Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

 “Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asociación y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución”, aseguró Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio de 2018, luego de la jornada electoral en la que resultó ganador.

Sin embargo, hasta ahora el presidente no ha estado a la altura de su promesa. Con frecuencia deslegitima a la prensa, lo que socava la libertad de expresión. Una y otra vez ha utilizado expresiones despectivas como “el hampa del periodismo” o “prensa fifí” para desprestigiar la labor de periodistas que lo cuestionan, que lo increpan desde distintas arenas. Así, su papel en la sociedad –informar y ser contrapeso del poder– queda debilitado.

Lo anterior preocupa, además, porque incrementa la vulnerabilidad en la que ya de por sí viven muchos de los periodistas en México. A causa de la presión que ejercen los grupos del crimen organizado, México corre el riesgo de convertirse en una zona de silencio. De hecho hay regiones del país que ya lo son. Con la amenaza de plata o plomo se ha silenciado a los comunicadores, a los portavoces de las realidades de este país.

Pongo el ejemplo de la masacre de Allende, Coahuila. Uno de los episodios más brutales en estos años de tremenda violencia en el país. Este suceso, perpetrado por los Zetas, en el que desaparecieron entre 60 y 300 personas, permaneció escondido por años. El periodista Javier Garza Ramos hizo una reflexión sobre el caso: “¿En qué momento pasó esto que no nos dimos cuenta?, ¿hubieras publicado lo de Allende si te hubieras enterado cuando pasó?’, me preguntó un colega cuando salió a la luz el tema.

“Ahora parece increíble que todo un colectivo periodístico, no sólo local sino también nacional, no se hubiera enterado de lo ocurrido. Obviamente los periodistas del norte de Coahuila sabían, pero nadie se atrevió a publicar. En los meses siguientes se publicaron notas de la violencia en la zona, pero sin mencionar el caso específico.

“Pasaron más de dos años para que los detalles de ese fin de semana fatídico comenzaran a salir a la luz. Más de un lustro después, una investigación del Colegio de México, encabezada por el académico Sergio Aguayo, arroja luz y claridad sobre la llamada tragedia de Allende”, nos recordó Garza.

El informe 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce que, aunque la crisis de violencia está extendida y generalizada, con frecuencia quienes están en la mira son los indispensables para dar a conocer el contexto de inseguridad, corrupción y crimen: los periodistas. Subraya que los asesinatos y desapariciones, ataques físicos y psicológicos –que forman parte de testimonios recogidos por los relatores especiales– dañan no sólo a las personas que trabajan para medios de comunicación, “sino también al derecho del público a saber”.

Quien quiera conocer a detalle la profundidad del drama, puede leer el estudio que publicó la Comisión, llamado Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión.

En efecto, el peso de crimen organizado como factor de riesgo es central, pero también hay que señalar, repito, la violencia institucional contra los comunicadores. La amenaza se perpetra desde esos dos frentes.

Más allá de la retórica agresiva, ¿de qué otra forma ha respondido el Estado mexicano a esta realidad? Con el retroceso. Me refiero no sólo al débil mecanismo instituido para la protección de periodistas, que no ha servido del todo para brindarle protección a los que están en riesgo, ni tampoco para atender las causas de esa violencia. También señalo a las insinuaciones –por lo pronto son sólo eso, porque están plasmadas en un borrador filtrado de un Código Penal Único– de reinstalar los delitos que se han denominado ‘contra el honor’ –difamación, calumnias, injurias–.

Esos delitos se habían derogado del Código Penal Federal en 2007 y en 25 entidades federativas. Actualmente sólo siete entidades los mantienen vigentes: Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Yucatán. Han sido objeto de múltiples recomendaciones, informes y resoluciones por parte de organismos internacionales, con la finalidad de que sean derogados en su totalidad, puesto que la pena de prisión nunca resulta adecuada ni proporcional.

En dicho borrador, ciertamente, no se hace referencia a los delitos contra el honor, pero implícitamente se encuentran contenidos bajo el capítulo de “Delitos contra la Justicia Cívica”, cuyo contenido es ambiguo. Asimismo, dicho documento contiene otro apartado de tipos penales poco claros (artículos 836-850), que parten de conceptos borrosos, como el de ‘orden y paz pública’.

¿Cuál es el propósito? ¿Silenciarnos?

El presidente debería ser mesurado y responsable cuando se dirige a la prensa. Sus dichos lastiman la labor periodística y promueven la autocensura y el silencio. A la amenaza de plata o plomo de los criminales no puede sumarse la amenaza institucional.

El silencio no es opción.