Tres años de retrocesos y falta de rendición de cuentas en la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR

  • La gestión del Fiscal General tiene un balance negativo, no ha impulsado la transformación estratégica de la FGR para hacer frente a la impunidad sistémica en el país.
  • El Senado debe solicitar la comparecencia pública del fiscal general y nombrar al Consejo Ciudadano de la FGR.
  • Es obligación del Senado velar por una fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

11 de febrero de 2022

A tres años de que el Senado eligió a Alejandro Gertz Manero como el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR) –en medio de un proceso severamente criticado–, la gestión del fiscal tiene un balance negativo, con retrocesos y mostrando renuencia a la pública rendición de cuentas.

Bajo su mando, la FGR ha aplicado una justicia penal de manera selectiva, lo que es evidente en casos como el del General Cienfuegos,​​ extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, o el caso de Alejandra Cuevas, su excuñada. Asimismo ha mostrado una clara cercanía al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, el fiscal incumplió su propia Ley Orgánica de 2018, al grado de promover su abrogación y la emisión de una nueva Ley de FGR en 2021 que, acorde con sus intereses, reduce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, elimina salvaguardas para la autonomía de la Fiscalía y la de los altos fiscales, derechos de las víctimas y obligaciones de la institución. Asimismo, a pesar del tiempo transcurrido, ante la omisión del Senado de la República, la Fiscalía aún carece de un Consejo Ciudadano (diseñado como un contrapeso al poder del fiscal), lo cual evidencia un total desdén hacia la ciudadanía y los mecanismos de control externos.

Ante los reiterados incumplimientos de la FGR, varias organizaciones de derechos humanos hemos promovido juicios de amparo, entre los cuales destacan los siguientes:

  • Amparos contra la falta de designación del Consejo Ciudadano.
  • Amparo por la omisión en la conformación de una Unidad Mixta de Investigación en la FGR, para casos de graves violaciones contra personas migrantes.
  • Amparo contra el diseño, revisión, discusión y aprobación del Plan de Persecución Penal de la FGR.
  • Amparos contra las designaciones de la Fiscal de Derechos Humanos y la Fiscal Anticorrupción, a nivel nacional, por no haber respetado el proceso señalado en la ley.
  • Amparos contra la Ley de la FGR de 2021, que abrogó la Ley Orgánica de la FGR de 2018.

El Fiscal Gertz Manero ha omitido impulsar la transición hacia una persecución penal moderna, racional y eficiente, y ha mostrado graves retrocesos, principalmente en relación con su autonomía e independencia. La autonomía ha sido empleada como excusa para blindar a la Fiscalía de la rendición de cuentas, la participación ciudadana y para negarse a colaborar con otras autoridades[1] como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalías locales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Alianza para el Gobierno Abierto.

Déficits:

  • No existe una definición clara de objetivos prioritarios, lo que ha llevado a que la mayoría de las acciones se hayan centrado en delitos de bagatela, mientras que otros delitos vinculados con graves violaciones de derechos humanos y corrupción permanecen en la impunidad. El nivel de impunidad federal se ubica en 95.1% en casos de tortura y desaparición prácticamente roza el 100%[2].
  • No existe evidencia que el Plan de Persecución Penal esté siendo implementado por la FGR, toda vez que sus resoluciones muestran un comportamiento inercial al de años previos. Lo que implica que la actual Fiscalía no cuente con un plan público que defina las prioridades. Esto deja un margen de discrecionalidad a la Fiscalía y permite un uso faccioso y político de la misma. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Camargo, Tamaulipas, ocurrida en enero 2021, la FGR se rehusaba a intervenir en el asunto, a pesar de que cobró la vida de 19 personas (16 guatemaltecas y tres mexicanas), por lo que fue necesario acudir a las instancias judiciales para que se iniciara una carpeta de investigación.
  • A la fecha no se tiene conocimiento público de la expedición del Estatuto Orgánico de la FGR, a pesar de que el Fiscal General contaba con 90 días para hacerlo a partir del 21 de mayo de 2021, cuando se publicó esa Ley en el Diario Oficial de la Federación[3]. Esto propicia la indefinición de competencias de las fiscalías y unidades de la Fiscalía, lo que eventualmente puede retrasar la investigación de los casos y la evasión en la asunción de responsabilidades, con todo lo que ello implica en la garantía del derecho de acceso a la justicia y combate a la impunidad.
  • Hay una falta de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal de la FGR. El hecho de que la mayoría del personal se encuentre bajo contratos temporales impide la consolidación de un servicio profesional de carrera y la autonomía de las y los fiscales, lo que implica mermar la profesionalización y estabilidad de la institución, así como una violación a los derechos de las y los servidores públicos. Del cierre de 2018 al cierre de 2020, el personal de la institución disminuyó en un 10% al pasar de 22,825 a 20,720, sin encontrarse relacionados los cambios con alguna reestructura que se haya dado a conocer públicamente. Estos ajustes incluyen también una reducción del 37% en el personal destinado al desarrollo de mecanismos alternativos para la solución de conflictos (MASCP)[4]. A lo anterior, se suman los cientos de despidos dados a conocer al final de 2021[5].
  • En 2020 se inició un menor número de investigaciones, al pasar de 112,635 (2018) a 78,463, lo que representa una reducción del 30%. El rezago institucional se ubicó en 52% (2020)[6].
  • Incrementó eluso de la prisión preventiva como medida cautelar en el ámbito federal al pasar de 71.1% en 2018 a 83.8% en 2019[7].
  • La FGR continúa procesando judicialmente, en su mayoría, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja. En 2020, 58.37% son delitos relacionados con portación de armas de fuego, 2.25% delitos fiscales, 1.97% delitos contra el patrimonio y 1.25% delitos relacionados con robo de hidrocarburos. 24.6% los reportan en una categoría como no determinados[8].
  • Tortura: De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2020, la FGR consignó 5 averiguaciones previas y judicializó sólo 1 carpeta de investigación por tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite[9].
  • Desaparición: De acuerdo a la ASF, en cuanto a la conclusión de expedientes vinculados a la posible comisión de actos de desaparición, 868 carpetas de investigación estuvieron en trámite, pero en ningún caso se acreditó la comisión de los delitos investigados, ni se buscó el ejercicio de la acción penal mediante su persecución ante los tribunales”[10].
  • De 2014 a 2019 la impunidad administrativa en la FGR fue de 100%, ya que “reportó no haber impuesto una sola sanción a los servidores públicos adscritos durante el periodo analizado”. En este periodo, todas las entradas que iniciaron revisión por falta administrativa fueron quejas (268), de las cuales en 176 se iniciaron expedientes para imponer falta administrativa. La principal causa para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en las fiscalías fue la prestación deficiente del servicio público[11].

