Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma

“La realidad del mito –afirmó Monsiváis– es la irrealidad del país”. Los sesenta mexicanos bien califican como mitológicos en la política nacional, y más en la actual coyuntura. Los sesenta fueron años de grandes logros, pero también la semilla de la disputa que, desde entonces, consume al país. En su lado mitológico, los sesenta son venerados –por tirios y troyanos– como la era de oro del crecimiento y la estabilidad; en su lado retrospectivo, esa década se caracterizó por el conflicto, así fuese soterrado, que desde entonces consume a la política nacional.

En los sesenta, el país vivió un momento idílico que nadie hubiera querido terminar, excepto que fue sepultado por la realidad. La década se caracterizó por dos grandes circunstancias: por un lado, tasas de crecimiento elevadísimas (cercanas al 7% anual), con baja inflación, todo lo cual contribuyó al afianzamiento de una clase media urbana y una acelerada movilidad social. No por casualidad, el periodo se denominó “El Milagro mexicano.”

Sin embargo, el otro lado de la moneda no fue menos relevante: dos acontecimientos de la década evidenciaron los límites del modelo del desarrollo estabilizador que, desde los cuarenta, le había dado al país resultados tan favorables. El primero anunciaba riesgos económicos: en 1965 fue el último año en que México exportó maíz. Este podría no parecer un problema grave hasta que uno se pone a ver que todo el funcionamiento del modelo económico dependía de la exportación de granos y minerales para financiar las importaciones de maquinaria y equipo que requería la substitución de importaciones. El hecho de que ya no hubiera excedentes de maíz para exportar indicaba que el modelo había comenzado a acercarse a su fecha de caducidad. La razón de esto es simple: por su orografía, México nunca será un gran productor de granos. El modelo económico requería un ajuste que, de haberse emprendido entonces, habría acelerado el desarrollo sin cortapisas: el país ha demostrado una infinita capacidad para exportar bienes industriales, agropecuarios y servicios. Esa debió ser la respuesta, pero tomaría dos décadas hasta que le llegara su tiempo político.

El otro acontecimiento fue el movimiento estudiantil de 1968, que mostraba los límites políticos del modelo económico. Aunque la economía había arrojado extraordinarios resultados, muchos de los beneficiarios de la movilidad social se sentían insatisfechos con una estructura política autoritaria que les impedía expresarse y participar en la vida pública. Además, la forma en que fue terminado el movimiento creó un nuevo símbolo, con enormes consecuencias para las siguientes décadas.

Las dos circunstancias –el maíz y el movimiento estudiantil– se convirtieron en el casus belli de la política mexicana. El lado económico del gobierno promovió medidas de liberalización como medio para iniciar una gradual transformación económica, en tanto que el lado político abogó por el uso del gasto público como medio para recuperar las altas tasas de crecimiento del pasado reciente. Los políticos ganaron el pleito en la elección de 1970 pero, para 1982, habían quebrado al gobierno, dejando una enorme deuda externa, una profunda recesión y una sociedad extraordinariamente dividida. A partir de ese momento, el lado económico del gobierno recuperó el control y comenzó a restaurar una semblanza de orden, confiando en poder lograr tasas elevadas de crecimiento por ese medio. Unos cuantos años después resultó evidente que era imposible reconstruir los sesenta y que la única salida era una reforma mucho más profunda del gobierno y de la economía.

Cuatro décadas después, el pleito continúa. Las reformas permitieron restaurar la estabilidad económica, crearon una base para el crecimiento acelerado de las exportaciones y generaron empleos muy productivos y bien pagados. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió es que el país se dividió en dos mitades: la mitad que hizo suyas las reformas y la que se quedó anclada en el modelo económico anterior. La primera sostiene a la segunda, pero la dinámica política acabó arrojando como resultado político la elección de 2018.

Lo relevante es que la sociedad mexicana, a través de su voto, reprobó el resultado de las reformas emprendidas a partir de los ochenta, pero no necesariamente a las reformas mismas. Dudo mucho que quienes votaron por cambiar el rumbo quisieran deshacerse de los empleos que generan las exportaciones o de la industria moderna del país. Lo que reprobaron, con contundencia, fue la forma tan sesgada, berrinchuda e ineficaz con que se han conducido lo asuntos públicos, la corrupción de que, en muchos casos, vino acompañado el proceso y, sobre todo, los enormes contrastes que viven las distintas regiones del país.

¿Quién puede oponerse a la presencia de inversiones ultramodernas que producen bienes excepcionales, buenos empleos y un gran caudal de derrama económica? El problema es que no es posible cambiar el rumbo general sin perder esas oportunidades. La tesitura en que el gobierno ha puesto al país crea una disyuntiva inaceptable de todo o nada. El país necesita que se eliminen los sesgos que generan tan vastas desigualdades, no la destrucción de todo lo existente. Pero por ahí vamos.