Edna Jaime (@EdnaJaime)| El Financiero

Escribía en marzo de este año, en este mismo espacio, que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, aprobado por la Cámara de Diputados, consideraba la asignación de 350 mil millones de pesos a programas de subsidios y transferencias clasificados sin reglas de operación. Me parecía importante resaltar que este monto superaba lo ejercido por el gobierno de Peña Nieto en programas con esa característica y que esto mermaba la calidad de dichos programas, su transparencia y posibilidad de cumplir efectivamente con sus objetivos

No tardaron en llegar los comentarios a mi opinión. Los más recurrentes recriminaban mi impaciencia y hasta mala fe. Si cuando el Presupuesto 2019 fue aprobado el Gobierno tenía apenas unas semanas de haber iniciado, no podíamos pedir que las reglas de operación estuvieran cabalmente elaboradas. Por eso esos recursos, nada menores, se ejercerían a partir de lineamientos que establecen algunas pautas para el desarrollo de los programas, pero que de ninguna manera sustituyen todos los aspectos que atienden las reglas de operación.

Pues bien, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no sólo no se corrige el problema, sino que lo acentúa. Por dos razones: propone un monto mayor de transferencias y subsidios sin reglas de operación (ROP) –420 mil millones de pesos, para ser precisos–, y se eliminó del decreto el texto que le daba la atribución a la Cámara de Diputados de dar una opinión sobre las ROP de los programas sujetos a tenerlas.

No sé cuál sería ahora la respuesta, meses después, de quienes pedían tiempo. En el Año 2 del Gobierno, la gran mayoría de los programas prioritarios del presidente se ejecutarán sin reglas de operación. El más perjudicado es el propio presidente, que conduce el carro de su administración con los ojos vendados; sin las certezas que los recursos destinados a sus programas estén generando los beneficios que quiere para los mexicanos. A menos que esos recursos tengan un fin distinto al bienestar…

El predicamento para los diputados no es menor ni distinto, por una razón sencilla: si aprueban la propuesta del Ejecutivo en sus términos, estarían menospreciando lo que establece el artículo 134 de nuestra Constitución, que mandata al Gobierno a ejercer de forma transparente, eficaz, eficiente, económica y honrada los recursos de los mexicanos –y no es posible hacerlo, lo subrayo, sin buenas reglas de operación en los programas susceptibles a tenerlas–.

Los legisladores tienen dos opciones. Alzar la voz y ejercer sus atribuciones en materia presupuestal, o hacerse de la vista gorda y aprobar por segundo año consecutivo un presupuesto en el que el 64% de los recursos que se asignaran a programas de transferencias y subsidios no cuentan con lo básico para ser exitosos.

Preocupados por este tema, diversas organizaciones presentamos una carta abierta dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. En ella exhortamos al legislador a hacer uso de las facultades que le confiere la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que incluya en el decreto de Egresos la exigencia de que los programas cuenten con reglas de operación. Que así como legislan para imponer mayor rigor a los contribuyentes, lo hagan para garantizar el buen uso de los recursos y el mayor retorno para los mexicanos. Ésta es una buena oportunidad para que los legisladores nos muestren que el ánimo de transformación también toca a sus puertas.

Exponemos en esa carta la necesidad de cumplir con los mejores estándares en el diseño y ejecución de los programas de subsidios. Porque sin ellos es imposible asegurar que los recursos lleguen a quienes están destinados; porque no es posible saber sobre sus efectos y porque sin ellos es imposible contar con la información necesaria para que las propias autoridades conozcan los resultados de sus inversiones sociales.

En vista de esto me pregunto para qué tanta austeridad, para qué tanto costo asociado a la reasignación de recursos que implicó liberar presupuesto para financiar estas prioridades. La ausencia de reglas de operación puede ser un indicativo de su baja calidad.

Era bochornosa la forma en que se aprobaba el presupuesto en otros momentos. Los legisladores retocaban cosas menores porque en algunos casos su voluntad estaba influida por otras consideraciones. Beneficios personales en forma de moches, por ejemplo. Esos tiempos se acabaron, nos dicen.

Pero todavía nos falta ver si los legisladores asumen su papel a cabalidad. La lealtad al presidente sin duda es motor. Pero su lealtad con el elector/contribuyente ahora cuenta también. ¿Cuál habrá de pesar más?