Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales



Los poderes judiciales son los encargados de resolver los conflictos de particulares entre sí o con el Estado, proteger el marco de la legalidad y garantizar el acceso efectivo a los derechos humanos. Por desgracia, en México tradicionalmente han exhibido múltiples falencias en la provisión de sus servicios, lo que ha generado una percepción ciudadana de ineficiencia, opacidad y corrupción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2020, el 43.1% de las personas encuestadas declara confiar “poco” o “nada” en los jueces, mientras que el 70.1% considera que los mismos son corruptos. El año anterior, la desconfianza en los jueces era más alta (44.9%), pero menos ciudadanos los percibían como corruptos (68.4%).

En México y en otras partes del mundo se han establecido instancias de gobierno judicial es con el fin de hacer más eficiente el quehacer judicial, fortalecer su independencia e impulsar la rendición de cuentas de los poderes judiciales.

Estas instancias, generalmente denominadas consejos de la judicatura, son las encargadas de administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los poderes judiciales, para que éstos puedan realizar su tarea sustantiva, que es la impartición de justicia. A pesar del potencial que tienen los consejos para influir en la calidad de la labor jurisdiccional, han sido poco estudiados a nivel local. Este estudio, Independencia y buen gobierno de los poderes judiciales, estructurado en dos volúmenes, busca remediar esa carencia.

El volumen I, Análisis normativo del diseño y funciones de los consejos de la judicatura, busca analizar de manera comparativa el diseño normativo de los consejos de la judicatura en México, con el fin de identificar hasta qué punto éste les permite velar por los principios que deben caracterizar la justicia en una democracia.

El volumen II, La razón de ser de los consejos de la judicatura (cuatro casos de estudio), analiza la composición, conformación y funcionamiento de los consejos de la judicatura en cuatro poderes judiciales estatales –Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán–, con el fin de identificar sus buenas prácticas y áreas de oportunidad, así como ofrecer recomendaciones.