Edna Jaime (@EdnaJaime)| El Financiero

Cerró oficialmente el penal de Topo Chico, una de las penitenciarías más antiguas e ingobernables del país, donde las fugas, asesinatos, extorsiones y el autogobierno del crimen organizado crearon una “bomba” que explotó de manera cíclica en distintos momentos de su historia.

Las puertas de lo que fue el penal han sido abiertas y los testimonios periodísticos sobre lo encontrado nos pueden dejar atónitos por los hallazgos: pasadizos entre el área femenil y masculina; una bodega con armas; un bar VIP; un jacuzzi; decenas de restaurantes controlados por el grupo dominante del crimen organizado en turno e internos que permanecían encadenados en áreas sociales, porque si los ingresaban a los ambulatorios seguramente serían asesinados.

Todavía hay más: el pasadizo denominado “Uber” en las regaderas del baño de lo que fue el ala de mujeres, que era utilizado para trasladar a las internas y prostituirlas o abusar de ellas. Cuando las autoridades se dieron cuenta, clausuraron el pasadizo, un muro falso hecho con tablaroca.

Me parece increíble pensar que las autoridades del estado y el Gobierno federal no estuvieran al tanto. Y la intervención tardó mucho en llegar. Como tardó en el caso más extremo conocido hasta ahora: el penal de Piedras Negras, que fungió como centro de operación de los Zetas.

Este penal cumplía varias funciones para el grupo criminal: era un refugio seguro para los jefes Zeta que se escondían de los operativos federales; era una fuente de ingresos gracias a la venta de drogas, al cobro de cuotas por el uso de las celdas y los cuartos utilizados para la visita conyugal. En sus talleres instalaban los compartimentos secretos en los automóviles para transportar droga a Estados Unidos.

Piedras Negras también servía para reclutar sicarios; como lugar para retener a secuestrados y para torturar, ejecutar y desaparecer cadáveres. Aun así recibía una partida de recursos presupuestales del estado… para su operación.

Estas atrocidades las conocimos por un espléndido trabajo de Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, publicado por El Colegio de México bajo el título de El Yugo Zeta. El material contiene las declaraciones ministeriales de 17 zetas, 58 internos, 26 custodios y 18 empleados del penal. En total, 148 declaraciones.

Dentro del penal, el jefe de cárcel (como lo nombra el estudio) era el encargado de las operaciones. Éste tomó el control del Cereso de diciembre de 2009 a enero de 2012.

“El Jefe de Cárcel fue modesto cuando describió sus funciones: ‘yo me encargaba de manejar la plaza adentro del penal para que todo estuviera tranquilo y que funcionara bien’”. Es el testimonio del jefe de cárcel del que no se da su nombre. Pero también tenía hábitos siniestros: solía seleccionar a esposas, hermanas o familiares de internos para tener relaciones sexuales. También disparaba a los guardias de las torres de vigilancia por diversión o golpeaba a los internos que eran homosexuales.

Todo esto sucedía con la connivencia de la autoridad.

Seguramente conoceremos más historias así, cuando una nueva crisis explote y nos interesemos por unas horas por los relatos. Más por morbo que por encontrar soluciones. Porque éstas no han llegado.

En las pasadas administraciones se levantaron penales federales en formatos de construcción y operación con participación de inversión privada. Buena parte de la información está clasificada como confidencial, por lo que no sabemos si los términos fueron ventajosos o abusivos, si se prestaron a corrupción, si la ubicación de los mismos respondieron a necesidades o intereses. Lo que sí sabemos es que hay obligaciones irrenunciables por parte del Estado. La protección de los derechos humanos de los internos es una de ellas. Y en estos penales sobra infraestructura y tecnología costosa, pero falta lo básico: custodios suficientes, servicios de salud, actividades de recreación.

Nos guste o no, el Estado está obligado a dar garantía a los derechos de los internos. Porque el Estado civiliza, no perpetra una venganza.

En todo caso, la desproporción es el pecado. El 85% de los internos están en cárceles estatales. Y los recursos se pusieron en las federales, que albergan la porción minoritaria. Aquí hay una mala decisión de inversión y de política pública, por no decir un negocio del que se beneficiaron algunos.

Porque además es en los penales estatales donde los grupos criminales ejercen el control. La CNDH, en su diagnóstico penitenciario de 2018, encontró condiciones de autogobierno o cogobierno en 45% de ellos.

El autogobierno en los penales es un buen predictor de los chances que tiene el Gobierno mexicano de controlar el crimen en las calles. Si no puede ejercer ahí, menos afuera.

En vista de lo anterior, qué chiquita se ve la propuesta de Ley de Amnistía y qué equivocada la respuesta punitiva y arbitraria que implica la prisión preventiva oficiosa para más delitos.

Todo parece indicar que seguiremos “administrando” la ingobernabilidad.