Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

En mi colaboración de la semana pasada planteaba mi preocupación por el desempeño de la Fiscalía General de la República. Reconocía que mover una máquina tan llena de vicios como es la Procuraduría que recibió Gertz Manero en enero de 2019 era complicado, y quizá por ello los resultados de los primeros meses de operación de la nueva Fiscalía eran malos. Después de conocer borradores de las propuestas legislativas con las que el fiscal pretende moldear no sólo a la FGR, sino al conjunto del sistema penal, me queda una impresión: el fiscal no es un reformador. Es un restaurador.

Claro, es una impresión forjada por documentos cuyo origen y veracidad desconozco. Pudo tratarse de una filtración meditada para generar un efecto, o simplemente de una ‘salida’ no autorizada de documentos en proceso de elaboración, y que nos pueden estar dejando una impresión equivocada de la visión del fiscal.

Lo que aconteció en la mañana del miércoles en el Senado, cuando se presentaría un paquete de iniciativas de reforma en materia de justicia y que acabó siendo humo, da para especular. Con esa licencia, la de especular, quiero imaginar que hubo personas dentro del equipo del presidente dispuestos a poner el cuerpo antes de ser comparsas de cambios legales que desfigurarían nuestro modelo de justicia penal. Algunos elementos de esas iniciativas implican una restauración franca del modelo de justicia anterior, con elementos que lo endurecen todavía más. Un sistema de justicia para un régimen autoritario.

Menciono cuatro aspectos que ilustran lo anterior. Uno: el arraigo para todos los delitos. En la legislación vigente, el arraigo está considerado para temas de delincuencia organizada. Aun así, restringido, es una anomalía en un sistema estructurado para proteger derechos, y por eso en México Evalúa apoyamos la idea de eliminarlo del todo. En los documentos filtrados se plantea que el arraigo pueda aplicarse para cualquier delito. Para usted y para mí, si se nos imputara uno. Cuarenta días privados de la libertad, mientras las autoridades recaban pruebas. Y pongo un dato para probar la inefectividad de esta medida excepcional: de los 4 mil arraigos ejecutados durante la administración del presidente Calderón, únicamente en 120 casos (3%) se ejerció acción penal.

Dos: las pruebas. Hoy, las pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos fundamentales son nulas. Con la propuesta, no sólo es posible obtener pruebas consideradas ilícitas, sino que éstas pueden ser tomadas en consideración dentro del juicio. Esto es un permiso para la tortura.

Tres: el control en la detención. Está probado, por encuestas a personas privadas de la libertad, que el momento en el que fueron más vulnerables fue en la detención. Entre ésta y la puesta a disposición ante una autoridad, algunas de ellas recibieron tratos crueles, fueron torturadas o extorsionadas. Por eso es tan importante que exista control judicial en este tramo del ejercicio de la autoridad. Las supuestas reformas plantean desaparecer ese contrapeso.

Cuatro: el debido proceso. Todo el proceso penal se lastima con la desaparición del juez de control. Su papel es garantizar derechos. Es una figura con una función preciosa en un sistema cuidadoso tanto con derechos de víctimas como con los de imputados. Sin esta figura se lastima el debido proceso, pues el juez de juicio oral conocerá del caso antes de que le toque juzgarlo, lo que puede inducir parcialidad. Todo se distorsiona.

Hay muchos más elementos inquietantes, pero lo escrito basta para concluir que lo planteado en esos documentos es una aberración, es anticonstitucional y, quizá, una mala broma de alguien que quiere poner al fiscal en un mal lugar.

Por meses, distintas organizaciones y expertos discutimos sobre el perfil idóneo de quién sería el primer titular de la Fiscalía autónoma. Imaginamos a alguien con ímpetu reformador, con la energía que da la convicción de trabajar por transformar la justicia y al país. Menos que eso era inaceptable, y tras el término “fiscal carnal” se encontraba un reclamo al entonces presidente Peña por no cuidar la designación del procurador que podría convertirse en fiscal. En ese entonces nadie o pocos imaginábamos que a ese lugar llegaría alguien con intenciones de reconstruir las prácticas del pasado, porque las nuevas le son retadoras. No puede con ellas.

Las propuestas de las iniciativas de ley, si es que lo son, subsidian la ineficacia de nuestro aparato de persecución criminal. Lo hacen de la peor manera posible: tomando prestados nuestros derechos. Y cuando éstos se debilitan, todo es posible. Como meter inocentes a la cárcel o castigar a quienes estorban al poder.

En unos días sabremos si el fiscal es un reformador, o si busca restaurar.