María Novoa (@marianovoacv| El Sol de México

Este año inició con dos muestras tangibles de involución en el sistema penal: la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la creación de la Guardia Nacional, hechos que provocaron llamados de alerta desde la sociedad civil, los cuales no fueron tomados en cuenta. Sin embargo, esas medidas sólo constituyeron el punto de partida de un amplio esfuerzo por reinstalar el sistema inquisitivo y normalizar el régimen de excepción que prevalece desde hace una década.

Tras el análisis de las iniciativas presentadas por el senador Monreal para reconfigurar el Poder Judicial; las anunciadas por el secretario Durazo para ampliar las facultades investigativas de la Guardia Nacional y, finalmente, las anunciadas por el fiscal Gertz para ampliar la prisión preventiva oficiosa, formular un Código Penal Único y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, no queda más que concluir que la fórmula del inminente paquete legislativo consiste en la mezcla de uso de fuerza militar, reducción de controles judiciales e incremento de la pena sin juicio.

Estas medidas implicarán una clara y acelerada regresión. Tras 11 años de iniciado el proceso de transformación hacia el modelo acusatorio, es verdad que todavía no logramos que opere adecuadamente, pero eso no invalida sus beneficios. ¿No es momento entonces de unir fuerzas y defender por lo que tanto se ha trabajado? ¿De darle una tregua al sistema de justicia? Me refiero no sólo a la defensa de instituciones, sino también –y sobre todo– a la defensa de los derechos y la garantía de las libertades.

Basta observar algunos datos que se desprenden del informe Hallazgos 2018, presentado por México Evalúa, para comprender que es momento de trabajar hacia delante, no hacia atrás. Primero, la comprobación del avasallante nivel de impunidad nacional, que asciende a 96.1% –sólo considerando los delitos conocidos por la autoridad–. Esta impunidad no deriva de disposiciones normativas, sino de deficientes capacidades institucionales. Otro elemento que destaca el informe es la llamada ruta de la arbitrariedad: la descripción de un proceso de toma de decisión caracterizado por criterios opacos, subjetivos y con mayores riesgo de corrupción.

Tanto la impunidad como la arbitrariedad se hacen evidentes en el proceso penal de muchas maneras. Por ejemplo, sólo una de cada cinco detenciones involucran la puesta a disposición al Ministerio Público, e igualmente una de cada cinco es calificada como ilegal. En las decisiones ministeriales se observa un alto uso de figuras que no brindan respuestas efectivas a quien denuncia, como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal. En uno de cada tres casos se dicta como medida cautelar la prisión preventiva, y de los casos que son vinculados a proceso, uno de cada cinco concluyen por suspensión condicional. Esta evidencia debería provocar un esfuerzo real por fortalecer las capacidades institucionales y los controles en la operación, aspectos que no se observan en el paquete legislativo actual.

Si no nos comprometemos en este momento –autoridades y sociedad civil– a seguir un camino de construcción de condiciones de seguridad, justicia y paz, lo que observaremos es el debilitamiento del Estado de derecho, auspiciado e incluso cometido por las propias autoridades. Vale la pena recordar un debate que considerábamos superado: la justicia no debe implicar el sacrificio de derechos y libertades. Por el contrario, aspirar a ella es tanto un medio como un objetivo. La contrarreforma está aquí y nos impulsa a defender lo que a la fecha hemos alcanzado.