generalmente implican concesiones, esperemos que en estos acuerdos no se cedan los derechos humanos de los mexicanos y nuestro endeble Estado de Derecho por arreglos políticos.

  1. Scherer entre penumbras

Quizás el escenario con menos luz es en el que se encuentra Julio Scherer Ibarra. Poco se puede apreciar de las propuestas concretas que desde la Consejería Jurídica se desarrollan. Todo han sido inferencias y deducciones sobre lo que se alcanza a alumbrar sobre el escenario.

Conforme a lo planteado por el consejero en el acto del 18 de enero, es posible anticipar que una de las prioridades en sus iniciativas será la creación de un Código Penal Único, el cual, ha reconocido el funcionario, ha sido diseñado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). A partir de esta norma homologada se buscaría la eliminación de criterios jurisprudenciales contradictorios y la regulación de cuestiones como el aborto y la eutanasia. Lo anterior podría resultar positivo si conlleva un mayor reconocimiento de derechos; sin embargo, se se abre la puerta al riesgo de tipificar ciertas conductas que hoy en día no se consideran delitos. Habrá que estar atentos.

Como parte de lo anterior, señaló la necesidad de emitir leyes generales sobre tipos generales especiales, entre ellos el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas, la delincuencia organizada, la tortura y delitos electorales. Si como anticipó en ese mismo evento, dichas leyes prevén reglas para la distribución de competencias y mecanismos de colaboración y cooperación para la investigación y el ejercicio de la acción penal, podrían obtenerse resultados positivos sobre la actuación de las autoridades locales y federales.

Otro aspecto importante sobre este escenario es el interés que Scherer ha mostrado en diversas ocasiones por el diseño de una ley de justicia cívica. Sin embargo, poco ha ahondado en el contenido, objeto y forma de implementación de esta ley. Quizás en unas semanas el escenario se alumbre y nos regale un poco más de claridad.

  1. El premio mayor

 La agenda de justicia y seguridad es una prioridad en el país. Por eso es urgente que las estrategias que las instituciones pretenden emprender estén coordinadas. Sin embargo, que estos dos temas estén dentro de las inquietudes de tantos actores políticos es, de suyo, positivo. Hoy se presenta la oportunidad de alzar el debate y diseñar estrategias conjuntas e integrales para atender males como la corrupción, la delincuencia organizada y el desempeño de las fiscalías y los policías de investigación, por nombrar tan sólo algunos de los problemas que aquejan al país.

En esta situación valdría la pena apostar por la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, más que normativamente, en el diseño de la política pública de las instituciones que lo integran. Desarrollar las capacidad y habilidades necesarias para que este sistema funcione es un objetivo que está lejos de concretarse, pero que de llegar a consolidarse podría traer un gran beneficio a la impartición y procuración de justicia y, en consecuencia, a los altos índices de impunidad. Habría que apostar por perfeccionar aquello en lo que se ha invertido tiempo, esfuerzos y dinero. Pero, sobre todo, habría que apostar por un sistema que vela por los derechos humanos de todas las partes dentro del proceso y que exige más altos estándares de actuación a las autoridades.

Por otro lado, se da el escenario idóneo para definir las inconsistencias que no permiten la articulación entre el aparato de justicia y los problemas del país. Al respecto, resulta positivo que se apueste por dar un lugar central al sistema de justicia cívica, pues si realmente se diseñan leyes –y, sobre todo, instituciones– que tengan como prioridad la resolución de conflictos de menor impacto y la reparación del daño, se acotaría el margen para la impunidad en temas de justicia cotidiana, es decir, los que afectan mayoritariamente a los mexicanos en su día a día.

¿Qué escenario saldrá ganador en la rifa? Como decimos, le tiempo dirá. Y lo dirá pronto. Detrás de la incertidumbre están las posibilidades para perfeccionar nuestras instituciones. Ojalá se apueste por este ejercicio de análisis, evaluación y consolidación conjunto, y no por soluciones que ante la crisis lleven a la desesperación de la improvisación. Esperemos que los múltiples retrasos en la presentación de las iniciativas atiendan a estos motivos más que a disputas políticas y juegos de poder.

Quizás si la apuesta se tornara a consolidar nuestras instituciones, el boleto ganador alcanzaría para todo el país. Requerimos un aparato de justicia eficiente, que atienda a las desigualdades en nuestro país y que reduzca los niveles alarmantes de impunidad que vivimos el día de hoy. La crisis de inseguridad y de justicia no se resolverá por cachitos, pues éstos solo sirven para parchar. Las soluciones que requerimos son integrales y sin improvisaciones. Hoy se da la oportunidad diseñarlas e implementarlas, ojalá no se nos vaya ese avión. La justicia no puede estar en sorteo.