Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Financiero

El Poder Judicial ha sido objeto de una serie de señalamientos relacionados con su conformación, resultados y operación cotidiana. En las últimas semanas, los ministros, magistrados y jueces han estado en la mira del Presidente de la República quien los ataca con la argumentación de que obtienen ingresos exorbitantes y se resisten a las medidas de austeridad llevadas al ámbito legal mediante la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esas críticas encuentran eco en grupos muy específicos que se han manifestado incluso de manera violenta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), pero en algo resuenan en el resto de mexicanos. Para poder ser el contrapeso que necesitamos, para ser el garante de nuestros derechos y de la letra de la ley, el Poder Judicial también tiene que cambiar.

La percepción de la crisis de la justicia no comenzó con la diatriba de AMLO respecto a este poder. Más bien es reflejo de los altos niveles de impunidad, de corrupción y de violaciones al marco normativo presentes en nuestro país. El índice de Estado de Derecho en México, elaborado por el World Justice Project, señala que ninguna entidad de la República aprueba un estándar mínimo para considerarse Estado de Derecho. Yucatán, aunque reprobado con 0.44, tiene la mejor calificación mientras que Guerrero es el peor evaluado con solo 0.29 puntos en una escala del 0.00 al 1.00. Pese a que el Poder Judicial no es el único responsable del resultado de esa radiografía, es a éste a quien le pasan la factura ante la coyuntura de transición que vivimos, donde los otros dos poderes han sido renovados.

El nepotismo en el Poder Judicial se documentó en 2017. El Consejo de la Judicatura Federal realizó un estudio a solicitud del consejero Felipe Borrego Estrada, del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017, en 31 circuitos del país. En el estudio se pone en evidencia la cantidad de hijos, esposas, hermanos, cuñados y hasta suegras de jueces y magistrados que trabajan en el Poder Judicial. A este estudio le han seguido otros que documentan la debilidad de la carrera judicial en algunas entidades, la indebida injerencia de los Ejecutivos estatales y hasta la corrupción dentro de sus filas.

Las redes potencializan el descrédito del que es sujeto el Judicial, lo que se aprovecha por un lado para hacer catársis social y, por otro, para dar rienda suelta a intereses políticos que encuentran en las plataformas electrónicas la posibilidad de un gran despliegue propagandístico. Por ello, los argumentos de defensa no encuentran arraigo en consideraciones legales, ni en procesos jurisdiccionales.

En una de sus conferencias mañaneras el Presidente de la República criticó fuertemente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de darle el triunfo a la candidata de Por Puebla al Frente (QEPD), en la elección del gobierno de Puebla, luego se lanzó contra su conformación. Enfatizó la forma en la que el PAN, el PRI y el PRD se distribuyeron las designaciones de ese Tribunal. Después de una crítica devastadora a ese cuerpo colegiado señaló que respetaría su resolución y todas las resoluciones del Poder Judicial, pues nunca atentará contra el principio de la división de poderes. Sin embargo, sus declaraciones sí afectan la normalidad de la vida pública.

Su pecho no es bodega, repite el presidente cada que habla con franqueza de lo que piensa, y ciertamente el pecho de nadie puede usarse con ese fin. El problema es que, al ser el titular del Poder Ejecutivo, en un país con un alto arraigo presidencialista, sus palabras tienen consecuencias. En este caso minar la credibilidad del órgano jurisdiccional. Según la última medición del INEGI, 45% de los mexicanos confía poco o nada en los jueces.

Por eso, el Poder Judicial enfrenta un reto monumental. Levantar su reputación de tal manera que pueda esquivar lo ataques. Y asentarse como el contrapeso que debe ser frente a mayorías arrolladoras. El reciente relevo en la presidencia de la Corte y la manera en que se resolvió son indicativos que se entiende el tamaño del desafío.

Mi colega Laurence Pantin planteaba en una publicación reciente, que el Poder Judicial no emana de una elección popular y, sin embargo, sus decisiones afectan directamente a los ciudadanos. Por ello su legitimidad depende de la cercanía que desarrolle con los mismos mediante mecanismos de transparencia y también mediante acciones que le permitan a cualquier ciudadano reconocer su importancia. Son estos temas sobre los que se deberá trabajar, en una agenda de transformaciones que no se agotan con estos planteamientos.

Ya era tiempo de darle un codazo al Poder Judicial a fin de despertarlo y avisarle que las cosas han cambiado. Creo que el nuevo Ministro Presidente lo entiende a cabalidad.

Le deseo el mayor de los éxitos al Ministro Arturo Zaldívar. El país lo necesita.