La competencia: llave del desarrollo sustentable
Por María Fernanda Ballesteros (@mfballe) | Animal Político
*En memoria del comisionado Gustavo Pérez Valdespín, con quien me hubiera gustado platicar más sobre esta visión.
El Foro Económico Mundial no elaboró su tradicional índice de competitividad global para 2020. La emergencia sanitaria y económica ha provocado que incluso estos ejercicios de evaluación casi canónicos se replanteen. En su lugar publicó un reporte en el que se describen las prioridades de los países de cara a la recuperación y la reactivación económica durante y post covid-19. El propósito, se lee en el documento, debería ser no sólo la reactivación del crecimiento de cada país, sino también la definición de un nuevo rumbo hacia el desarrollo sostenible y el logro de una mayor inclusión.
El Foro enlista 11 prioridades para la transformación; una de ellas es repensar la política de competencia para el futuro inmediato. Es decir, cómo asegurar acceso a mercados, tanto el local como el internacional, a mitad de la cuarta revolución industrial. ¿Qué implica esta nueva visión? El Foro, de entrada, apunta una realidad: los mercados son incapaces de contribuir por sí solos a la sostenibilidad y la inclusión. Por eso se requiere una visión más agresiva en la política de competencia.
Así, mientras en el mundo se discute en serio sobre el alcance y la agresividad que deben tener la política de competencia con respecto al funcionamiento de los mercados, y sobre la necesidad de fortalecer a las autoridades encargadas de promover y sancionar la falta de competencia, en México se plantea la idea de desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Va en contra de toda lógica. O no… El presidente López Obrador ha colocado a la desaparición de este órgano entre los objetivos de la austeridad, una política que curiosamente busca desaparecer a todos los órganos autónomos —instancias sobre las cuales el Ejecutivo no tiene control—, sin importar su razón de ser, su función o su desempeño.
Desde México Evalúa hemos argumentado en diferentes ocasiones las aportaciones de estos órganos. Además, el argumento de la austeridad no se sostiene; simplemente porque son mucho mayores los beneficios que los costos que esta entidad representa. Y aquí ya estamos hablando en específico de la Cofece, que ha reportado formalmente un beneficio económico derivado de sus acciones contra prácticas monopólicas absolutas y concentraciones, en 2018, de cerca de 5.9 mil millones de pesos (mmdp): 9.6 veces el presupuesto que le asignaron ese año. Veámoslo así: por cada peso asignado a la Comisión, se generó un beneficio a la sociedad mexicana de aproximadamente 12.7 pesos en 2017 y 9.6 pesos en 2018. En cuanto a las multas impuestas por Cofece, que incluyeron concentraciones ilícitas, prácticas monopólicas absolutas y relativas, los montos ascendieron a 3.6 mmdp en 2017, 858.6 mdp en 2018 y 307.9 mdp en 2019.
Además, desde su creación, bajo el liderazgo de Alejandra Palacios, la Cofece ha entendido la necesidad de rendir cuentas y de tratar los temas prioritarios para la población. Su planeación estratégica revela que se ha dado prioridad a mercados de sectores como energía, y salud por ser los que tienen mayor impacto en la vida de los mexicanos. Año con año han ido informando sobre las acciones tomadas en ellos. Creo que es muy importante que la Cofece persista en la idea de desarrollar una agenda inclusiva, que se pliegue a los intereses de todos los mexicanos. Debe redoblar esfuerzos para intervenir en los mercados, cambiando incluso la estructura de algunos de ellos, para asegurar mayor acceso.
Es el caso del sector eléctrico. La discusión en torno al futuro de este sector demuestra que el tema trasciende las encrucijadas particulares de Cofece, si acaso alguien desea interpretarlas como mera pugna política. Y es que la iniciativa del presidente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica no podría alejarse más de esta oportunidad de hacer de la competencia una llave del desarrollo sustentable. Es desconcertante porque resulta de una claridad meridiana la forma en que cambiar las reglas de despacho de energía elevaría los costos económicos y ambientales. En Europa hay debates (interesantes, que en su momento deberíamos tener aquí) sobre la importancia de que la autoridad de competencia cuantifique los costos ambientales ponderándolos como costos económicos: incluso energía más cara pero más limpia podría ser lo óptimo para elegir. Nosotros no estamos ante esa disyuntiva: la generación de energía por fuentes renovables es la más barata y también la menos contaminante. Resulta increíble que se desprecie esta oportunidad, a cambio de apoyar a un ente jurídico como la CFE.
Afortunadamente la Cofece ha hecho uso de sus facultades como organismo autónomo para controvertir sobre este tipo de cambio de reglas. Y deberá seguir por este camino, aun con más fuerza. Los avances en tecnología permiten una descentralización del servicio eléctrico, y con ello sobrevendrá una disrupción que al incumbente, la CFE, no le favorecerá. Pero sí lo hará a todos los mexicanos que no quieran depender de esta empresa para proveerse de energía. Son precisamente estos cambios en las estructuras de mercados los que permitirán un desarrollo más inclusivo.
En suma, para alcanzar un desarrollo sostenible en los términos de la agenda 2030 y una reactivación económica inclusiva post covid-19 debe haber una autoridad de competencia fuerte, cercana a la realidad y necesidades de la población, autónoma e independiente. Con estos atributos estará en disposición de intervenir en contra de fuerzas políticas y económicas cuando sus decisiones afecten el interés público, y de buscar como nunca antes formas de garantizar la inclusión de empresas y hogares en la economía digital.
Falta aún mucho camino por andar. Estoy consciente de que no hay muchos mexicanos ahora que sientan la pasión o el interés de defender la competencia económica. Pero la Cofece, en su corta vida, creo que ha ido por buen camino. Su presidenta ha ayudado a cultivar una visión más cercana a la realidad mexicana, y no únicamente al ‘mundo de la competencia’, compuesto por despachos jurídicos y consultoras en economía. Sin embargo, en México, en lugar de esforzarnos en apuntalar a este aliado en la agenda de desarrollo, estamos pensando en desaparecerlo.
Como ciudadanos tenemos que voltear hacia el lado de nuestra franca conveniencia. Necesitamos claridad de criterio. Quitarnos de dogmas, escuchar al otro y ponderar razones. Y a ustedes, legisladores, les pedimos que hagan su trabajo con responsabilidad, pensando que nosotros los votantes y no el presidente somos los que tenemos la última palabra sobre su próxima reelección. Tienen entre manos decisiones trascendentales en nuestra vida y en la de futuras generaciones. Por eso les exigimos que estén a la altura.
