Por Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

México es un país con muy distintos grados de institucionalidad política o de gobierno. Tenemos instituciones súper fuertes, capaces de sostenerse a pesar de los embates. El Banco de México es una de esas instituciones en las que se acertó en el diseño y en los mecanismos para su operación. Hay analistas que consideran que debería ampliarse el alcance de su mandato; sumar al objetivo de control de la inflación el de la promoción del crecimiento económico. Para el mandato vigente –al que se debería constreñir, creo–, la institución lo hace muy bien.

El Inegi es otra en la lista de instituciones robustas. Es un pilar de nuestra modernidad, porque no hubiéramos podido alcanzarla sin información que permita conocernos mejor, como dice su eslogan. Información que permita una toma de decisiones informada. Estos dos ejemplos nos indican que en algunas dimensiones México está bien amueblado en materia institucional. En otras, desafortunadamente no.

La institucionalización política acota el poder. Un Banco Central con autonomía implica un límite absoluto a un manejo político de la economía. Una institución de estadística robusta y autónoma, por su parte, le pone un freno a la manipulación de cifras y a las historias que se pueden construir a partir de ellas. Por eso siempre es un enigma que los procesos de fortalecimiento institucional avancen, porque han de presentarse razones muy poderosas para que los políticos se animen voluntariamente a atarse las manos.

La enfermedad del político es suponer que el poder es para siempre.

En el continuo entre fortaleza y debilidad, se van colocando nuestras instituciones, sobre todo las que regulan el poder. Y en la dura prueba a la que las ha sometido la actual administración, algunas muestran más raigambre que otras. Ya veremos cuántas sobreviven al vendaval y en qué condiciones.

La enfermedad del político es suponer que el poder es para siempre. El no alcanzar a comprender que los instrumentos que utilizan arbitrariamente son los mismos con los que pueden ser acechados o sometidos luego de desocupar el cargo público o la curul. Y que está en su propio interés acotar los espacios para el abuso. Cuando existe incertidumbre en cuanto al acceso y permanencia en el poder, es cuando más crecen los incentivos a modelarlo. Y en una democracia el poder no es para siempre.

Hago esta reflexión porque en la administración pasada se presentaron oportunidades de oro para fortalecer instituciones y contrapesos donde son débiles. En estos momentos de turbulencia financiera y de emergencia presupuestal, mucho habría ayudado que los funcionarios y políticos de entonces hubieran tenido una visión que fuera más allá del periodo de su mandato.

El lector recordará que en la segunda mitad del periodo de gobierno de Peña Nieto llegó la sugerencia por parte de distintos organismos internacionales de instalar en el país un Consejo Fiscal. Existen distintos diseños para un órgano de esta naturaleza, pero el mandato de todos ellos es similar: establecer las condiciones para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. La idea no generó entusiasmo en las autoridades hacendarias de ese momento. Pero me pregunto si la discusión en materia de finanzas públicas en el contexto de la crisis de hoy no sería muy distinta si ese Consejo se hubiera instalado.

En México Evalúa hemos impulsado la idea de un Consejo Fiscal que se asiente en el Legislativo, con la finalidad de producir análisis técnico en un esquema que le de autonomía y lo aleje de presiones políticas. Una instancia que permita nivelar las asimetrías técnicas entre el Ejecutivo y el Legislativo y le permita a este último ser un actor de relevancia en el ciclo presupuestal, tal como está planteado en nuestra Constitución. Las autoridades hacendarias le dieron la espalda a esta idea, con ese dejo de soberbia que las caracterizaba.

Hoy sufrimos las consecuencias: en el vacío, los desplantes del presidente no tienen contrapeso.

Algo parecido sucedió con la Ley de Obra Pública. En la pasada administración el Ejecutivo presentó una propuesta de reforma en esta materia muy apropiada para sus intereses, pero muy contraria al interés de los mexicanos. En dicha iniciativa se planeaban un sinnúmero de excepciones a la propia ley, que permitían amplios espacios de discrecionalidad y de corrupción. Esa iniciativa no prosperó. Se trabajó mucho en un documento alternativo que privilegiara los mecanismos competitivos de contratación y regulara bien las excepciones, como la adjudicación directa y las invitaciones restringidas. Otro gallo nos cantaría si contáramos con ese marco legal en esta emergencia. Privaron los intereses de corto plazo antes que reglas que le dieran más institucionalidad al país en éste y otros temas.

Así que ¡aguas cuando busquemos a los responsables de lo que hoy ocurre! También habría que mirar al pasado para encontrarlos.