En suma, el fiscal general de la República no ha impulsado una transformación estratégica de la institución para hacer frente a la impunidad sistémica en el país, incumpliendo sus obligaciones.

El pasado 6 de diciembre de 2021, el fiscal Gertz Manero, compareció a puerta cerrada ante la Cámara de Diputados. Desde el Colectivo contra la Impunidemia hemos solicitado formalmente su comparecencia pública ante el Congreso de la Unión, para que rinda cuentas de sus acciones y del impacto que han implicado para el sistema de procuración de justicia en México. A la fecha no hemos tenido respuesta positiva de las personas diputadas y senadoras que deberían velar por una Fiscalía eficaz que garantice el acceso a la justicia a todas las personas, sin distinción ni privilegios.

Finalmente, solicitamos lo siguiente:

  1. Que el fiscal general de la República rinda un informe público de los resultados de su gestión en estos tres años.
  1. Que el Senado solicite la comparecencia pública del Fiscal General y que agote el procedimiento para la selección y nombramiento del Consejo Ciudadano de la FGR.
  1. Que el Senado vele por una Fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Colectivo contra la Impunidemia

Seguridad Sin Guerra

ORGANIZACIONES:

  • Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  • Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM)
  • Impunidad Cero
  • Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  • Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)
  • México Unido contra la Delincuencia
  • Instituto de Justicia Procesal Penal
  • Borde Político
  • Borde Jurídico
  • Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila
  • Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua
  • Nuevo Periodismo Judicial
  • Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
  • Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Guerrero
  • México Evalúa
  • Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
  • Justicia Transicional en México
  • Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) 
  • Observatorio Sonora por la Seguridad
  • IGAVIM Observatorio Ciudadano
  • Observatorio Ciudadano de Morelos
  • Observatorio Regional Zamora
  • Observatorio Ciudadano Tabasco
  • Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo
  • Observatorio de Designaciones Públicas
  • Organización Nacional Anticorrupción
  • Mexiro, A.C.
  • Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. A.C.
  • Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

COLECTIVOS DE FAMILIAS:

  • Sabuesos Guerreras A.C.
  • Sabuesos Guerreras Ext Oaxaca
  • Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL)
  • Madres Unidas x nuestros hijos desaparecidos San Fernando, Tamaulipas
  • Buscando Desaparecidos México BUSCAME
  • Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC -FUNDEM)
  • Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Guanajuato

INDIVIDUALES:

  • Daniel Vázquez
  • Denisse Dresser
  • Maite Azuela
  • Iván Gidi Blanchet
  • Yolanda Morán Isáis
  • Lucía Chávez
  • José Antonio Guevara Bermúdez
  • Jorge Javier Romero Vadillo
  • Juan Martín Pérez García
  • Carlos Garza Falla
  • Luna Mancini
  • Marcela Villalobos
  • Catalina Pérez Correa
  • Simón Hernández León

Contactos de comunicación

Gabriela Gutiérrez,

Fundación para la Justicia

comunicacion@fundacionjusticia.org

Tel. 55 1068 6799


Cynthia Castañeda

México Evalúa

cynthia.castaneda@mexicoevalua.org

Tel. 55 2302 9582


[1] Colectivo contra la Impunidemia, Balance ciudadano del segundo año de gestión del Fiscal General de la República, Deudas pendientes con la justicia, 2021.

[2] México Evalúa, De procuradurías a fiscalías. Observatorio de la transición 2020. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/04/observatorio-2020-final.pdf

[3] Ley de la Fiscalía General de la República, artículo transitorio cuarto, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFGR_200521.pdf.  

[4] México Evalúa 2022, Análisis construido a partir de la información publicada en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021, publicado por el Inegi en diciembre de 2021.

[5] Ver, por ejemplo, https://www.animalpolitico.com/2021/12/amparos-ante-ola-despidos-en-fgr-baja-voluntaria/

[6] México Evalúa 2022, Análisis construido a partir de la información publicada en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021, publicado por el Inegi en diciembre de 2021 .

[7] México Evalúa, De procuradurías a fiscalías. Observatorio de la transición 2020. Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/04/observatorio-2020-final.pdf

[8] México Evalúa 2022, Análisis construido a partir de la información publicada en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021, publicado por el Inegi en diciembre de 2021.

[9] Auditoría Superior de la Federación, Auditoría de Desempeño: 2020-0-35100-07-0107-2021, pág. 37-38, https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0107_a.pdf.  

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[11] Impunidad Cero e Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, Tecnológico de Monterrey. La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad. Disponible en: https://www.impunidadadministrativa.com/