Edna Jaime (@EdnaJaime)| El Financiero
López Obrador llega a su primer informe de gobierno, acto todavía cargado con buena parte de la fuerza simbólica del presidencialismo de toda la vida, con una colección nutrida de varias peleas reales y otros tantos rounds de sombra.
Por ejemplo, podría yo gastarme todo el espacio de ésta y varias columnas haciendo el recuento de las descalificaciones del presidente hacia distintos organismos que están para limitarlo, para pedirle cuentas, evaluarlo y fijar cuáles son sus ámbitos de competencia y cuáles son transgresiones a sus atribuciones legales. El presidente los desestima porque los considera poco útiles, onerosos, burocráticos acaso, y porque en su concepción del poder, cuando éste recae en las manos correctas, no necesita quien lo mire, lo vigile y lo controle. Él es el Estado.
Me temo que para un ‘público’ acostumbrado a décadas de relato presidencialista, los argumentos de López Obrador son sólidos. Y peor: me temo que no contamos con suficientes municiones para rebatirlos.
Con todo lo que los ciudadanos nos hemos esforzado en las últimas décadas para acotar el poder, hemos fallado. Un recuento breve de hechos lo prueba.
El país se encuentra abatido por una crisis de violencia que en algunos casos se ejerce por los propios elementos del Estado mexicano. Ahí no hay control del poder.
Tampoco hay control del poder cuando el Ejecutivo puede ejercer el presupuesto a través de mecanismos discrecionales, con una lógica política que no frenan las instituciones creadas para ello.
Fracasamos en controlar al poder cuando un gobernador se apropia de áreas naturales protegidas, cuando aplica agua en lugar de quimioterapias a niños enfermos de cáncer o cuando prosperan esquemas de triangulación de recursos y compras simuladas para desviar recursos, usando para ello convenios con universidades públicas.
Fallamos en controlar al poder cuando se usan los instrumentos de la justicia para perseguir a un enemigo político o inculpar a un rival en lo electoral.
Lo que narro como hechos sucedió en los sótanos de la administración pasada, mientras que a ras de tierra se celebraba una nueva generación de reformas en materia de rendición de cuentas. Entre ellas la Ley General de Transparencia y las asociadas a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Paradójico por donde se le quiera ver. En una de las administraciones más severamente juzgadas por el público a causa de los niveles de corrupción percibidos, también se impulsaron reformas de gran trascendencia para contener el abuso.
Ése es nuestro sino: la incapacidad de llevar hasta sus últimas consecuencias lo que plasmamos en leyes e implementamos en instituciones. Nunca es completo y nunca es suficiente. La pregunta es por qué.
Una posible respuesta: por la baja calidad y escasas capacidades de las instituciones del control de poder y rendición de cuentas con que contamos. Otra respuesta puede apuntar a la captura de esas mismas instituciones. La combinación de capacidades limitadas y estado captura puede hacerlas inoperantes, como algunas de ellas son.
La captura institucional, en términos simples, implica que la entidad que debe ser regulada por un órgano o institución específica toma control de dicho órgano y lo neutraliza. En otras palabras, un vigilante pierde potencia porque es controlado por el vigilado. Y si lo ponemos en términos de ejemplos concretos lo veríamos así: el contralor que es compadre del titular de la dependencia en la que trabaja. O el auditor superior que llega al puesto por maniobras del gobernador, quien controla la mayoría legislativa que vota por su designación. Ejemplos nos sobran. Soluciones nos faltan.
A la captura (o por la captura) se suma la debilidad en las capacidades en las instituciones en las que sobresale la carencia de personal profesional y capacitado. Nos hacen falta servidores públicos de carrera que permanezcan en sus puestos por méritos y no por pertenencia a un grupo político que toma el poder. Captura y rezago en capacidades configuran una debilidad estructural que les impide avanzar en su mandato. Un círculo vicioso que se reproduce y que es difícil de revertir.
Tiene razón el presidente cuando se pregunta para qué sirve tanta institución si no cumple con su mandato: controlar el poder y su abuso. En el transcurrir de estos primeros meses de gobierno, el presidente las señala, las debilita, pero no las transforma. Vaya infortunio. El presidente que podría tener el mandato para transformarlas profundamente se confunde al sugerir que el Estado es Él.